El Gobierno de Aragón insiste en que la acogida de menores migrantes está “desbordada” pero elude aumentar plazas

Aragón cuenta con 104 plazas de acogida para menores extranjeros no acompañados que se encuentran “saturadas”, ya que están al 189,42% de ocupación dentro del sistema, lo que supone que se han acogido 197 menores. Así lo ha confirmado la Consejería de Servicios Sociales, que, a pesar de ello, no se compromete a aumentar estas plazas para hacer frente a ese desbordamiento. La consejera de Bienestar Social y Familia, Carmen Susín, ha comparecido hoy para anunciar que el Gobierno de Aragón va a presentar un recurso de inconstitucionalidad a la modificación de la ley de extranjería para la reubicación de menores migrantes no acompañados entre las Comunidades Autónomas.

El reparto que contempla el Gobierno de España tras la aprobación del Decreto Ley establece que la comunidad debería sumar 186 plazas de acogida para menores extranjeros no acompañados, aunque el Ejecutivo aragonés rechaza valorar esta cifra.

Susín, en la misma línea de lo dicho ayer por el presidente Jorge Azcón, ha rechazado el acuerdo aprobado ayer en el Consejo de Ministros que establece el reparto obligatorio de menores entre las comunidades. Dice que este acuerdo “no responde al interés superior de los menores sino al interés superior de Sánchez, que es permanecer un día más en el poder”. Susín se ha negado a contestar a las preguntas sobre el número de plazas para menores migrantes en Aragón, ni las disponibles ni las ocupadas, argumentando que “el debate no son las cifras, no vamos a entrar al juego interesado del Gobierno de España, la cuestión es que se ha quebrado el principio de igualdad entre españoles”.

Ha añadido que el sistema “está desbordado por la falta de política migratoria, la política de puertas abiertas está potenciando la llegada masiva de personas. Desconocemos sobre qué números se están haciendo desde el ministerio, en la conferencia sectorial exigimos conocer todos los datos, también los del resto de comunidades autónomas, pero no se nos dieron”. 

Recurso ante el TC

Ha anunciado que los servicios jurídicos del Gobierno de Aragón están trabajando para presentar un recurso ante el Tribunal Constitucional “porque afecta a los derechos y libertades de los extranjeros en España” y llegará incluso hasta la UE “para parar este despropósito que únicamente beneficia al interés de Pedro Sánchez”. Considera que este acuerdo está marcado por la influencia de Junts y convierte a los menores vulnerables “en rehenes de una negociación insolidaria”.

El Ejecutivo aragonés defiende que el traslado y la reubicación de menores afecta a los derechos y libertades de los extranjeros en España, por lo que requiere una regulación mediante ley orgánica y no a través de un decreto ley que modifica una ley orgánica como la de extranjería.

A ello ha sumado que el decreto ley aprobado este martes en Consejo de Ministros afecta a competencias autonómicas, como es el caso de la integración social de inmigrantes, e impone una serie de obligaciones para las Comunidades al trasladar a estos menores de unos territorios a otros “al margen de los mecanismos de cooperación o colaboración entre el Estado y las Comunidades Autónomas”.

No obstante, Susín ha recalcado que el argumento más importante es que “se está quebrando el principio de igualdad entre las Comunidades Autónomas a la vista de los criterios de reubicación”, así como que los aragoneses se van a ver “perjudicados en favor de los intereses de Pedro Sánchez”.

Susín ha criticado también que este decreto ley se incluyó en el Consejo de Ministros “a última hora”, en lo que es “el modus operandi recurrente del Ejecutivo de Pedro Sánchez, que ha convertido la alevosía y la falta de transparencia en su forma de gestión preferente”.

Frente a ello, ha apostado por afrontar la crisis migratoria como “un asunto de Estado” y no “desde la urgencia de un gobierno abandonado al 'ordeno y mando', que se niega al diálogo con las Comunidades Autónomas y que solo atiende a las demandas de quienes quieren romper la unidad de España”.

