El Tribunal Superior de Justicia de Aragón ha condenado al Gobierno de Aragón ha abonar al Ayuntamiento de Zaragoza 33.545.085 euros por el convenio de colaboración y cooperación, sobre el tranvía de Zaragoza, por el que ambas administraciones adquirían el compromiso de asumir “de manera igualitaria” los gastos de financiación del proyecto.
En dicho convenio se establecía que ambas administraciones se comprometían a “compartir la financiación de los diferentes instrumentos de movilidad en el área de Zaragoza, en el marco de sus respectivas competencias, ambas instituciones adquieren el compromiso de asumir de forma igualitaria la subvención de capital necesaria que, que se concreta en los siguientes términos y plazos”.
La discrepancia entre el Gobierno de Aragón y el Ayuntamiento de Zaragoza tiene su base en la naturaleza del convenio. El Gobierno de Aragón lo considera de base subvencional, sometido a la normativa general de subvenciones, específicamente al Decreto 38/2006. Mientras que el Ayuntamiento sostiene que es un convenio interadministrativo de colaboración y cooperación, de naturaleza obligacional, ante la implantación del tranvía, que constituye un servicio público, respecto del que ambas Administraciones han manifestado su voluntad de compartir su financiación y adquirido el compromiso de asumir de forma igualitaria la subvención de capital necesaria.
El tribunal considera que, tal y como sostenía el ayuntamiento, se trata de “un convenio de interadministrativo de colaboración y cooperación, sobre un servicio público de transporte, el tranvía, en el marco de las competencias atribuidas a ambas Administraciones, por el cual que ambas Administraciones adquieren el compromiso de asumir de manera igualitaria las necesidades de financiación requeridas”.
Debido a esto, el Tribunal Superior de Justicia de Aragón concluye que el Ayuntamiento de Zaragoza tiene derecho a percibir del Gobierno de Aragón “el importe de la liquidación del Convenio que se ha acreditado como procedente, cifrado en 58.303.500 euros, a los que ha de descontarse los importes ya abonados de 24.758.415 euros, cuantificándose, por tanto, en 33.545.085 euros el importe pendiente de pago en favor del Ayuntamiento de Zaragoza, cantidad que quedará incrementada con el interés legal desde la notificación de esta sentencia hasta su efectivo pago”. También tendrá que hacerse responsable de las costas judiciales, que no podrán exceder los 5.000€.