- Se presentó también el Protocolo de Coordinación Institucional para este tipo de violencia que incluye el ámbito educativo y las especificidades de las mujeres con discapacidad
“Un instituto de la mujer debe tener una opinión sobre los vientres de alquiler y en este caso es muy clara. Cuando el Instituto Aragonés de la Mujer (IAM) cambie de directora, quizá también varíe este criterio”, rotunda se mostró la directora del IAM, Natalia Salvo, en la presentación del IV Plan Estratégico para la Prevención y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres de Aragón.
La sentencia venía a colación de la inclusión de los vientres de alquiler y de la prostitución como formas de violencia contra las mujeres. Son las principales novedades de este plan al que el IAM destinará 13.377.300 euros y que tendrá vigencia hasta 2021.
Los malos tratos físicos y psicológicos, la violencia y agresiones sexuales, el acoso sexual, la trata con fines de explotación sexual y la mutilación genital femenina son las otras formas de violencia contempladas. Además, reconoce a hijos e hijas como víctimas directas y contempla, también, la violencia fuera de una relación afectiva. Al respecto de cada una de las formas se incluyen medidas concretas de prevención, sensibilización, información y erradicación.
Trabajo con los hombres
El plan contiene tres líneas estratégicas: sensibilización y prevención, atención integral y coordinación y gestión pública. En total, se determinan 85 medidas concretas que implican a todo el Ejecutivo autonómico, las administraciones públicas y privadas, y al resto de instituciones aragonesas y entidades sociales.
El trabajo con los hombres adquiere una dimensión específica en este renovado plan, que, por añadidura, estipula actuaciones para abordar la violencia machista a través de los nuevos medios (como las redes sociales) y recoge otras tendentes a colaborar con los medios de comunicación e implicarles en su correcto abordaje mediático.
La directora incidió en que se incluye el principio de interseccionalidad, es decir, “el reconocimiento a las múltiples desigualdades añadidas a la desigualdad de género que sufren algunas mujeres por su situación vital (mujeres con discapacidad, del medio rural, migrantes, gitanas, refugiadas, etcétera)”.
El protocolo más avanzado de España
Junto con el plan, Natalia Salvo presentó el Protocolo de Coordinación Interinstitucional para la prevención de la violencia de género y atención a las víctimas en Aragón (2018-2021). Supone una actualización del anterior, que databa de 2008, y que, aseguró la directora, se había quedado “desactualizado y desfasado”. Ahora, dijo, “Aragón cuenta con el protocolo en esta materia más avanzado de España”.
Como ya apuntó eldiario.es, la principal novedad es la inclusión del ámbito educativo, con diversas medidas de prevención, un itinerario de actuación interno antes situaciones de violencia y actuaciones a implementar con las alumnas víctimas, alumnos victimarios, profesorado y familias.
Se recogen, igualmente como aspecto novedoso, las especificidades de las mujeres con discapacidad, “lo que hace que Aragón sea la única comunidad autónoma en disponer de un protocolo en materia de violencia contra estas mujeres”, afirmó Salvo. También en este caso se ha incluido a hijos e hijas como víctimas directas.
Además del educativo, los ámbitos en torno a los que se estructura el protocolo son el sanitario (que incluye especificidades de mujeres vulnerables: embarazadas, inmigrantes, mujeres con VIH, mujeres mayores, del mundo rural…); el judicial; el de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado (que recoge las actuaciones de coordinación entre todos los cuerpos policiales), y el ámbito de los servicios sociales y organismos de igualdad.
En el plan se incluyen estadísticas relacionadas con la violencia de género: entre 2007 y 2017, 14 mujeres han sido asesinadas en Aragón a manos de sus parejas o exparejas. El número de denuncias ha tenido altibajos desde 2008, cuando se presentaron 2.853, se pasó a 3.392 en 2009, 2.573 en 2010, 3.392 en 2011, 3.228 en 2012, 3.074 en 2013, 3.241 en 2014, 2.635 en 2015, 3.162 en 2016, y 2.901 en 2017. En cuanto a las órdenes de protección, se adoptaron 612 en 2017, 957 en 2016, 833 en 2015 y 722 en 2014.