El Gobierno de Aragón ha catalogado más de la cuarta parte de la superficie de la comunidad, 12.705 kilómetros cuadrados de monte y de zonas agrarias aledañas, como zonas de riesgo alto o extremo de incendios. El grueso de esas superficies, otros 25.062 kilómetros cuadrados, se cataloga como áreas de riesgo medio, mientras que en otros 9.886 el peligro es bajo.
La catalogación la ha realizado el Departamento de Desarrollo Rural mediante una orden por la que actualiza el Mapa de Zonas de Alto Riesgo de Incendio Forestal (ZAR) y, 12 años después de su primera versión y a los ocho de su única revisión, clasifica los 2,77 millones de hectáreas de monte de la comunidad y algo más de un millón de zonas agrícolas, ya sea por presentar una mayor incidencia y peligro en el inicio y propagación de los incendios o porque la importancia de los valores amenazados en ellas precisen de medidas especiales de protección.
El documento, que se refiere a los incendios como “uno de los principales problemas ambientales y sociales que afectan a los montes, cultivos, infraestructuras y poblaciones del entorno rural”, señala que estos se han visto incrementados por factores como el abandono de actividades agrarias extensivas como el pastoreo, el aprovechamiento de la leña y el cultivo de zonas marginales, algo que ha “incrementado la continuidad y la carga del combustible” y acelerado la velocidad de propagación del fuego, así como por la confluencia de “situaciones meteorológicas y escenarios climáticos” cada vez más favorables para este tipo de siniestros y un aumento del uso recreativo de los bosques y el entorno natural.
La orden, no obstante, excluye de esos factores, la presión turística y urbanística (sobre el monte, que si es para el Gobierno central uno de los motivos por los que tanto el número como la intensidad de los incendios lleve años superando “ampliamente los límites normales de un fenómeno natural”, y también la ocupación de la interfaz urbano-forestal mediante nuevos barrios, urbanizaciones y edificios diseminados.
El hombre y los rayos
La estadística señala como las causas principales de incendios en la comunidad los rayos de las tormentas y la acción del hombre. Esta última es más frecuente en invierno, por su relación con la actividad agraria, en las huertas y zonas de regadío de los valles del Ebro, Gállego, Alcanadre, Cinca, Jalón, Isuela, Jiloca, Matarraña, Guadalope, Martín y Huerva; en áreas de agricultura “más intensiva o con mayor porcentaje de superficie agrícola”, como las Cinco Villas, la Hoya de Huesca o la comarca de Tarazona, y, también, en otras “con presencia de cultivos leñosos como el Bajo Aragón o el Campo de Cariñena”.
Paralelamente, los rayos se convierten en verano en un fenómeno característico del Pirineo, el prepirineo y el sistema Ibérico, que incluye el Matarraña, el Maestrazgo, las Cuencas Mineras, Rodeno, las sierras de Arcos, Pardos, Gúdar y Javalambre, las Cinco villas, Moncayo, las Muelas del Ebro, el Bajo Ebro Forestal.
El resto de incendios con causas vinculadas a la actividad humana, que incluye los fuegos intencionados, negligentes y accidentales, tienen “una distribución más homogénea por todo Aragón, si bien se observa un claro sesgo de mayor frecuencia en las zonas con mayor densidad de habitantes”, caso del área de influencia de las tres capitales y las comarcas más habitadas, así como en zonas con actividad agrícola como las Cinco Villas, el Somontano o las riberas del Cinca y el Jalón.
La evaluación a partir del “peligro simulado” incorpora, además de las anteriores zonas, otras con elevado riesgo por la elevada continuidad de las masas forestales, como son la sierra de Alcubierre, la zona oriental del prepirineo, los Puertos de Beceite, los Montes Universales, la cuenca del río Mijares, las zonas forestales del Jiloca, las solanas y la zona sur de todo el Pirineo.
Matorrales secos
“En conjunto, la mayor parte de las zonas forestales de Aragón presentan un elevado peligro de sufrir un incendio forestal de elevada intensidad”, señala el documento del Gobierno de Aragón, por motivos como la climatología mediterránea, cuyas sequías estivales elevan la inflamabilidad de la vegetación y en la que las entradas de masas de aire muy cálido y seco de procedencia sahariana son “más frecuentes y cada vez más persistentes”; la presencia de fuertes vientos, entre los que destacan por su sequedad los del sur y el sureste, y, también, la habitual descarga de rayos (el Maestrazgo es una de las áreas de mayor densidad de Europa) y de tormentas secas.
Paralelamente, entre los matorrales y el sotobosque abundan las especies “con poca capacidad de regular su contenido hídrico y por tanto muy inflamables” como las labiadas, las cistáceas y algunas leguminosas, que “han colonizado los pastos y masas arboladas abiertas con el abandono de la ganadería extensiva y de la agricultura en zonas marginales, facilitando la rápida propagación del fuego por la superficie”.
Los incendios forestales, además, “retroalimentan el proceso de matorralización con estas formaciones pirófitas, que gracias al fuego se perpetúan y dificultan la progresión de otras comunidades más maduras e hidroestables”, mientras algunas como los coscojares, las bojedas, las acebedas, los rosales y las zarzamoras “se han densificado” al no ser objeto de aprovechamiento, “provocando una gran competencia y sobrecargando de combustibles muertos” el monte, algo que también ha ocurrido con las encinas, los quejigos y los melojos.
Otros factores como la complejidad del relieve, la presencia de pronunciadas pendientes, la insolación de las solanas y la propia continuidad de las masas forestales“ facilitan la propagación topográfica de los incendios que frecuentemente facilitan la consolidación de incendios convectivos”.
Los riesgos del cambio climático
Por el contrario, “las zonas con menor peligrosidad se ubican en las zonas alpinas y eurosiberianas del Pirineo, así como las zonas submediterráneas del prepirineo, Gúdar, Moncayo y Montes universales”, señala la resolución, que explica cómo todas esas áreas presentan “parámetros de humedad relativa, vientos y sobre todo sequías, poco propicios para los grandes incendios forestales”.
Aunque eso no impide que en “años especialmente desfavorables, se presenten ventanas meteorológicas propicias para los grandes incendios como ocurrió en 2009 en zonas altas del ibérico turolense o en 2012 en Catanesa en pleno mes de marzo”.
Por otro lado, la previsible “mediterraneización” de toda la península ibérica como consecuencia del cambio climático hará que estas zonas de menor riesgo en la actualidad se vean “progresivamente más amenazadas”, ya que todo apunta a que serán “más extremas y persistentes las olas de calor y los periodos de sequía” al tiempo que se debilitan “las masas forestales que se encuentren menos adaptadas a las nuevas condiciones”.
Ayudas, planes y prohibiciones
La declaración de las nuevas categorías de riesgo de incendio, realizada con un nivel de detalle de parcela, incluye las superficies no forestales, que hasta ahora habían quedado excluidas pese a la evidente posibilidad de sufrir incendios con afecciones a los montes.
La orden, por otro lado, “conllevará la aprobación de un plan de defensa, que contenga la delimitación de dichas zonas y las medidas a aplicar”, lo que obligará a los propietarios de montes incluidos en zonas de alto riesgo o de protección preferente y cuyo programa de defensa esté aprobado “a realizar, o a permitir realizar, las medidas” de prevención del nuevo plan.
La orden, por último, crea la categoría de “riesgo medio”, que permite acceder a ayudas económicas comunitarias para actuar en ellas, y contempla diferenciar la regulación de las actividades en el monte en función del riesgo de cada enclave en particular.