Caras de la izquierda aragonesa, española y europea se han acercado hasta la cárcel de Zuera este martes para denunciar la condena a los 'seis de Zaragoza'. “Nadie ha frenado esta barbaridad. Presentamos una solicitud de indulto hace un mes y no hemos obtenido respuesta. Es una condena injusta y urge su puesta en libertad”, ha reclamado Pablo Rochela, de la plataforma Libertad 6 de Zaragoza. También ha hablado Francho, el padre de uno de los condenados, asegurando que su hijo no tuvo “un jucio con garantías”.
Hasta la cárcel de Zuera se han desplazado políticos aragoneses como Elena Tomás, concejal de Zaragoza en Común en el Ayuntamiento de Zaragoza, Álvaro Sanz, diputado de IU en las Cortes de Aragón o Marta de Santos, coordinadora de Podemos en Aragón. También han acudido Jorge Pueyo, diputado por Sumar en el Congreso de los Diputados, Isa Serra, portavoz de Podemos, Miguel Urbán, diputado en el Parlamento Europeo y José Ignacio García, miembro de Adelante Andalucía.
Isa Serra ha calificado esta condena de “cruel e injusta” y ha dicho que es fruto “de un montaje policial”. Ha declarado estar “orgullosa” de que estos jóvenes acudieran a una manifestación “contra el fascismo” y ha pedido al Gobierno de España el indulto y la derogación de la Ley Mordaza. También ha apoyado la derogación de esta ley Álvaro Sanz, líder de Izquierda Unida en Aragón: “No cabe un minuto más. Hay que tramitar la derogación de la ley Mordaza”
Jorge Pueyo, diputado de SUMAR por Aragón, ha dicho que se va “llevar el caso al Consejo de Ministros y vamos a mostrar nuestro apoyo al indulto. Es urgente”.
Condena
Las condenas a los seis de Zaragoza se empezaron a hacer efectivas a finales de abril. La sentencia condenatoria se basa en las conclusiones del atestado policial y en las declaraciones de los agentes de policía. Hay unas imágenes de las cámaras de seguridad de la Universidad, pero la propia sentencia reconoce que “la identificación de la identidad de las siluetas que aparecen en las grabaciones resultó imposible para la sala debido a su deficiente calidad y a la falta de luz, dada la hora en que se produjeron los hechos, por lo que no fue posible determinar si el acusado se encontraba o no presente dentro del grupo violento”.
Los detenidos no se conocían entre ellos y en todo momento han reconocido que asistieron a la manifestación que terminó con cargas policiales. Sin embargo, siempre han negado que fueran los encapuchados que quemaron contenedores y provocaron lesiones a varios policías.
Al día siguiente fueron puestos a disposición judicial acusados de desórdenes públicos y atentado a la autoridad y lesiones. Dos de los acusados eran menores de edad en el momento de su detención y la Audiencia de Zaragoza les condenó a una multa de 11.000 euros a 14.000 euros y un año de libertad vigilada. Los cuatro restantes, que sí eran mayores de edad, fueron condenados a seis años de prisión, el Tribunal Superior de Justicia de Aragón (TSJA) elevó esta pena a siete años añadiendo el delito de lesiones, delito del que habían sido absueltos en primera instancia.
Esta sentencia fue recurrida ante el Tribunal Supremo en busca de la absolución. El Supremo rebajó la condena a cuatro años y nueve meses a cada uno de los cuatro antifascistas por “delitos agravados de desórdenes públicos y atentado” y “lesiones”. La sentencia firme del caso entiende que varios delitos deben condenarse en concurso, no de forma aislada, lo que rebaja la sanción por los delitos más graves.