Vox, el socio que ha necesitado durante todo el mandato PP y Cs, ha dado un giro en su posición de voto y ha vuelto a alinearse con el equipo de gobierno en la votación de una cuestión que pone en el centro de la polémica al propio alcalde y candidato del PP a la presidencia de Aragón, Jorge Azcón. A tres meses de las elecciones, la ultraderecha vuelve a dar oxígeno al equipo de gobierno en un asunto incómodo.
Zaragoza en Común presentaba hoy en el Pleno del Ayuntamiento una moción para constituir una Comisión Especial de Investigación al objeto de aclarar supuestas incongruencias o irregularidades en el expediente en las licencias de los kioscos de Zaragoza adjudicados al empresario Forcén. La previsión era que esta moción siguiese adelante y se estableciesen las normas para poder llevar a cabo la comisión aprobada el pasado mes de septiembre, sin embargo, el grupo parlamentario Vox ha cambiado su voto y la ha rechazado.
Julio Calvo, el portavoz de Vox, ha expresado que han “reconsiderado” su voto del pasado mes de septiembre. Ha dicho que su deseo es “dar carpetazo a este asunto que ha ido demasiado lejos”, alegando que, al encontrarse investigado en sede judicial ya no es necesaria una comisión de investigación, puesto que esta “no haría más que interponerse o complicar el asunto”.
Calvo ha asegurado que han conocido informes que “demuestran mas allá de toda duda a nuestro juicio que se trata de un mero error formal a la hora de concretar una fecha en un documento administrativo. Es un acto administrativo absolutamente irrelevante, vamos a votar que no porque no hay caso y porque se está llevando esta situación a unos extremos ridículos” y ha añadido que “pretender montar una investigación como esta a tres meses de las elecciones nos parece que es pretender montar un circo en periodo electoral, no hay ni caso ni circo con nuestra colaboración”.
Por su parte, Pedro Santiesteve, portavoz de Zaragoza en Común (ZeC), partido que impulsaba la comisión, ha explicado que la finalidad es dar cumplimiento a los requisitos formales para llevar a cabo la comisión aprobada en septiembre. Ha apelado también a Vox, que finalmente ha votado en contra, para que apoyase dicha moción: “En la ultima junta de portavoces Vox planteaba que votaría que si por congruencia, apelar a esa congruencia, máxime cuando las ultimas noticias aparecidas en prensa un juzgado de lo contencioso administrativo está investigando el tema”. Ante el anuncio de Vox por el que iban a votar en contra de la comisión, Santiesteve les ha acusado de “carecer de palabra” y ha recalcado que “esto no es un mero error formal”.
Fernando Rivarés, de Podemos ha preguntado al alcalde que qué ocultan y le ha incitado a “dar ejemplo” y permitir que “no haya nubes de dudas, ahora las hay y las alimentan con su ocultación”. Además, ha recordado que esta comisión es “un mandato de pleno del pasado mes de septiembre” y ha insinuado un acuerdo de Vox y el PP para cambiar el voto: “eso también es alimentar dudas sobre el proceso”.
Desde Ciudadanos se ha defendido la gestión del Ayuntamiento y Víctor Serrano ha atacado ZeC, Podemos y PSOE: “las intervenciones de los grupos municipales de la izquierda se retratan por si mismas. La intervención del PSOE no deja de sorprenderme, señalando a empresarios y funcionarios”.
Serrano se refería a la intervención de Horacio Royo, del PSOE, que ha pedido turno doble para explicar el caso y que ha empezado su discurso interpelando al portavoz de Vox: “Señor Calvo, que bochorno, que vergüenza. Probablemente acabamos de asistir al mayor ridículo que haya hecho un concejal en estos cuatro años”. Además, ha dicho que “cualquier concejal de otro partido del centro derecha tiene que convertirse en un lacayo dedicado a tapar la basura del partido popular”.
La votación, con el cambio de parecer de Vox, ha resultado con 14 votos a favor y en contra 16 y, por lo tanto, ha sido rechazada.
El Gobierno de Aragón reclama los ‘papeles’
El Gobierno de Aragón ha decidido demandar en los tribunales al consistorio después de que este le haya negado el acceso al expediente de la licencia, que pretende chequear dentro de su labor de supervisión de las administraciones locales. La magistrada del Juzgado Contencioso número 5 de Zaragoza, María José Cía, ha emitido una providencia por la que da un plazo de diez días al consistorio para que le remita el expediente.
“Nunca nos pasa, los ayuntamientos envían siempre la información que se les requiere”, explicó el jueves el director general de Administración Local, José Ramón Ibáñez, que mostró su extrañeza por la cerrazón del ayuntamiento zaragozano en este asunto, con el que se expone a perder ocho millones del Fondo Local de Cooperación si no cumple los requerimientos y entrega el legajo.