A finales de septiembre, el presidente Jorge Azcón anunció, en línea con su -en sus palabras- “compromiso con las familias”, una dotación de 200.000 euros en materia en ayudas para las familias en lista de espera de atención temprana. El problema es que, al ser subvenciones, son los propios beneficiarios los que tienen que adelantar el dinero, algo que penaliza a los colectivos más vulnerables. El PSOE ha denunciado hoy lo que teme que se trate de “un cambio de modelo” más próximo a la “privatización”. Una sospecha que acrecienta el hecho de que el propio jefe del Ejecutivo reveló que en 2025 esta convocatoria aumentará hasta los 500.000 euros.
La portavoz socialista de Bienestar Social y Familia en las Cortes de Aragón, Pilimar Zamora, ha criticado este martes que el nuevo sistema “excluye a las familias más vulnerables al obligarles a adelantar el dinero de los tratamientos de los menores”. Este servicio está concertado y, según denuncia el PSOE, ahora se accede mediante una subvención, lo que supone que las familias tendrán que adelantar el dinero y este se les pagará posteriormente.
El sistema mantiene su lista de espera habitual, pero las familias que necesiten podrán acceder a los servicios de atención temprana “por su cuenta” y, posteriormente, el importe del servicio les será devuelto mediante una subvención. La convocatoria actual cubre los servicios que se han prestado desde el 1 de enero al 15 de noviembre de 2024.
Desde el Departamento de Bienestar Social y Familia del Gobierno de Aragón sostienen que “la financiación cambia de destinatario, pero el resultado final es más niños atendidos, que se supone que es lo importante”. Explican también que esta orden de ayudas de 200.000 euros se dirige a las familias que, “estando en lista de espera, quieran iniciar el tratamiento de sus hijos por su cuenta, en tanto en cuanto se le asigna el servicio concertado. Con estas ayudas no se pretende privatizar nada sino evitar retrasar el acceso de los menores al servicio”, aseguran las mismas fuentes.
Para los socialistas, sin embargo, esta medida rompe con el modelo de atención pública y concertada que ha permitido a Aragón atender a menores con trastornos en su desarrollo o en riesgo de padecerlos durante más de 20 años, y que ahora se convierte en “un sistema privatizado que margina a las familias que no pueden permitirse adelantar el dinero”, según Pilimar Zamora.
Por su parte, la portavoz de Bienestar Social y Familia del PP en las Cortes, Silvia Casas, ha respondido al PSOE asegurando que para el Gobierno de Azcón “la atención de estos niños es una prioridad, así se ha trabajado y así se va a seguir haciendo y así lo estamos demostrando”. Ha acusado al PSOE de “falsear los datos para intentar seguir con su ronda de ruedas de prensa basadas en bulos y vacías de contenido. Ni hay recortes ni hay privatización, lo que hay es apoyo a los niños y a sus familias”.
“Es sorprendente que el PSOE hable de privatización cuando este es el modelo de servicios sociales que nos dimos entre todos. Ellos saben que no se puede mejorar el contrato con las entidades que prestan el servicio hasta 2027 y por eso se ha posibilitado que las familias puedan recibir ayudas directas, 200.000 euros, para que niños que han sido valorados puedan recibir la atención que necesitan”, ha dicho Casas.
Un sistema “en peligro”
Desde el PSOE consideran que el sistema de Atención Temparana está “en peligro”: “En lugar de reforzar la infraestructura pública existente, el gobierno ha lanzado una convocatoria de ayudas individuales que beneficia solo a las familias capaces de adelantar el coste de los tratamientos”, ha incidido Zamora. “Esta medida deja fuera a las familias que no pueden permitirse cubrir estos gastos de antemano, generando desigualdad y vulnerando el derecho a la atención de los menores que más lo necesitan”, ha subrayado Zamora que ha explicado que, las ayudas estarán disponibles solo durante diez meses y medio, de enero a noviembre de 2024, y muchas familias, incluso aquellas que pudieran adelantar el coste, pueden tener dificultades para encontrar centros de tratamiento cercanos en el caso, por ejemplo, del medio rural.
“A pesar de contar con un presupuesto de 200.000 euros para la atención temprana, el gobierno no ha destinado fondos a aumentar el personal en los centros del Instituto Aragonés de Servicios Sociales (IASS) ni a extender la colaboración con entidades sin ánimo de lucro, como se hacía con los equipos itinerantes en el pasado”, ha criticado.
El Grupo Socialista va a proponer destinar los 500.000 euros previstos para la convocatoria de 2025 a reforzar el sistema público, reforzar los equipos de valoración y tratamiento del IASS e incrementar los equipos itinerantes, que han demostrado su efectividad. Además, exigen que, de no revertirse la medida, no se obligue a las familias a adelantar el dinero de los tratamientos, ya que “esto significaría que por primera vez en la historia se excluiría de este servicio a los niños y niñas cuyas familias no puedan asumir este coste”.