La asistencia jurídica gratuita a mujeres víctimas de violencia o discriminación, a los presos y a los inmigrantes -cuando se trate de consultas o tramitaciones planteadas en el ámbito del derecho de extranjería y derecho migratorio- ha adquirido este jueves, 19 de octubre, rango de ley en Aragón. Las Cortes de la comunidad han aprobado el dictamen por el que se regulan los servicios de asesoramiento y orientación jurídicos gratuitos.
Todos los grupos han apoyado el texto definitivo, que se convierte en un nuevo marco legal para la comunidad autónoma, “que garantiza una cobertura jurídica universal para aquellas personas que no pueden asegurarse la asistencia y orientación jurídicas necesarias”.
Los colegios profesionales llevaban más de 20 años prestando este servicio, ahora lo harán amparados por una normativa. El decano del Colegio de Abogados de Zaragoza, Antonio Morán, ha señalado a EFE que el principal mérito de esta ley es que es “pionera en España”.
Para él, la única manera de garantizar que este servicio se presta “con imparcialidad, objetividad y profesionalidad es que lo hagan los colegios de abogados y no a través del mercado”, es decir, sacándolos a concurso. Ha recordado, además, que los colegios no tienen ánimo de lucro y que esta asesoría se encuentra entre sus “obligaciones propias”.
Esta proposición no de ley, propuesta por el Partido Popular bajo la denominación inicial de proposición de Ley aragonesa de garantía jurídica universal, fue admitida en octubre del año pasado y tomada en consideración por el Pleno a principios de noviembre. Tras estos primeros trámites, se presentaron más de 100 enmiendas por parte de los diferentes grupos parlamentarios, que han trabajado durante siete sesiones de la ponencia para generar el dictamen que ahora ha sido sustanciado por el Pleno y apoyado por unanimidad.