En 2017, el traslado de las piezas de arte histórico-religioso del Museo de Lleida al Monasterio de Sijena, ordenado por un juez, se convirtió en un acto más de la campaña para las elecciones a la Generalitat del 21 de diciembre de aquel año. Ahora, la historia parece repetirse paso por paso. El próximo 14 de febrero se celebran nuevos comicios en Catalunya y un día después expira el plazo que ha dado el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Barbastro (Huesca) para la ejecución provisional de la sentencia que ordena la inmediata devolución de los 111 bienes de 43 parroquias aragonesas a la diócesis de Barbastro-Monzón, los conocidos desde que comenzó el proceso como 'los de la Franja'.
El 11 de diciembre de 2017 tuvo lugar el traslado de las piezas a Sijena, diez días antes de aquellas elecciones, y los partidos independentistas aprovecharon para arremeter contra PP, Ciudadanos y al PSC con acusaciones de “cómplices” del que se denominó “expolio”. Incluso el entonces candidato popular, Xavier García Albiol, se posicionó en contra: “La decisión no nos gusta, pero la tenemos que aceptar como no puede ser de otra manera”.
La excoordinadora general del PDeCAT y candidata ahora por el Partit Nacionalista Català, Marta Pascal, acusó al PSC de apoyar la aplicación del artículo 155, mientras que la número uno de la CUP por Lleida, Mireia Boya, avisaba al alcalde de la ciudad, Àngel Ros: “Que no se acerque más, que no venga a pasear su cinismo. La gente tiene memoria”. A la explanada del Museo acudió entonces el que era portavoz de ERC en el Congreso, Joan Tardà, que lamentó que “se estuviese imponiendo la fuerza aprovechando que el Gobierno está intervenido” por el artículo 155 para “humillar a la ciudadanía catalana”.
De vuelta al presente, el auto dispone que se proceda al cumplimiento de la sentencia y, en particular, que procedan a devolver los bienes reseñados en el hecho primero de la demanda principal del obispado de Barbastro-Monzón a las parroquias respectivas por mediación del obispado de Barbastro-Monzón “en su sede social, debiendo efectuarse el traslado conforme a los estándares museísticos de rigor, de modo que no se causen daños en los mismos”. Asimismo, “se apercibe a los ejecutados que en caso de incumplimiento podrán imponerse multas coercitivas mensuales y que además se podrá incurrir en responsabilidad penal.
El obispado de Lleida había incumplido previamente las sentencias vaticanas que le obligaban a la entrega de las 111 obras de arte, y ahora también aduce la “dificultad extrema” de llevar a cabo el proceso debido a la fragilidad de algunas de las piezas, que se podrían dañar o incluso destruir durante el desplazamiento. Además, la sentencia no es firme y podría ser revocada por la Audiencia o el Tribunal Supremo.
Reconoce la propiedad aragonesa de 28 de las 111 obras y está dispuesto a devolverlas, señala el obispado en un escrito. Considera “insuficiente” el plazo de casi dos meses, desde el auto de ejecución provisional del juez del 17 de diciembre hasta la fecha límite del 15 de febrero. El Museo de Lleida es el que tutela estas obras, cuyo traslado obligaría a contratar un servicio que excedería los plazos.
El consorcio del Museo también se opone y alude a la falta de jurisdicción para la ejecución de la sentencia, dada la protección de la colección por la Ley de Patrimonio Cultural Catalán, y la necesidad de una larga tramitación administrativa. El proceso de embalaje, revisión, documentación y traslado de las 111 obras ocuparía, según el consorcio, unas 12 semanas y cuatro más la licitación del contrato con una empresa especializada en el transporte de obras de arte. Además, 16 de los objetos están actualmente en la sala de exposición permanente y afectan al circuito de visitas y dos, en una iglesia parroquial. Por todo ello, en caso de que no se estime su oposición a la ejecución provisional, solicita realizar el traslado en 16 semanas.
Incluso la Asociación Amigos del Museo de Lleida quiere tomar parte y denuncia que “con la última resolución del juzgado de Barbastro se prosigue el camino de desmantelar el Museo de Lérida, dotado de unas colecciones de limpia procedencia y exento de expolio a tercero, hoy expoliado”. En 2008 presentó la primera demanda civil en el litigio eclesiástico para que fuera la justicia la que se pronunciara sobre la propiedad de 88 de las 112 piezas que reclamaba el obispado de Barbastro-Monzón. Solicita la implicación del Vaticano.
“Hay que pedir en la Iglesia que pare la conflictividad judicial y facilite el nombramiento de una comisión de técnicos cuyo propósito sea buscar una solución para compartir y no competir sobre la colección y también cortar enfrentamientos y humillaciones judiciales que pretenden transformar decisiones todavía recurribles en sentencias en firme de facto”, señalan.