El PSOE pide el cese de la nueva directora general de Vivienda del Gobierno de Aragón, Pía Canals, porque según su denuncia incurriría en un caso de “conflicto de intereses e incompatibilidad del personal al servicio de las administraciones públicas debido a que cuando fue nombrada el pasado 31 de agosto no se habían rescindido todos los contratos que la vinculaban con el departamento de Vertebración del Territorio, Movilidad y Vivienda, denominado ahora por el ejecutivo pactado entre PP y Vox de Fomento, Vivienda, Movilidad y Logística. Una situación que el departamento niega y que considera conciliable con la Ley de Integridad y Ética Pública de Aragón que los socialistas invocan para señalar ese posible conflicto de intereses.
El PP ha replicado en las últimas horas al PSOE con el argumento de que el nombramiento se publicó en el Boletín Oficial de Aragón (BOA) el 1 de septiembre, a efectos de 2 de septiembre, y que día 1 Casals “presentó por registro su renuncia de los contratos que había suscritos con el entonces Departamento de Vertebración del Territorio”. Estos eran, según se refleja en el Portal de Transparencia del Gobierno de Aragón, la redacción y elaboración de la delimitación del suelo urbano de Lascellas-Ponzano; la redacción y elaboración de la delimitación del suelo urbano de Palo, el Plan General Simplificado de Plan y el Plan General Urbano Simplificado de Puértolas. Los tres, por un importe total de adjudicación de alrededor de 65.000 euros.
El departamento de Fomento, Vivienda, Movilidad y Logística, del que depende la dirección de Vivienda, añade que se trata de “contratos firmados anteriormente”, y que según lo previsto en el artículo 48.2 de la Ley de Integridad y Ética Pública de Aragón, “la directora presentó su renuncia a los contratos y se trasladó a la dirección general de Urbanismo a los efectos de tramitar la resolución de los contratos”.
Por ello, “se desvinculó de todos los contratos que mantenía con la administración autonómica en el momento en que fue nombrada para tal cargo, manteniendo en todo momento un escrupuloso comportamiento para no incurrir en incompatibilidad alguna”. El PSOE no lo entiende así. Alude a que “los contratos públicos se extinguen por su cumplimiento o su resolución anticipada” y a que “la resolución anticipada tiene que aprobarse por el órgano de contratación tras la tramitación del procedimiento”, señalan fuentes de este partido.
Entiende la formación que “en tanto no se resuelva el contrato, este continúa vigente. Por lo tanto, esta directora tiene una doble vinculación como alto cargo del Gobierno de Aragón y como contratista, e incurre en una incompatibilidad grave y en conflicto de intereses”. Le recuerda al ejecutivo de Jorge Azcón que “haría bien en reflexionar porque hay previsto un régimen sancionador tipificado en la Ley de Integridad y Ética Pública.
Si se demostrase esta incompatibilidad, la directora general podría incurrir en una falta muy grave que acarrea como sanciones el cese en el cargo y la obligación de restituir las cantidades percibidas indebidamente, además de no poder ser nombrada ni miembro del gobierno ni alto cargo de la administración en un plazo de entre cinco y diez años, según recoge la norma.
Los primeros nombramientos de directores generales en el Gobierno de Aragón no logran esquivar la polémica. La de Justicia, Esmeralda Pastor, y el de Caza y Pesca, Jorge Valero -ambos de Vox- propagaron en sus respectivas redes sociales mensajes de apología del franquismo. Azcón confirmó que no iba a relevarles en sus puestos.