El Gobierno de Aragón PSOE-CHA abandona las sobredimensionadas previsiones de sus antecesores, PSOE-PAR y PP-PAR, en materia de depuración de agua residuales: recortará depuradoras y evitará su construcción en núcleos deshabitados del Pirineo como preveía el plan inicial, redimensionará otras para intentar adecuarlas a las necesidades de sus zonas y se abre, por fin, a ejecutar instalaciones ecológicas como los filtros verdes donde sea posible y con el acuerdo previo del ayuntamiento.
“El Plan de Depuración se paralizó para redimensionarlo y adecuarlo a las necesidades reales”, señala un portavoz del Departamento de Desarrollo Rural y Sostenibilidad que dirige Joaquín Olona.
El anterior ha tenido efectos nocivos en varios frentes. En zonas como el Matarraña, entre otras, la falta de depuración agrava los problemas de contaminación que genera la intensa producción de ganado porcino. Decenas de ayuntamientos se enfrentan a multas del Ministerio de Medio Ambiente por no depurar sus aguas residuales, una década después de que la comunidad autónoma asumiera la iniciativa.
Y el Impuesto de Calidad de las Aguas (ICA), creado por el actual Ejecutivo para tratar de paliar el notorio descuadre financiero generado por el plan, ha provocado un conflicto con el Ayuntamiento de Zaragoza que se encuentra en manos de los juzgados y del Tribunal Constitucional.
“Probar nuevas tecnologías”
La apuesta por las tecnologías verdes tiene, además de los ambientales, motivos económicos. La intención de la consejería es abandonar el costoso sistema de concesiones por obra que utilizaron los anteriores gobiernos y pasar a la “ejecución directa”. Es decir, a financiar las obras directamente con fondos de la comunidad, “por lo que será necesario programarla, en función de las prioridades que se fijen en planificación”, según admite Olona en una respuesta parlamentaria a la diputada del PAR Lucía Guillén.
Esos nuevos planteamientos incluyen “probar nuevas tecnologías -siempre contando con el parecer de los Ayuntamientos- como la depuración mediante filtros verdes sobre lecho de gravas como actuaciones piloto”, señala Olona, para “comprobar los costes y resultados de la tecnología extensiva y de su posible adecuación a las diferentes tipologías de población”.
El uso de estas tecnologías naturales, cuya referencia es el Ayuntamiento de Fabara por su defensa de los filtros verdes –depuradoras naturales en las que vegetación y suelo tratan de manera natural el agua residual-, es una reclamación histórica de muchos pequeños ayuntamientos, que las consideran más adecuadas –y mucho menos costosas- que las plantas de tratamiento biológico y químico y la construcción de colectores kilométricos.
Obras pendientes
En el caso del Pirineo, la intención de la consejería es “impulsar la ejecución de las obras de depuración exigiendo a las concesionarias que acometan las obras pendientes” cuando no presenten “problemas con la dimensión de las instalaciones ni obstáculos de tipo técnico o jurídico”, mientras el resto de instalaciones son rediseñadas “para adaptar las instalaciones a las necesidades reales de depuración, con criterios de sostenibilidad económica y ambiental, contando por supuesto con el parecer de los ayuntamientos”.
Olona se muestra partidario de simplificar el tinglado administrativo generado en torno a la depuración de aguas residuales, lograr “una mayor participación de los ayuntamientos por la proyección que dicha planificación sectorial tiene sobre sus competencias” y, paralelamente, dar prioridad a la construcción de las instalaciones de depuración de aguas residuales de las poblaciones de más de 2.000 habitantes que ya están adjudicadas.
“En cuanto a las no adjudicadas, deben priorizarse las que por el tamaño y carga contaminante no admitan espera”, añade, en referencia a la obligación de cumplir la Directiva Marco del Agua y de “los requerimientos impuestos” por las confederaciones hidrográficas.