La concejala de Medio Ambiente y Movilidad del Ayuntamiento de Zaragoza, Teresa Artigas, ha remitido una carta al ministro de Fomento, José Luis Ábalos, en la que le plantea la necesidad de una Ley de Financiación del Transporte Público urbano y metropolitano, “que garantice la implicación estable del Estado en el sostenimiento de este derecho en condiciones de calidad, eficiencia, sostenibilidad financiera y riguroso respeto a la protección física del medioambiente”.
En la misiva, Artigas ha adjuntado el texto de la Proposición de Ley que en este sentido presentó el pasado 24 de enero en Valencia, junto con las concejalas de Movilidad de Madrid, Barcelona, Valencia y A Coruña, y que también ha sido apoyada por los grupos parlamentarios de Unidos Podemos y Compromís en el Congreso de los Diputados.
La propuesta consiste en la creación de un fondo estatal que “financie adecuadamente” a los municipios de más de 50.000 habitantes siguiendo criterios objetivos como el número de viajes, el total de kilómetros recorridos, la cobertura y la eficiencia, y de manera estable, “no sujeta a la arbitrariedad del cada momento político”. Este fondo vendría a cubrir tanto gastos operativos como inversiones en infraestructuras de transporte público.
“El Gobierno estatal debe involucrarse en el mantenimiento del transporte urbano, que es el que usan millones de personas diariamente, como sucede en todos los países de Europa”, manifestó la concejala en la presentación del texto.
El 20 de septiembre fue aprobada una proposición no de ley en el Congreso de los Diputados, que instaba al Gobierno a elaborar un texto legal en colaboración con las ciudades. Por ello, las grandes ciudades de España han tomado la iniciativa presentando ya un anteproyecto de Ley que impulse la tramitación.
El anteproyecto de ley, explicaron, “servirá para regular el régimen de financiación del servicio público de transporte colectivo urbano en el marco de las competencias atribuidas por la Constitución y las leyes a las diferentes administraciones públicas. Prevé además la creación de una comisión gestora para realizar la propuesta de liquidación con base en los criterios fijados para las subvenciones”. Tal y como han explicado los responsables de movilidad de las ciudades impulsoras, “el Fondo deberá dotarse anualmente en los Presupuestos Generales del Estado por un monto no inferior al 0,25 del PIB del año anterior (equivalente este año a 2.500 millones de euros)”.
El fondo tendrá tres destinos principales: los transportes urbanos colectivos en municipios de más de 50.000 habitantes no agrupados en consorcios metropolitanos, los transportes urbanos y metropolitanos para los consorcios metropolitanos, y proyectos de inversión que promuevan directa o indirectamente la mejoría de la movilidad en los municipios solicitantes. En este apartado, tendría cabida la línea Este-Oeste de alta capacidad para Zaragoza.