El Ayuntamiento de Zaragoza, gobernado por PP y Ciudadanos bajo la supervisión de Vox, ha confirmado el quebrantamiento de la sólida línea de trabajo de higiene democrática que el Consistorio había venido desarrollando en las cuatro legislaturas anteriores en lo referente a la eliminación de los vestigios del franquismo en los espacios públicos.
El nuevo capítulo de ese viraje, que incluye episodios pintorescos como encargar a especialistas en el medievo y la etapa clásica el juicio sobre qué es o no franquista en la misma ciudad donde investigan y enseñan historiadores contemporáneos de la talla de Julián Casanova, Diego Gaspar, Ángela Cenarro o Antonio Peiró, entre otros, se ha concretado en la respuesta que el área de Vicealcaldía, Cultura y Proyección Exterior ha dado a un requerimiento remitido por la Mesa del Senado sobre un “posible incumplimiento de la Ley de Memoria Histórica”.
El requerimiento, tramitado a petición del senador de Compromís Carles Mulet, hacía referencia a la localización en edificios y calles de la ciudad de distintas placas y escudos del régimen franquista en una veintena de bloques de viviendas, entre otros elementos.
Las placas se encuentran ubicadas en cinco edificios de la calle Peña Oroel, y en otros trece localizados en el Paseo de la Ribera, la plaza del Emperador Carlos, la Travesía de las Eras, la calle lrún, la calle Astorga, la avenida América, la calle Don Jaime y los grupos Alférez Rojas, Ortiz de Zárate y Teniente Polanco, a los que se suma otra instalada en Coronel Reig, en Casetas.
“Otros ayuntamientos sí han intervenido”
“El Ayuntamiento de Zaragoza no es competente para su retirada por estar adosadas en viviendas privadas”, argumenta la concejalía de Sara Fernández en un escrito firmado por su coordinadora, Teresa Ibarz, que remite a la Ley de Memoria Democrática aragonesa, según la cual, “cuando los elementos contrarios a Ia memoria democrática estén colocados en edificios de carácter privado con proyección a un espacio o uso público, el Gobierno de Aragón tomará las medidas oportunas (…) para hacer efectiva Ia retirada de los mismos”.
La respuesta del consistorio zaragozano no niega la existencia de esos vestigios de la dictadura, ni tampoco cuestiona la obligatoriedad de retirarlos en cumplimiento de la legalidad, aunque si expone su decisión de abstenerse de intervenir.
“Esto demuestra que es un ayuntamiento que no tiene el mínimo interés, porque hay otros que sí lo han hecho y no ha pasado absolutamente nada, en el sentido de que se han retirado las placas y ya está”, explica Mulet, que anota que otros consistorios de distintos territorios del país “sí han actuado y han enviado requerimientos a los propietarios y estos los han retirado, o de manera subsidiaria los ha retirado el ayuntamiento”.
“Es una de las múltiples lagunas de la ley de 2007”
En el fondo de esta cuestión, y en su desarrollo efectivo, se encuentra el hecho de que la Ley de Memoria estatal de 2007 careciera de instrumentos coercitivos y de un régimen sancionador, algo que sí existe en la norma autonómica aragonesa.
“Esta es una de las múltiples lagunas de la ley de 2007, que sirvió para hacer mucha propaganda pero cuyos efectos prácticos han sido más bien pocos: no hay ningún requerimiento ni ninguna sanción para quien los incumple”, explica en senador, que recuerda cómo lo habitual “en estos casos” es que “la autoridad deriva la responsabilidad a la propiedad particular y ahí se queda la cosa, porque no va a haber ningún tipo de consecuencia legal” en el caso de que los vestigios del franquismo permanezcan en el espacio público.
La nueva normativa estatal incluye medidas para este tipo de situaciones en su texto inicial, aunque eso no garantiza que vayan a figurar en la ley que saldrá de las Cortes Generales.
“En el nuevo anteproyecto de ley esto se aborda, con efectos prácticos si no se cumple la ley -explica Mulet-, pero veremos a dónde llegamos en la tramitación parlamentaria y si se puede obligar a los propietarios particulares a retirarlos”.
Para la próxima reunión
Por otro lado, el equipo de gobierno del consistorio zaragozano remite al grupo de trabajo sobre memoria creado hace unos meses para resolver su posición sobre otros dos vestigios del franquismo situados en espacios públicos de la capital aragonesa.
Se trata de la cruz dedicada a los muertos del bando sublevado que se encuentra la plaza de Santa Cruz, a escasos 300 metros del Ayuntamiento de Zaragoza, y del busto de metal dedicado a Miguel Allué Salvador, presidente de la Comisión de Depuración que purgó a más de la tercera parte de los docentes aragoneses que sobrevivieron a la guerra.
“Dichos temas se incluirán en el orden del día de la próxima reunión que convoque el Grupo de Trabajo”, señala el escrito.