El presidente de Aragón, Javier Lambán, ha comenzado su discurso por el Día de Aragón reconociendo los méritos de las tres personas galardonadas este 23 de abril: la cineasta Paula Ortiz (Medalla de las Cortes de Aragón), el cantante, periodista y escritor Joaquín Carbonell (Medalla el Mérito Cultural) y el fiscal de la sala del Tribunal Supremo Javier Zaragoza (Premio Aragón 2019 –máxima distinción ordinaria de la comunidad autónoma).
Especialmente profuso ha sido en la reivindicación de los méritos de Zaragoza. Algo previsible, habida cuenta de que es uno de los fiscales en el juicio del procés. Hay muchos motivos para que Aragón te conceda esta condecoración, ha dicho Lambán, “pero a nadie se le escapa que en este momento se está celebrando un juicio que, para el presidente del Tribunal Supremo, Carlos Lesmes, es el más importante de la historia de la democracia en España, y tú, junto al resto de fiscales, estáis rayando a una altura que nos enorgullece a todos los españoles”.
Se está juzgando, ha dicho el presidente aragonés, “a unos ciudadanos españoles que residen en Catalunya en aplicación del artículo 472 del Código Penal, que establece que el delito de rebelión es un alzamiento violento y público”. En la misma línea de sus primeras palabras, Lambán ha asegurado que no sabe cuál será el resultado final, “pero desde el ámbito de la política contemplamos con admiración lo que estáis haciendo. Estáis dando ejemplo desde la Fiscalía, un ejemplo impagable”.
“La supremacía de la voluntad popular sobre la ley es el origen de funestas experiencias históricas”
Con anterioridad, Javier Zaragoza, natural de Alcorisa (Teruel), aseguró que este es uno de los premios que marca y define la vida de una persona, “por la confluencia de mis orígenes y mi trayectoria profesional”. El Ministerio Fiscal, ha señalado, es “pieza clave de la arquitectura constitucional del Estado de derecho y el fiscal es el primer garante de los derechos fundamentales que la Constitución proclama”.
Zaragoza ha recordado las palabras de Felipe VI cuando aseguró que “no hay democracia sin respeto a la ley” y ha hecho hincapié en el sometimiento de todos a las leyes, “ciudadanos y, muy singularmente, los poderes públicos”. La supremacía, ha dicho el fiscal, “de la voluntad popular sobre la ley, y al margen de la ley, está en el origen de funestas experiencias históricas bien conocidas”.
Operación Nécora y lucha antiterrorista
El jurado propuso por unanimidad reconocer a Zaragoza “por su labor en la promoción de la justicia, en defensa de la legalidad, de los derechos de los ciudadanos y del interés público; por su compromiso cívico y por su notoria y profunda vinculación con Aragón”.
Este galardón, explicaron, reconoce “una brillante trayectoria profesional y destacada presencia en casos de narcotráfico como la Operación Nécora o la lucha antiterrorista y la causa sobre el asesinato de Manuel Giménez Abad –presidente del PP aragonés y senador asesinado por ETA en 2011–. Sobresale por su valía moral, su rigor técnico, y el continuo servicio al Estado y su pedagogía, lo que le ha convertido en un aragonés ejemplar y un referente indiscutible en la defensa de los valores constitucionales”.
“Los responsables de la violencia del 1-O fueron quienes usaron a los ciudadanos como murallas humanas”
El fiscal Zaragoza saltó a la palestra en la segunda jornada del juicio del “proces” cuando se pusieron sobre la mesa las acusaciones de la Fiscalía y, como relató eldiario.es, defendió la actuación de las Fuerzas de Seguridad, asegurando que utilizaron una fuerza “legítima y proporcionada” en la represión del 1-O y que los únicos responsables de aquella violencia fueron quienes enviaron a los ciudadanos a actuar como “murallas humanas” contra su actuación.
Además, tachó de “ridícula e injustificada” la actuación de los abogados defensores por realizar, según él, “una denuncia masiva de supuestas vulneraciones” de los derechos fundamentales de los acusados. Su interés, añadió, es “sentar en el banquillo al Estado”, cuya actuación se ha limitado a “aplicar la Ley”.
Zaragoza calificó los escritos de las defensas como “libelos acusatorios basados en un relato alternativo que presentan una visión distorsionada de la realidad”. Los abogados de los doce acusados, dijo, pretenden “desacreditar y desprestigiar la Justicia española y las instituciones democráticas”.