La historia de Vox-Aragón es la historia de dos sectores enfrentados en la provincia de Zaragoza, uno apoyado por la militancia –liderado por Julio Calvo, concejal en Zaragoza– y otro respaldado desde Madrid –con el diputado autonómico Santiago Morón como cabecilla, y con el diputado nacional Pedro Fernández moviendo los hilos–. La disputa se ha resuelto recientemente con hechos consumados: al finiquitar el partido las primarias en la confección de los comités ejecutivos provinciales, solo la dirección nacional mueve los hilos en la actualidad. Pero la espita puede abrirla la decisión de despedir, con amenazas veladas de por medio, a dos asesoras de Vox en la Diputación Provincial de Zaragoza (DPZ), ambas muy valoradas por los afiliados.
“Nos dábamos cuenta de que era cuestión de tiempo”, explican Pilar Real y Marta Hormaechea, asesora económica y la asesora jurídica de Vox en Zaragoza, respectivamente. Llevaban colaborando muy activamente como voluntarias en el partido desde 2018, trabajando en todos los ámbitos de la formación, como las afiliaciones, los apoderados, la sede o la gestión de los eventos, cuando les ofrecieron en el verano de 2023 ser contratadas por el grupo en la DPZ, para lo que dejaron sus trabajos como contable -Real- y como gerente -Hormaechea-.
Ahora, la lucha de poder en el partido las deja en la calle, lo cual ha generado un profundo malestar entre los afiliados de la provincia.
Pero lo peor son las formas: con un intento de despido disciplinario y con amenazas veladas para dejarlo estar. ¿Las supuestas indisciplinas? “Que el perfil y las competencias que usted desempeña como asesora no se adecuan a las nuevas necesidades de nuestra organización”, indica en la carta de despido. Lo firma, entre otros, Carlos Rodrigo, el diputado provincial que ha acabado en Vox tras pasar por otros tres partidos: PP, Federación Independiente de Aragón (FIA) y Partido Aragonés. El juicio será en enero en el caso de Pilar Real y en mayo en el de Marta Hormaechea.
Fuentes del sector afín a Calvo con representación institucional reconocen el “malestar” creado por esta situación, pero prefieren mantener el anonimato. Otra voz representativa del partido, también bajo la misma condición, lamenta que se prescinda de dos personas “muy competentes” y que encima se haga “con un despido disciplinario” y creándoles una situación “horrible”.
Morón, sin respaldo entre los militantes
La ‘batalla’ entre las dos facciones de Vox en Aragón tuvo un momento cumbre en la elección en 2020, mediante el sistema de primarias, del comité ejecutivo provincial de Zaragoza. Las fuerzas quedaron claras antes siquiera de que surgiera el enfrentamiento, ya que Santiago Morón no logró ni los avales para presentar candidatura. Ganó Julio Calvo y confeccionó su equipo para disgusto del principal valedor de Morón, el diputado por el Congreso Pedro Fernández. “Entonces empezó revanchismo”, explican fuentes del partido próximas a Calvo.
El escaso apoyo entre los afiliados que ha tenido el tándem Fernández-Morón se ha mantenido en el tiempo. Para las generales de 2023, la ejecutiva provincial envió a Madrid una candidatura liderada por Carlos Falcón y Madrid la devolvió con Pedro Fernández al frente. Entonces, Vox-Zaragoza realizó una encuesta telefónica en la que nueve de cada diez consultados rechazaron a la persona impuesta por Vox nacional, a la sazón candidato y actual diputado en las Cortes Generales.
Esta pasada primavera -y pese a que el mandato de Calvo en la ejecutiva provincial no vencía hasta otoño-, Madrid adelantó el relevo en el órgano e impuso a Santiago Morón, quien pese al mínimo respaldo entre la afiliación diseñó un equipo pleno de ‘moronistas’. “¡A vuestra disposición, compañeros! Lograremos situar a Zaragoza en el lugar que se merece”, exclamó eufórico en un tuit el propio Pedro Fernández.
Al mismo tiempo, los ‘vencidos’ reciben mensajes personales de los ‘vencedores’ con expresiones como “jaque mate”, que los primeros envían al comité de garantías nacional del partido. No hubo sanciones conocidas. “Pedro Fernández nos ha visto siempre como rivales, más que como compañeros de partidos”, sintetiza un exrepresentante de Vox ligado al sector de Julio Calvo.
Pilar Real y Marta Hormaechea empezaron a sospechar lo que acabaría sucediendo cuando solo dos personas del nuevo Comité Ejecutivo Provincial seguían sin cargo remunerado: Sara Ballesteros -concejala en La Almunia, muy próxima al diputado Fernández y enfrentada a Carlos Rodrigo-, y Francisco Antonio Berna -edil en La Joyosa-.
Pese a que ambas eran dos de los activos más importantes de Vox en Zaragoza a la hora de organizar eventos y actos del partido por sus contactos y su afinidad con la militancia, desde la formación ultraderechista se empezó a prescindir de ellas. El diputado provincial pasa de decirles personalmente que les iba a “defender” a pedirles que adoptaran “un perfil bajo” e incluso a indicarles que no era “bueno” para ellas ir a estos actos de campaña.
El 12 de junio, Rodrigo les emplaza a una reunión en la sede del partido. Solo Real puede ir. Ahí se encuentra al presidente provincial Santiago Morón, el vicepresidente Armando Martínez y al concejal en Cadrete Jesús García Royo -‘famoso’ por retirar un busto de Abderraman III de una plaza de la localidad-, junto al diputado provincial. “Fue una encerrona”, señala la exasesora. Ahí le indican que se han “desempeñado bien”, algo en lo que insisten y una opinión que viene avalada también en nombre del partido a nivel nacional. “No hay ninguna queja y de hecho habéis hecho muy buen trabajo”, les indica Morón, quien alude de manera repetida a que se trata de un “cargo de confianza” cuando se trata de un puesto laboral, y no eventual.
Marta Hormaechea, que estaba de viaje el día de la reunión, recibe un burofax del partido para comunicarle su despido. “Después de seis años en Vox, dejándome la vida por el partido, me echan con un burofax”, lamenta la exasesora.
“En Zaragoza, el partido se ha convertido en una agencia de colocación de amigos. Ya no cuenta que valgas o no, sino solo si eres amigo”, critica Hormaechea. “Nadie nos puede acusar de no haber avisado, estamos obligadas a defender nuestros derechos laborales frente al acoso político. Seguimos creyendo por completo en el proyecto político de Vox, pero no así”, añade Real.
En julio, las dos partes -las despedidas y los representantes del partido- estuvieron en el Servicio Aragonés de Mediación y Arbitraje (SAMA) para intentar llegar a un acuerdo, pero no hubo forma. Ahora están a la espera de un juicio que, de resolverse favorablemente para Real y Hormaechea, puede generar un agujero económico al grupo de Vox en la Diputación Provincial de Zaragoza.
Desde Vox, Carlos Rodrigo -portavoz ultraderechista en la DPZ- niega que haya “mala fe”, sino simplemente “una pérdida de confianza” en estas personas. Respecto al hecho de que el despido sea por causas disciplinarias cuando no ha habido ninguna indisciplina, el también concejal en La Muela insiste en que se tomó la decisión porque “son puestos de confianza”. “Se les se ha intentado pagar el máximo que fija la ley, que son 33 días por año trabajado, pero no han aceptado”, ha señalado.