Los Ejecutivos central y aragonés negociarán los reparos del Gobierno de España a la ley de energía autonómica

Las Cortes de Aragón aprobaron el pasado mes de diciembre, con el apoyo del PSOE, la Ley de Medidas Urgentes en Materia de Energía impulsada por el Gobierno de Jorge Azcón. Lo hizo tras el recurso de inconstitucionalidad que el Ejecutivo central planteó ante una normativa similar -anulada finalmente- que impulsó el socialista Javier Lambán en la anterior legislatura. Esta vez, para evitar el conflicto jurídico, ambas partes se citarán en la Comisión Bilateral Aragón-Estado para tratar de alcanzar un acuerdo sobre las discrepancias planteada por Madrid.

Así lo ha explicado este martes la vicepresidenta y portavoz del Ejecutivo autonómico, Mar Vaquero, y lo ha confirmado la ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesan, de visita en la feria de Smagua de Zaragoza. “Comunicaremos inmediatamente nuestra receptividad a ese ofrecimiento”, ha dejado claro Vaquero. “Queremos llegar a un acuerdo sin necesidad de recurrir para modificarla y hacerla así acorde a las dos administraciones”, ha referido la Aagesan.

La ley autonómica tiene entre sus fines fundamentales favorecer el autoconsumo, incrementar el nivel de autoabastecimiento y diversificación energéticos regionales, promover la expansión de las energías renovables, mejorar la competitividad del tejido productivo y facilitar la constitución de comunidades energéticas.

Son 24 los preceptos que el Ejecutivo central plantea como conflictivos, por posible invasión de competencias estatales. Según ha explicado Mar Vaquero, las “más controvertidas” tienen que ver “con el alcance del autocosumo, en cuanto a que pueda influir en la red de redistribución; la regulación de las mancomunidades de energía, una figura que no está prevista en el ordenamiento estatal ni comunitario, y por otro lado las competencias de la comunidad autónoma para incorporar en su normativa el contenido de las directivas comunitarias”.

Una “ley estratégica” para Aragón

Ante esta “invitación a negociar las discrepancias” en la comisión bilateral, ha añadido la vicepresidenta autonómica, la “posición del Gobierno de Aragón es conciliadora” ya que se trata de una “ley estratégica” para la comunidad autónoma, para su “desarrollo” y para la “competitividad de las empresas”. 

“Es compatible conjugar el interés del Estado con el que Aragón pueda ejercer sus competencias en el desarrollo de la normativa básica, y tener los mecanismos propios para fomentar la competitividad de nuestro sector energético”, ha destacado Vaquero.

Por su parte, la ministra Aagesan ha admitido que han “activado” la convocatoria de la Comisión “para dialogar y negociar conjuntamente”, y para analizar “esos espacios en los que en la Administración General del Estado creemos que hay una invasión de competencias”.

En septiembre del año pasado, el Tribunal Constitucional anuló el Decreto Ley 1/2023 de medidas urgentes para el impulso de la transición energética y el consumo de cercanía en Aragón, impulsado por el Gobierno de Javier Lambán. En su fallo, el Alto Tribunal estimó el recurso interpuesto por el Gobierno de España y anuló íntegramente esta normativa “al considerar que no quedaban suficientemente justificadas las razones de extraordinaria y urgente necesidad que han de habilitar el uso de este instrumento normativo”. El decreto aragonés fue recurrido por el Gobierno central, al entender que varios de sus artículos “pueden poner en riesgo la estabilidad del sistema eléctrico y su régimen económico”. 

Se trata de una norma aprobada a finales de la pasada legislatura y que entre otras medidas planteaba la posibilidad de conectar instalaciones de producción de energía eléctrica con fuentes renovables a una red de uno o varios consumidores, con el objetivo de “impulsar el consumo de cercanía”. También que los excedentes de energía verde puedan ser utilizados para impulsar el consumo de cercanía “con la finalidad de optimizar los impactos generados por la instalación y la inversión realizada”.