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Una irregularidad inmobiliaria pone en evidencia a la figura emergente del PP oscense

El alcalde de Monzón, Isaac Claver, pasea por la ciudad junto al de Zaragoza, Jorge Azcón.

Eduardo Bayona

Zaragoza —

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Una irregularidad urbanística en el piso en el que reside de manera habitual ha dejado en evidencia al alcalde de Monzón, Isaac Claver, que en los últimos meses se había situado como una de las figuras emergentes del PP oscense. Aunque, finalmente, aparte de optar a la reelección en el consistorio, ocupará el tercer puesto en la lista de los conservadores a las Cortes de Aragón.

Claver reside desde hace unos años en uno de los pisos de la sexta y última planta, un ático a efectos prácticos, de una céntrica calle de Monzón (la dirección se omite por motivos de seguridad) inicialmente dotado de una amplia terraza que más tarde se convirtió en un espacio cerrado y cubierto.

Eso supone una irregularidad urbanística de carácter grave en Monzón, donde el cerramiento y la cobertura de las terrazas estuvo prohibida de manera terminante hasta el 30 de agosto de 2019.

A partir de entonces, en uno de los primeros plenos que Claver presidía como alcalde, el ayuntamiento relajó el veto al tramitar una modificación del PGOU (Plan General de Ordenación Urbana) impulsada por el anterior equipo de Gobierno del PSOE para pasar a permitir algunos “usos bajo cubierta”, aunque siempre con la condición de que los nuevos habitáculos ocuparan “una superficie construida máxima del 50% de la superficie de la planta inmediatamente inferior”.

A eso se le añadían las obligaciones de retranquearlos (retirarlos de la fachada) “como mínimo tres metros de las alineaciones oficiales exteriores” y de no superar los 3,5 metros.

Una obligación legal a la que se suma otra moral

La cobertura de la antigua terraza del piso del alcalde de Monzón, que votó a favor de las nuevas normas ya que resultó aprobada por unanimidad, no encaja en esos requisitos, ya que ocupa la totalidad del espacio original, sin ningún tipo de retranqueo. De hecho, el retranqueo reduciría a la mínima expresión la superficie del habitáculo.

¿Y dónde está la clave del asunto? Hay dos: una es la existencia de la irregularidad urbanística; la otra consiste en que el alcalde, conocedor de las exigencias del PGOU y que él mismo apoyó en el pleno, no la ha puesto en conocimiento de los servicios de Urbanismo de Monzón, como era su obligación.

Fuentes municipales señalaron que la terraza ya estaba cubierta cuando Isaac Claver compró el ático y comenzó a vivir en él, aunque eso no le exime de la obligación de ponerlo en conocimiento del ayuntamiento, una obligación en la que a lo legal se le añade la componente moral por el cargo que ocupa.

Sin embargo, el alcalde montisonense, que el pasado martes 18 declinó la posibilidad de exponer su versión de los hechos, ha eludido ese paso en los varios años que lleva residiendo allí.

Prescripción, multa de 6.000 a 60.000 euros y/o derribo

La LUA, la Ley de Urbanismo de Aragón, califica como faltas graves “el incumplimiento de las determinaciones de las normas urbanísticas u ordenanzas de edificación”, la “edificación de sótanos, semisótanos, áticos o entreplantas habitables, no autorizables conforme al planeamiento de aplicación” y, también, “la ejecución de edificaciones sobre una parcela excediéndose de la altura máxima determinada por el instrumento de planeamiento en más de un diez por ciento”.

Esa norma establece para esas conductas sanciones de 6.000 a 60.000 euros, aunque al mismo tiempo contempla unos plazos de prescripción de cuatro años desde que las obras se realizan o desde que se tiene conocimiento de ellas.

Los trabajos de cobertura fueron realizados en abril de 2016, tres años antes de que Claver entrara en el ayuntamiento, por lo que desde ese punto de vista estarían prescritos. Sin embargo, estos seguirían siendo perseguibles si el alcalde hubiera tenido conocimiento de la instalación de la cubierta hace menos de cuatro años, es decir, después de abril de 2019.

Lo que procedería en este segundo escenario es una ‘autodenuncia’ ante la Concejalía de Urbanismo que dirige Raúl Castanera, de C’s, para que los técnicos abran una investigación que puede tener cuatro finales: el archivo por prescripción, la imposición de una multa, la obligación de reponer la legalidad, es decir, de derribar el cubierto, o, también, la combinación de las dos últimas opciones.

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