El próximo jueves, 4 de enero de 2018, finaliza el plazo fijado por la Audiencia Provincial de Huesca para recurrir su sentencia del pasado 30 de noviembre, que ratificaba otra anterior de 2015, anulando la compraventa de los bienes de Sijena. La Generalitat presentará dos recursos: uno de casación y otro extraordinario por infracción procesal.
Ambos cuentan con el beneplácito del ministro de Cultura, Íñigo Méndez de Vigo. Los autoriza, según la información publicada en El Periódico, por respeto a las garantías y derechos procesales que establece el sistema jurídico español. La decisión, cómo era de prever, no ha gustado nada en las huestes del Ejecutivo autonómico aragonés, desde el que –como ya sucediera anteriormente– se ha criticado la actitud del ministro.
El presidente de la comunidad, Javier Lambán (PSOE), ha asegurado que “es desalentador que el Gobierno de España se haya posicionado siempre con Catalunya, con la Generalitat. No ha sido ni siquiera neutral”.
Buenos ejemplos de esta querencia son, para el máximo mandatario autonómico, cuando el secretario de Estado encargado de gestionar la aplicación de artículo 155 en Catalunya, Roberto Bermúdez de Castro, “reprochó al Gobierno de Aragón que exigiera el cumplimiento de la sentencia”. También, el momento en el que “Méndez de Vigo se negó a cumplir la sentencia y la Administración aragonesa tuvo que requerir el uso de las fuerzas de orden público”.
Según Lambán, en este conflicto el Gobierno central “permanece en su actitud de posicionarse del lado de Catalunya contra Aragón. No actúa como el Gobierno de todos, sino como el de una parte de España contra otra”.