La Comisión de Hacienda del Ayuntamiento de Calatayud aprobó ayer el pago de una factura de 5.100,27 euros. No es un gasto cualquiera: corresponde al pago de un abogado y un procurador por los servicios prestados para que el alcalde de la localidad zaragozana, José Manuel Aranda (PP), presentara una querella criminal por injurias y calumnias contra el concejal (y exalcalde) socialista Víctor Ruiz.
La querella, interpuesta el 2 de diciembre de 2014, estuvo impelida por unas declaraciones de Ruiz en la Cadena SER en las que insinuaba que el Consistorio no había iniciado acciones legales contra la actuaciones presuntamente delictivas de un exfuncionario municipal porque el afectado “podría ser militante del PP”. Tanto la querella como el posterior recurso fueron sobreseídos.
Que las arcas municipales asuman este tipo de desembolsos no es ilegal per se. Sin embargo, como queda demostrado por una serie de documentos a los que ha tenido acceso eldiario.es, existe una discordancia en las fechas que, para el concejal demandado, demuestra que el regidor bilbilitano no cumplió con “el procedimiento legal establecido que los ayuntamientos han de seguir para interponer acciones judiciales”.
Tal y como se indica tanto en el artículo 120 de la Ley 7/1999 de Administración Local de Aragón, como en el 54 del Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, por el que se aprueba el texto refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de Régimen Local, para emprender este tipo de acciones es preceptivo un dictamen del secretario y un acuerdo administrativo.
Ambos existen, empero están fechados con posterioridad al inicio de las hostilidades judiciales. En primer lugar, hubo un acto de conciliación, con fecha 14 de julio de 2014. Al no haber asenso, se interpuso la querella el 2 de diciembre del mismo año.
Pero el informe de Secretaría es del 18 de febrero de 2015, y el posterior decreto de Alcaldía, autorizando el proceso de manera oficial, es del 23 de febrero. En él, además, ya se da el nombre completo del letrado, y se aprueba un gasto de 4.840 euros. Curiosamente, tres días antes, el 20 de diciembre, se suscribe la Retención de Crédito por importe de 4.840 euros, en concepto de: ‘Defensa de intereses de D. José Manuel Aranda Lassa como alcalde de Calatayud’.
La operación se autorizó ayer, de manera definitiva, en la Comisión de Hacienda, gracias al voto de calidad del presidente de la misma, tras haber empate en votos a favor y en contra. Cinco a favor (cuatro del PP y uno del PAR) y cinco en contra (dos PSOE, uno Ciudadanos, uno CHA y uno Aragón Sí Puede). El importe total corresponde a los 4.840 euros del letrado Eladio José Mateo Ayala, más los gastos del procurador, Ricardo Moreno Ortega.
El alcalde acusa al concejal de querer sacarle dinero al Ayuntamiento
Hasta en 13 ocasiones, la última el 23 de septiembre de 2016, el concejal demandado ha solicitado que se inicie el oportuno expediente administrativo para que el Ayuntamiento se haga cargo de los costes que a él le suponen el abogado y el procurador. Según el alcalde, con el que se ha puesto en contacto eldiario.es, “nunca ha enviado la factura, así que el Consistorio no puede hacerse cargo de unos gastos que no están documentados”. Pero va más allá Aranda: “Estoy seguro de que este señor habrá contratado a un abogado amigo suyo, que no le habrá cobrado, y ahora quiere sacar dinero al Ayuntamiento”.
Recuerda, además, el actual alcalde, que él ya denunció a Ruiz, por prevaricación y malversación de fondos, en 2011, cuando este era alcalde, y los gastos de la defensa del ahora concejal corrieron a cargo del Ayuntamiento. En aquel momento la denuncia también fue sobreseída. Ruiz se defiende argumentando que la situación no es la misma y que, si como alcalde a él le denuncian y la demanda se archiva, es lógico que el gasto de la defensa que se ha visto obligado a contratar salga de la caja municipal.
También aduce Aranda que, en las declaraciones realizadas en la Cadena SER que supusieron el nacimiento de este embrollo, Ruiz dijo: “Esto es una licencia que me permito a título personal y asumiré sus consecuencias”. La gente, dice, “debe hacerse responsable de la incontinencia verbal”. Explica que él nunca se “ha caracterizado por imputar nada al Ayuntamiento”, pero que en este caso le han atacado “como alcalde y no se pueden difundir difamaciones”.