El Departamento de Educación, Ciencia y Universidades del Gobierno de Aragón y las familias de Caneto han acordado suspender de mutuo acuerdo el procedimiento judicial iniciado por estas ante el Tribunal Superior de Justicia de Aragón para “buscar una solución extraprocesal que satisfaga a ambas partes y garantice la legalidad y la seguridad de las instalaciones”, así lo ha comunicado el Gobierno de Aragón en una nota de prensa.
Los servicios jurídicos del Ejecutivo autonómico ya han solicitado formalmente la suspensión al Tribunal al amparo de lo dispuesto en el artículo 19.4 de la ley de Enjuiciamiento Civil, mientras se avanza en una posible regularización que pasaría, en un primer momento, por la cesión del suelo al Ayuntamiento de la Fueva por parte de la Confederación Hidrográfica del Ebro, el desestimiento por parte del Consistorio del expediente de autorización de las instalaciones actuales y la apertura de un nuevo expediente de creación de un centro público.
En las últimas semanas, de hecho, desde el Departamento de Educación se han mantenido diversas reuniones, tanto con el Ayuntamiento de La Fueva, como con la Confederación Hidrográfica del Ebro –propietaria de los terrenos- para explorar posibles vías que permitan avanzar en una solución dentro de la legalidad.
La suspensión, por un plazo máximo de sesenta días y prorrogable hasta un máximo de dos años, sobre la que tiene que pronunciarse ahora la Sala, implicaría la congelación del procedimiento ordinario en sus términos actuales. De esta forma, se mantendría la medida cautelar adoptada –y que ha permitido seguir prestando el servicio educativo en las instalaciones de Caneto- y la contracautela, consistente en que los recurrentes deben informar al tribunal, cada mes, de las subsanaciones que se vayan produciendo según el calendario indicado por los recurrentes.
Fue en noviembre del año pasado cuando el Departamento de Educación comunicó el traslado de los 21 niños y niñas que estudiaban en Caneto al CEIP La Fueva,. Esto provocó la protesta de las familias, que finalmente consiguieron que se mantuviese el servicio al negarse a enviar a sus hijos hasta La Fueva a diario.
La Asociación de Madres y Padres ‘Aldea de Caneto’ recurrió la decisión en enero y solicitó la reapertura como medida cautelar, que fue acordada por la sala. Esta impuso además una contracautela dando un plazo para concretar los defectos, a efectos de que el Ayuntamiento pudiese subsanarlos. Finalmente, en abril, mantuvo la cautelar pero impuso a los recurrentes la obligación de informar, cada mes, de las subsanaciones que se fueran produciendo según el calendario que ellos mismos aportaron. En el auto el tribunal resaltaba el “esfuerzo de subsanación lo llevan a cabo los padres y la asociación, lo que evidentemente ha de valorarse a los efectos del cumplimiento de la contracautela, aunque el Ayuntamiento se ha ofrecido a ayudar, sin concretar medida alguna”.