Marisol Aured, la exalcaldesa de La Muela (Zaragoza) para la que Fiscalía pide cuatro años de cárcel por prevaricación, fraude y malversación, y a la que la mayoría del Consistorio propone reprobar y pedirle que entregue el acta de concejal, sigue siendo la portavoz de su grupo pese a haber sido suspendida de militancia por la dirección autonómica de los conservadores.
La causa de esa contradictoria situación se halla en el apoyo por omisión que la da la dirección provincial, que hasta la fecha ha eludido comunicarle la suspensión provisional de militancia que ordenó hace unas semanas el Comité Regional de Derechos y Garantías.
“Está suspendida pero sigue en el grupo y como portavoz porque quien debe comunicárselo no lo hace”, explicaron fuentes del PP autonómico, que insistieron en que formalmente “no es militante en este momento”. La dirección provincial sostiene, por su parte, que son los concejales de cada grupo municipal los que eligen a su portavoz.
El artículo 18 de los estatutos del PP establece la apertura de un expediente disciplinario “en los casos en los que un afiliado incurra [presuntamente] en cualquier forma de corrupción en el ejercicio de un cargo público, o realice conductas que estén tipificadas como delito doloso que por su naturaleza o por las circunstancias en las que se hayan cometido”, a partir de que el juez decrete la apertura del juicio oral, y deja en manos de los comités de derechos y garantías la suspensión de militancia del afectado. El procedimiento se resuelve cuando hay sentencia.
El contrato y las facturas de la basura
El caso por el que la Fiscalía pide cárcel e inhabilitación para Aured se remonta a la época de su antecesora, Mariví Pinilla (PAR), condenada a 16 años de prisión y 74 de inhabilitación y multada con diez millones por la Audiencia de Zaragoza en la sentencia de la operación Molinos, recurrida ante el Supremo.
La pasada legislatura, en la que el PP gobernó en minoría el Consistorio, el concejal encargado de supervisar el servicio de recogida de basuras detectó un descuadre entre las cantidades que la empresa que lo gestionaba –SEUL- había facturado y las que constaban como entregadas en el vertedero comarcal. Según la Fiscalía, Aured cargó al Plan de Pago a Proveedores 735.000 euros en facturas –algunas supuestamente hinchadas- de esa sociedad y, después, presuntamente renegoció el contrato. El juez le ha impuesto una fianza de responsabilidad civil de casi 800.000 euros.
Aured, que sucedió en 2011 como alcaldesa a Pinilla –con la que fue concejal en las listas del PAR-, fue uno de los dos testigos protegidos de la operación Molinos.
Este jueves está convocado un Pleno extraordinario para debatir la propuesta de resolución en la que los otros cuatro grupos del pleno –CHA, PAR, PSOE y Cambiar La Muela, que suman siete de los once concejales- plantean su reprobación y le reclaman que dimita de su cargo de edil. La moción de reprobación se dirige también al grupo del PP “por su falta de respuesta ante la situación”.