El relevo en el Gobierno central no cambia los planes respecto al cuartel Sancho Ramírez de Huesca
El Gobierno del Partido Popular decretó en enero de 2015 el cierre del cuartel Sancho Ramírez de Huesca y anunció su reapertura en noviembre de 2017. La primera medida correspondió al entonces ministro de Defensa, Pedro Morenés, y la segunda a su sucesora, Dolores de Cospedal. Ahora, con Pedro Sánchez en La Moncloa, el PSOE mantiene el proyecto y los plazos previstos sin que la agitación política de los últimos días haya movido ni un milímetro los planes iniciales.
Así lo han expresado esta semana el socialista Luis Felipe, alcalde de la capital oscense, y el popular Roberto Bermúdez de Castro, secretario de Estado para las Administraciones Territoriales en funciones. Ambos lo ratificaron en un encuentro que tuvo lugar en el Consistorio. Bermúdez señaló que había trabajado para tratar de desbloquear cuestiones importantes para la ciudad y la provincia como la reapertura del cuartel Sancho Ramírez de Huesca, las obras de las autovías o el embalse de Almudévar. “Estoy convencido de que el nuevo Gobierno dará continuidad a todos estos proyectos”, aseguró.
Tampoco a Luis Felipe le cabía “ninguna duda” de que el Gobierno de Pedro Sánchez, a falta de que se conozca la titularidad de la cartera de Defensa, “mantendrá los compromisos que se han ido cerrando con la ciudad de Huesca” durante los últimos meses. “No tengo ninguna incertidumbre respecto a esto”, subrayó.
En el último pleno del Ayuntamiento se dio un paso decisivo para la compra de los terrenos sobre los que se ampliará el cuartel Sancho Ramírez. Se aprobó una partida de 2,6 millones de euros para los próximos cuatro años que todos los grupos municipales aprobaron por unanimidad.
El 31 de julio, en manos del Ministerio
Así, el Ayuntamiento adquiere a varios particulares 33.000 metros cuadrados de suelo que el 31 de julio se pondrán a disposición del Ministerio de Defensa. La superficie total es de ocho hectáreas de las que la mitad ya eran de propiedad municipal. Para el ejercicio 2018 y los posteriores se había alcanzado un acuerdo previo con el Gobierno de Aragón por el que este aportaría 600.000 euros por año. La partida se incrementará en unos 60.000 euros más que aportará el Consistorio.
El alcalde de Huesca explicaba los detalles y celebraba que “las conversaciones con los propietarios de los terrenos hayan llegado a buen puerto”. Se había superado un trámite con las condiciones económicas acordadas de antemano. Una parte de los terrenos “más urgente comprende una propiedad privada que se ha adquirido y pasa al Ministerio y una importante mayoría que era del Ayuntamiento. Vendrá una segunda fase con el resto de propiedades y se terminará en el plazo acordado entre ambas instituciones”. Defensa realizará, por su parte, una inversión de 10 millones de euros.
El portavoz popular en el Ayuntamiento, Gerardo Oliván, aludió a que “dos cuestiones tan importantes en esta legislatura como el cuartel y el ascenso a Primera no llegan por la acción del equipo de gobierno sino de la ministra de Defensa, Dolores de Cospedal, y de la SD Huesca, que han llegado en auxilio del ‘tripartito’”.
En este punto se desarrolla la puesta a punto para la llegada de la división Castillejos, una de las dos del Ejército de Tierra y que se encuentra hasta la fecha en Madrid con el general de división Fernando García González-Valerio al mando. La superficie construida del Sancho Ramírez es de 40.000 metros cuadrados y de 107.000 en total que han de aumentarse ahora. En el cuartel se ubicarán, asimismo, un batallón de transmisiones, un centro de comunicaciones y una unidad de servicios que se denominará Sancho Ramírez. Los movimientos de tropas se desarrollarán entre 2019 y 2020.
Apoyo plural
Durante su reciente visita a Huesca, Cospedal dio las gracias al Ayuntamiento de Huesca, “al alcalde, a toda la corporación y a todos los partidos políticos que desde hace mucho tiempo han apoyado esta iniciativa muy decidida e importante para todos”. Tanto el Ayuntamiento como los diputados y senadores altoaragoneses habían encabezado iniciativas como una proposición no de ley planteada por el socialista Gonzalo Palacín o con la presencia de la senadora Begoña Nasarre en la Comisión de Defensa. La resistencia ciudadana estuvo encabezada por la plataforma contra el cierre del cuartel.
El cierre y la posterior reapertura, no obstante, salen caros. Fuentes militares indicaban que en su desmantelamiento se invirtieron 3 millones de euros y que solo para desplazar materiales a Zaragoza se emplearon 900.000 euros. El Ayuntamiento de Huesca fijó el impacto de la instalación para la ciudad en 8 millones de euros anuales.
En este punto, el Consistorio ha estrechado lazos con el Gobierno de Aragón, que se encargará de financiar los 1,8 millones de euros que costarán estas adquisiciones. En el presupuesto autonómico para 2018 figura una partida de 600.000 euros que se ampliará en las mismas condiciones en 2019 y 2020.
