De los 60.000 empleados públicos que hay en la Administración autonómica de Aragón, la mitad son temporales. Y, de ellos, más de 17.000 -según los datos del Sindicato de Trabajadores y Trabajadoras por el Empleo Público de Aragón (STEPA)- llevan así un tiempo superior a tres años, el máximo legal. Frente a esta situación, la postura del Gobierno de Jorge Azcón ha sido, según denuncia la organización, llevar a cabo “ceses masivos” en este colectivo “en abuso de temporalidad”, pese a que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha dictaminado que hay que estabilizar los puestos. El mismo viernes, unos 600 interinos se van a ir a la calle por un macroconcurso de traslados.
Para protestar por esta política de “sillas vacías”, que deja a la Administración autonómica en situación de “colapso”, STEPA ha organizado este miércoles una protesta frente a la sede de la Consejería de Hacienda del Gobierno de Aragón. Los manifestantes han mostrado de manera simbólica un gran número de sillas vacías para expresar así de forma gráfica la situación actual. También han portado mensajes que denuncian “el deterioro y la precariedad” de los diferentes Departamentos, y que están saltando a los medios de forma continuada en las últimas semanas. “Por ejemplo, las más de 40 sillas sin ocupar en el Servicio Provincial de Educación de Zaragoza o las demoras de más de un año en la valoración de la dependencia y grado de discapacidad, por la falta de trabajadores”, señalan.
Una de las afectadas en el primer caso es Marta García, interina administrativa en el Servicio Provincial de Educación de Zaragoza. Ha explicado que tras “más de tres años y medio” como interina la van a cesar este viernes, “como a muchas otras compañeras” que, como ella, están en “una edad difícil para el mercado laboral y con cargas familiares”. Lo más sangrante es que su puesto se va a quedar vacío. “Mi plaza pertenece a una persona en una comisión de servicios, que había pedido un concurso de traslados. A ella le han dado la plaza pero le permiten quedarse en su comisión, de manera que mi puesto se va a quedar vacante. Como mi caso hay cientos”, explica Marta García. “Están jugando con nuestra salud”, lamenta en referencia a los responsables autonómicos.
Aragón, el revés que otras comunidades autónomas
En la DGA trabajan en la actualidad 60.399 personas (incluyendo todas las áreas como Sanidad, Educación, etc.), de las que más de la mitad (50,3%) son temporales, según los últimos datos oficiales. De esos 30.406 interinos algunos llevan poco tiempo y cubren necesidades puntuales pero otros –según STEPA, más de 17.000- acumulan más de más de tres años, el máximo legal, y llevan desempeñando en abuso continuado de temporalidad funciones estructurales, por lo que deberían ser estabilizados para ajustarse de una vez a la normativa europea y nacional.
Así lo han hecho otras comunidades, mientras que Aragón lo rechaza e insiste en que la tasa de temporalidad se irá reduciendo al límite legal del 8% mediante las ofertas de empleo público ordinarias. “Se ha demostrado que es inviable, una quimera total, la temporalidad global apenas está disminuyendo pero por contra se incumplen las Directivas Europeas y, lo que es más grave, se provoca un deterioro de los servicios públicos que empieza a ser irreversible y que están padeciendo todos los ciudadanos y los propios trabajadores, que tienen una enorme sobrecarga y la impotencia de no poder desarrollar sus funciones de la forma adecuada”, asegura STEPA.
Como ejemplo de la situación, destaca que en la Administración General trabajan 12.189 empleados y hay 1.453 plazas vacantes, lo que supone que el 12% de los puestos están sin atender. Y otros tantos funcionarios fijos están en comisión de servicio (trabajando en una plaza distinta a la de su oposición). Estas dos anomalías representan nada menos que la cuarta parte de la plantilla. El último boletín estadístico de personal del Gobierno de Aragón reconoce también que solo 3.893 empleados públicos, el 31,5%, tienen destino definitivo.
El viernes, despido masivo
El próximo despido masivo de interinos tendrá lugar este viernes 1 de noviembre, cuando tome posesión definitiva el personal que se encontraba en destino provisional y se incorporen a sus nuevos destinos los más de 600 funcionarios de carrera del segundo macroconcurso de traslados que lleva a cabo Función Pública en la Administración General. En el que solo se han cubierto además un 17% de los 3.207 puestos ofertados. Aún así, cientos de temporales con gran experiencia, algunos incluso de varias décadas, serán arrojados gratis al paro. Lo cual no garantiza tampoco que sus funciones se vayan a seguir desempeñando ya que los sustitutos pueden acogerse a comisiones de servicio. Y tampoco está garantizado que se cubran inmediatamente los anteriores puestos que dejan vacantes los funcionarios fijos.
A esto se añade la polémica instrucción aprobada el pasado mes de mayo por el director general de Función Pública, Antonio Villacampa, que impone el despido automático de los interinos que llevan tres años consecutivos en un puesto, aún a costa de dejarlos sin cubrir ya que la cobertura de esa plaza puede prolongarse bastante tiempo. STEPA califica de “sangrante” que el Ejecutivo de Jorge Azcón haya incumplido totalmente la Ley 20/21, que obliga a estabilizar las 17.000 plazas ocupadas por interinos aragoneses en fraude de ley, y sí la utilice para promover estos nuevos despidos.
Recientemente, casi cinco meses después de aprobada la instrucción, el Ejecutivo aragonés ha aprobado una modificación de la misma, según la cual cada Departamento puede establecer de forma excepcional que algunos interinos permanezcan en sus puestos. Algo que, según STEPA, “no soluciona el problema y aumenta además la arbitrariedad de esta norma, que el Gobierno no quiso aprobar como orden o decreto, para evitar que pudiera ser recurrida”. Desde que se publicó la instrucción, este sindicato pidió su retirada inmediata en la mesa sectorial por las nefastas consecuencias que está ocasionando. “Incluso otros sindicatos, hasta ahora cómplices de todos los acuerdos del Ejecutivo del PP en contra de los trabajadores, se han sumado a esta petición al ver la gravedad de las consecuencias”, señala.
STEPA mantiene que el PP debe cumplir su compromiso preelectoral, del que se olvidó a los pocos meses de llegar a la DGA. En primer lugar, identificar todos los puestos del personal temporal conforme a la Ley, tal como se aprobó en los Presupuestos de 2024 a propuesta de quien en ese momento era su socio de Gobierno, VOX. Y de manera inmediata, “dejar de cesar a ese personal temporal en abuso, con el único objetivo de maquillar mínimamente los escandalosos e ilegales datos de temporalidad”.