Hace casi 100 años, el 9 de agosto de 1925, 'Heraldo de Aragón' se refería a la 'Huerta honda' de Movera, en el este de Zaragoza capital, como “un inmenso vergel, mina de oro” regada por la acequia de Urdán, “vena propulsora y generadora de la mayor fuente de riqueza” de la zona. La presión para instalar grandes plantas solares en la zona, sin embargo, deja en el aire el futuro de unos campos que eran regados ya en tiempos de los árabes.
Han pasado varios días del “jarro de agua fría” que supuso la sentencia que avala la instalación del parque fotovoltaico de Clarita y los vecinos siguen sin asimilar la noticia. Creen que el Ayuntamiento de Zaragoza podía “haber hecho las cosas mucho mejor” y lamentan que la planta solar, de 13,5 hectáreas, supondrá “hipotecar el futuro de toda la zona”.
“El final del regadío significaría la pérdida de tierras fértiles, tanto para alimentación de cercanía como de alfalfa para el ganado”, lamenta Violeta Marqués como portavoz de la plataforma Salvemos la Huerta de Movera. Pero la instalación de parques solares en la zona va más allá: “Está muy cerca de nuestras viviendas, conseguirán que caiga nuestra calidad de vida. Supone hipotecar el futuro de toda la zona: no solo no se va a desarrollar, sino que nos va a obligar a marcharnos”, añade.
La sentencia que pone en peligro la huerta de Movera -adelantada por este diario- ha sido dictada por el Juzgado de lo Contencioso nº3 de Zaragoza y da razón a la empresa Valdenforne Solar, que impulsa la planta fotovoltaica Clarita. El juez anula la moratoria que el Ayuntamiento de Zaragoza aprobó el año pasado para frenar la instalación de renovables y, al mismo tiempo, da luz verde a la licencia solicitada por la compañía. El fallo determina que el silencio administrativo -la fórmula empleada por el equipo de gobierno del PP para considerar rechazados los recursos de la promotora- debe entenderse como positivo, por lo que le da la razón en ambos recursos.
Clarita es un parque fotovoltaico con una superficie de 13,5 hectáreas, que prevé un despliegue de 10.080 módulos fotovoltaicos y una potencia de 5,7 MW. Y no es el único: en el entorno hay proyectados hasta cuatro instalaciones más (El Perdigal, el Tumbo, Campos de la Ordana y El Lugarico) que abarcan un total de 47 hectáreas.
La duda es cuántas licencias similares se solicitaron antes de que el Ayuntamiento modificara el pasado verano el planeamiento urbanístico para, ahora sí, blindar definitivamente la proliferación de grandes plantas de renovables.
El consejero de Urbanismo, Víctor Serrano no garantiza que el Consistorio vaya a recurrir el fallo, aunque “la idea es que sí”. En plena campaña del 23-M, Serrano consideró “prioritario” proteger la zona. Serrano ha manifestado que la moratoria se impulsó para frenar unas instalaciones que -ha querido enfatizar- “perjudican” a los vecinos, pero ha recordado hubo que adoptarla “in extremis” y que, además, el proyecto “contaban con todos los permisos del Inaga y con el informe de compatibilidad urbanística”.
“Quieren que seamos la pila del polígono industrial”, se queja la representante de Salvemos la Huerta de Movera en referencia al polígono de Malpica, situado al otro lado de la carretera. “Nos tememos que las plantas solares se extiendan junto a las líneas de evacuación y terminen con todo el regadío”, expresa Marqués, quien -respaldada por otros tres miembros de la plataforma a su lado- considera que el Ayuntamiento “podría haber hecho las cosas mejor”. “Ya cuando alegaron a las medidas cautelares que solicitó la promotora nos temimos que podría pasar esto”, destaca.
El equipo de gobierno, tras pactar el apoyo del PSOE y de Vox -y con el voto en contra de ZEC-, aprobó este verano la mencionada modificación del PGOU -la 214- para poner freno a la instalación de nuevos parques. “Con ella se evitaba al menos que ninguna vía de evacuación cruzase la carretera y se introducía una distancia mínima 750 metros de distancia con las zonas urbanas. Pero ahora no sabemos si la sentencia puede afectar a los cambios en el planeamiento”, explica la representante de Salvemos la Huerta de Movera.
El resto de grupos municipales también han cargado contra el equipo de gobierno por su papel en esta polémica. Tanto Vox como ZEC han pedido la comparecencia del consejero de Urbanismo para que dé explicaciones en la próxima comisión del área.
Desde el PSOE, el portavoz de Urbanismo, Horacio Royo, reclama a Serrano “explique dos cuestiones: por qué no se contestó y se optó por silencio administrativo y cuáles son las consecuencias que la nulidad de pleno derecho puede acarrear con las posibles licencias mientras la moratoria estaba en vigor”. “Si se hizo mal ante un tema tan grave, alguien tendrá que asumir responsabilidades políticas”, añade.
El portavoz de Vox, Julio Calvo, sitúa el origen del problema en una modificación aislada -la 153- del Plan General aprobada en 2018, con ZEC en el gobierno municipal, en la que “se incluyó al final un párrafo para permitir en el regadío la instalaciones fotovoltaicas”. Respecto al actual procedimiento judicial, cree que por parte del Ayuntamiento “ha habido negligencia y una respuesta al recurso muy endeble”. “Entre todos se han cargado la huerta de Movera”, sintetiza.
Finalmente, Zaragoza en Común critica, en boca del edil Suso Domínguez, la “inacción” del equipo de gobierno. “Consideramos que, a la vista de la citada sentencia, existen fundadas razones para pensar que este Gobierno no está actuando en defensa del interés general, no se comprende que se vea necesario aprobar una moratoria y no se responda al recurso frente a la misma”, destaca el edil.
Este diario ha intentado conocer la versión de la empresa promotora del parque fotovoltaico, pero no ha sido posible.