El PSOE sostiene que son criterios “objetivos”

La diputada del Grupo Parlamentario del PSOE en las Cortes de Aragón Carmen Dueso ha afirmado este miércoles que los criterios de reparto de menores extranjeros no acompañados, que se han incluido en el Real Decreto resultante de la negociación del Gobierno de España con Junts “son absolutamente objetivos y para todas las comunidades”. Ha ofrecido una rueda de prensa en la que ha apuntado que estos criterios guardan relación con la población, la renta per cápita, la tasa de paro, el sistema de plazas, la insularidad o la dispersión poblacional.

“Es evidente que hay comunidades que tienen más entrada de inmigrantes que otras porque están al lado del mar, básicamente, pero eso no quita para que se tengan que distribuir”, ha continuado Dueso, aseverando que “la no colaboración con este tema tiene tintes muy feos”. La parlamentaria socialista ha añadido: “Estamos hablando de niños que vienen de otros países y los que llegan a España, a todo el territorio, tenemos la obligación de acogerlos y cuidarlos, y cualquier excusa, cualquier mezcla con el tema catalán que no tiene nada que ver, es una excusa fea” para no asumir la responsabilidad.

También ha dicho que “es la primera vez que un Gobierno de España plantea una solución estructural”, insistiendo en que la distribución será “equitativa y con criterios homogéneos”. Sin embargo, “nos encontramos con que el Partido Popular se pone enfrente, se pone a sacar pegas y pretende no colaborar en absoluto”, ante lo que los socialistas se preguntan “cuáles son los motivos reales para esta actitud”.

“Hemos acogido a 900 menores ucranianos que huyeron de la guerra, a los que hemos atendido y escolarizado”, ha dicho Dueso, y se ha preguntado por qué no sirve para el resto de menores o si tiene que ver con el color de piel.

Los populares “están condicionados por VOX”, ha continuado Carmen Dueso, indicando que “en verano del año pasado hicieron todo lo contrario en una situación similar, por lo tanto, algún acondicionamiento tienen, probablemente por los presupuestos”. “Pero podría ser todavía peor. Se niegan a dar datos certificados de cuántos menores migrantes tenemos atendidos y escolarizados en Aragón. ¿Por qué no nos quieren dar datos de cuántos menores más tenemos? ¿Por qué el señor Azcón se niega a colaborar en esto?”, se ha preguntado.

Decreto ley

Los criterios para declarar la situación de contingencia migratoria extraordinaria deberán aprobarse en la Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia en un plazo máximo de tres meses, antes del 20 de junio. No obstante, si no se consigue la unanimidad de las comunidades en la Sectorial, estos criterios se regularán conforme establece el Real-Decreto Ley aprobado este martes por el Consejo de Ministros, que reforma el artículo 35 de la Ley de Extranjería y que entra en vigor este jueves tras publicarse hoy en el Boletín Oficial del Estado (BOE).

Asimismo, según avanzó este martes el ministro Torres, la capacidad de acogida de cada comunidad autónoma se obtendrá de dividir la población total de cada una a 31 de diciembre del año anterior, por el cociente resultante de dividir la población total de España entre el número máximo de personas menores de edad extranjeras no acompañadas atendidas por el conjunto del sistema de protección español, según los datos que envíen las comunidades hasta el 31 de marzo de 2025, y previa inscripción en el registro de menores y certificación del Ministerio de Juventud e Infancia.

Para años sucesivos, esta capacidad máxima se aprobará anualmente y las Ciudades y comunidades autónomas deberán remitir a la persona titular de la Presidencia de la Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia antes del 15 de enero la certificación del titular de la Consejería competente del número máximo de personas menores de edad extranjeras no acompañadas atendidas por su sistema de protección.

En el caso de que no haya acuerdo unánime en la Conferencia Sectorial se establecerán criterios en función de parámetros como el de población (50%), renta per cápita (13%), tasa de paro (15%), esfuerzo (6%), dimensionamiento estructural del sistema de plazas (10%), ciudad fronteriza (2%), insularidad (2%) y dispersión (2%).