Un día después de que el juez mantuviera la imputación del expresidente de la Diputación Provincial de Teruel (DPT), Antonio Arrufat, tras declarar en la causa que investiga las presuntas irregularidades contables del Consejo Regulador de la Denominación de Origen (CRDO) del Jamón de Teruel, el líder socialista ha presentado su dimisión. Lo ha hecho de manera “voluntaria” según explica en un comunicado, aunque hace menos de 24 horas que se negaba a hacerlo porque la imputación se enmarcaba en “diligencias previas” y no hay una apertura de juicio oral.
La presión de Pablo Echenique, el líder de Podemos en Aragón, para que el socialista turolense dimitiera, o el presidente de Aragón, Javier Lambán, le cesara, había tensado mucho las relaciones entre ambas formaciones, condenadas a entenderse por los números democráticos, y más en fechas tan cercanas a las elecciones.
Arrufat ha alegado que dimite “de forma voluntaria y para no dañar la imagen del Gobierno de Aragón y del Partido Socialista”. Quiere dejar constancia, dice en la misma nota, de su “agradecimiento” por su nombramiento como delegado del Gobierno de Aragón en Teruel y, señala el comunicado, “por el respaldo de su partido”. El juez decidió mantener la imputación del líder socialista por prevaricación y malversación de caudales públicos, por su actuación en la concesión de unas subvenciones indebidamente justificadas, según un informe pericial.
Por este mismo motivo el magistrado ha mantenido también la imputación a un funcionario de la Diputación y está llamado a declarar como imputado también Francisco Abril, diputado del PAR en el periodo investigado, y actualmente vicepresidente de la Comarca Comunidad de Teruel.
Las subvenciones investigadas fueron concedidas tras el visto bueno por unanimidad en un Pleno de la Diputación Provincial de Teruel, después de los “reparos” que puso un interventor en el procedimiento puesto que la institución no contaba con una normativa general para subvenciones.
También está llamado a declarar un miembro del Tribunal de Cuentas y, previsiblemente, tendrán que pasar por el tribunal representantes del Instituto Aragonés de Fomento (IAF) del Gobierno de Aragón, puesto que también hay “defectos en la justificación” en subvenciones concedidas por este organismo.
Hasta el momento, el número de imputados por esta causa se acerca a la veintena, principalmente miembros del Consejo Regulador y el gerente durante el periodo investigado (2009 a 2013). La investigación se inició a partir de una denuncia del expresidente del Consejo, Eugenio García, destituido de su cargo tras la dimisión de la mitad del Consejo, lo que derivó en una crisis interna y la disolución de la junta.