El Proyecto Mina Muga, por el que la empresa Geoalcali, S. L. pretende explotar durante 24 años una mina de potasa entre Aragón y Navarra sigue dando que hablar. El último capítulo, seguro que no el definitivo, versa sobre las posibles irregularidades que pudo haber en la concesión de los permisos de investigación. Autorizaciones que fueron otorgadas para la investigación de sales potásicas y sódicas en una superficie aproximada de 20.544 hectáreas en los municipios zaragozanos de Undués de Lerda y Urriés.
Según la Ley 22/1973 de Minas, para dar el permiso los terrenos donde se vaya a desarrollar la investigación han de tener la condición de francos y registrables. Cumplen la primera de ellas, como se puede comprobar por el artículo 2, del anuncio 27.774, del BOE de 20 de noviembre de 1993. Pero existen dudas sobre la segunda de las premisas.
Así se lo hizo saber IU al Gobierno de Aragón con dos preguntas parlamentarias en las que solicitaban información acerca del momento y la forma en la que obtuvieron la condición de registrables, así como el BOE en el que se informa. De igual forma, reclamaron la documentación en la que se amparó el Ejecutivo autonómico para otorgar los permisos si no tenía constancia de que esos terrenos fueran francos y registrables.
Ambas cuestiones, formuladas a la Consejería de Economía, Industria y Empleo, obtuvieron una réplica muy sorprendente. La respuesta oficial de la Administración fue la siguiente: “La solicitud recibida contiene dos preguntas, por lo que al no concretar documentación alguna, no es posible facilitarla”.
La inesperada respuesta impelió, el pasado 20 de abril, a IU a presentar una queja ante la Mesa de las Cortes para que “adopte las medidas que considere procedentes y se dirija a la consejera de Economía, Marta Gastón, refiriéndole que dé una respuesta adecuada e inmediata a la solicitud de información y documentación referida y, por tanto, facilite la información interesada”. Tampoco han recibido, de momento, ninguna respuesta.
El permiso de investigación lo concedió el anterior Gobierno de Aragón (PP), con fecha 7 de abril de 2014. Tal y como explican desde la formación de izquierdas, de no haberse obtenido la condición de registrable, “implicaría que el permiso Muga y el resto de los permisos de investigación que Geoalcali ha solicitado a esta Administración serían nulos de pleno derecho y el proyecto de explotación en tramitación también nulo por realizarse en terrenos no registrables”.
En tramitación
Mina Muga afecta a los términos municipales de Undués de Lerda y Urriés (Zaragoza) y Javier y Sangüesa (Navarra). Actualmente está en tramitación en Madrid e incluye, además del permiso Muga 3500-10 (concedido por el Gobierno aragonés), otro llamado Goyo 35.780, y otorgado por el Ejecutivo navarro, y un último concedido por la Administración estatal (Fronterizo 3502).
Fue el 16 de junio de 2015 cuando se suscribió el convenio de encomienda de funciones entre el Ministerio de Industria, Energía y Turismo, la Comunidad Autónoma de Aragón y la Comunidad Foral de Navarra, para la tramitación administrativa de las concesiones de explotación Muga y Goyo.
Protestas
Desde un primer momento, el proyecto se vio envuelto en un halo de polémica. Y uno de los principales motivos es la poca transparencia mostrada por la empresa. Eldiario.es se ha puesto en contacto en diversas ocasiones con Geoalcali y, en todos los casos, han rehusado hacer declaraciones para, según explicaron, “no contribuir al ruido mediático y no contaminar el procedimiento”.
Esta actitud provocó que 460 vecinos de las localidades afectadas presentaran alegaciones ante el Ministerio de Industria. Partidos políticos y organizaciones como CHA, CGT, Ecologistas en Acción, Amigos de la Tierra o la Fundación Sutrai Erakuntza también rubricaron diversas quejas.