Luz verde a la modificación de la ley para prohibir los circos con animales en Aragón

El 2 de junio de 2017, las Cortes de Aragón, con el único voto en contra del PP, aprobaron una proposición no de ley –presentada por IU– para modificar la Ley 11/2003, de 19 de marzo, de Protección Animal en la Comunidad Autónoma de Aragón y prohibir la presencia de animales salvajes en los circos en la comunidad. Este lunes, el Consejo de Gobierno del Ejecutivo autonómico ha aprobado el anteproyecto de ley por el que se modificará dicha normativa.

Esta ley, recuerdan desde el Gobierno autónomo, en su artículo 2, “pretende hacer efectivos los fines de alcanzar un nivel de bienestar de los animales adecuado a su condición de seres vivos y compatibilizar el adecuado trato de los animales con el disfrute por el ser humano de los mismos, así como permitir la utilización de los animales para la mejora del bienestar económico, físico y social del ser humano, sin que ello suponga infligir a los animales un daño o maltrato innecesario para alcanzar este objeto”.

La presencia de animales de fauna silvestre en espectáculos circenses, continúa el texto, “puede ser un motivo de reclamo para la demanda de espectadores, si bien existen otras opciones de poder disfrutar de dicha fauna sin necesidad de infligirles ningún daño adicional. Además, las prácticas circenses con fauna silvestre pueden suponer un elemento fundamental en el tráfico ilegal de animales y la caza furtiva de especies protegidas”.

Ahora se continuará con los trámites legalmente preceptivos hasta su aprobación como proyecto de ley por el Gobierno de Aragón, quien llevará a las Cortes de Aragón el proyecto de ley para su debate.

Pregunta en el Pleno de IU

Hace una semana, IU anunció que llevaría, de nuevo, este asunto al Pleno. Desde la formación de izquierdas mostraban su “malestar ante la falta de cumplimiento por parte del Gobierno de Aragón”.

Apuntaron, además, que la portavoz de IU en el Parlamento aragonés, Patricia Luquin, ya hizo una pregunta al respecto en el Pleno del pasado 1 de junio. En aquella ocasión, recuerdan, el consejero de Desarrollo Rural y Sostenibilidad, Joaquín Olona, “además de pedir disculpas en reiteradas ocasiones por entender que no había justificación alguna para no haber cumplido la resolución”, dijo que todo se debía a “razones puramente técnicas, administrativas”.