Las Cortes de Aragón van a ser pioneras, de nuevo, en poner sobre la mesa la respuesta local a temas conflictivos de la economía global: el próximo jueves debatirán una propuesta de resolución de Podemos que pide que el Gobierno de Aragón penalice en sus concursos a las empresas con filiales en territorios off-shore.
La iniciativa persigue un doble objetivo: “Conseguir que Aragón se declare Comunidad autónoma libre de paraísos fiscales” y que implante unas medidas de transparencia pública en la que las empresas que opten a contratos muestren sus vínculos con ese tipo de territorios y, por otro lado, abrir un debate público para “sensibilizar a la ciudadanía para que declare tolerancia cero” con las sociedades que operan en esas zonas.
Concretamente, la formación morada propone que los pliegos de condiciones de los concursos “tengan en cuenta”, a la hora de establecer los baremos para puntuar las ofertas, “que las empresas que tributan en paraísos fiscales no concurren en igualdad de condiciones” y, en consecuencia, den prioridad para acceder a los contratos “a quienes cumplen correctamente con sus obligaciones fiscales”.
“Se persigue provocar cambios en la política de contratación del Gobierno de Aragón, mediante la inclusión de criterios éticos en sus convocatorias de licitación pública, de tal forma que logre perjudicar a aquellas empresas con filiales en paraísos fiscales y se premie a las empresas que no llevan a cabo estas prácticas fraudulentas”, señala la exposición de motivos.
Información específica sobre las filiales
La proposición no de ley insta al Ejecutivo a “requerir a las grandes empresas” que participan en sus concursos para que presenten informes de responsabilidad fiscal en los que especifiquen “en qué países tienen filiales y tributan”. Esos documentos, cuyo objetivo es “tener una impresión del funcionamiento del entramado societario”, deberían incluir “una relación de todas las empresas” del grupo empresarial con el nombre, la ubicación, la “relación de propiedad” y el porcentaje de participación, todo ello “explicitando de forma expresa si se encuentra en un territorio considerado paraíso fiscal”.
La propuesta de resolución señala que las empresas que aspiren a contratos de la Comunidad deberían informar, de manera agregada “para los países no considerados paraísos fiscales donde tienen presencia”, sobre su cifra de negocios, su resultado, los impuestos pagados y las subvenciones recibidas. En el caso de los 53 territorios que la Red de Justicia Fiscal cataloga como paradisíacos, la información debería incluir un desglose por filiales con su nombre, actividad, número de empleados, volumen de negocio, pérdidas o ganancias, tributos desembolsados y ayudas económicas obtenidas.
Los 35 del Íbex tienen filiales en paraísos
Instituciones, organismos y oenegés mantienen abierto un debate sobre qué es un paraíso fiscal, aunque existe un aparente consenso acerca de los requisitos que lo definen: baja o nula tributación, normalmente inferior al 1 % del beneficio; opacidad y escaso, o inexistente, intercambio de información bancaria, tributaria y societaria con los países de origen de los inversores, y, también, posibilidad de acceso a beneficios fiscales sin necesidad de desarrollar una actividad económica. Eso se combina a menudo con las llamadas prácticas off-shore, un régimen que permite crear sociedades sin apenas obligaciones de información registral y con la posibilidad de utilizar fiduciarios o testaferros.
El último informe de Oxfam sobre escaqueo fiscal revela que todas las empresas del Íbex 35 tienen filiales en paraísos, que su ritmo es creciente -891, tras crear 81 el año pasado- y que sus preferencias han variado desde las áreas tradicionales de Europa y el Caribe hacia el Estado de Delaware, donde se ubica casi la mitad -420- de esas sociedades. Y también señala su intensa actividad con la Administración. El 45 % de los grupos que obtuvieron el año pasado contratos del Ayuntamiento de Madrid y el 22,3 % de los proveedores del de Barcelona tienen filiales paradisíacas.
“Queremos asegurarnos de que el dinero de los y las contribuyentes no pueda ir a parar de ninguna manera a cualquier empresa, banco o fondo de inversión que utilice paraísos fiscales para evadir impuestos”, sostienen en Podemos. Llaman la atención sobre el hecho de que algunas regiones de Francia exigen transparencia en este capítulo a los bancos con los que trabajan y que municipios de varios países nórdicos como Suecia, Noruega y Finlandia aplican medidas de ese tipo en sus licitaciones.
Los negocios en paraísos fiscales se han cobrado en las últimas semanas dos víctimas en la política aragonesa. Hace unas semanas, el responsable de Ciudadanos en Zaragoza, José Luis Juste, dimitía de sus cargos orgánicos y renunciaba a su acta de diputado al conocerse su presencia en una empresa panameña con vínculos con una inmobiliaria aragonesa. La semana pasada dimitía Miguel Ángel Velilla (PP), alcalde pedáneo de Juslibol, al trascender su participación en una inmobiliaria en ese mismo país. Ambos lo habían ocultado en sus declaraciones de bienes, el primero a las Cortes y el segundo al Ayuntamiento de la capital aragonesa, del que fue concejal la pasada legislatura.