El pasado 15 de diciembre, el consejero de Desarrollo Rural y Sostenibilidad del Gobierno de Aragón, Joaquín Olona, confirmó que cuatro de los once incendios (o conatos) registrados en la comunidad durante el último mes de 2017 fueron intencionados. La cifra podría crecer con los dos que se declararon, en Monroyo y Valderrobres (Teruel), el pasado miércoles 27.
Tras tal acumulación, el Ejecutivo autonómico ha decidido presentar una denuncia ante la Fiscalía. El texto se está pergeñando. Mientras, un equipo de investigación formado por técnicos del Departamento de Desarrollo Rural trabajan sobre la zona para esclarecer las causas de los dos últimos conatos sofocados en tierras turolenses.
Los anteriores –sobre los que ya se ha confirmado que fueron intencionados– tuvieron lugar en Torre la Ribera (Huesca), Valderrobres (Teruel), Mallén y Alberité de San Juan (Zaragoza). Olona señaló que se trata de “un delito que debe ser perseguido” y que “la prioridad es identificar a los responsables y ponerlos a disposición de la Justicia”.
Hasta 20 años de prisión
El Gobierno de Aragón quiere recordar que provocar incendios forestales de forma intencionada es un delito tipificado en el código penal (Capítulo II, sección 2, artículos 352 a 354) con penas de prisión de 1 a 5 años y que pueden ser de 10 a 20 años cuando hay peligro para las personas.
Se consideran agravantes que el incendio se produzca cerca de lugares habitados o los ponga en riesgo, que afecte a espacios o recursos naturales, que haya un beneficio económico o que se produzca en momentos de prealerta por riesgo de incendios.