Aragón envejece por los pueblos: medio censo supera los 50 años en municipios de menos de 5.000 vecinos

Solo en Castilla y León y en Galicia la población rural está más envejecida que en Aragón, donde el 47,9 % de los vecinos de los pueblos de hasta 5.000 habitantes tiene 50 años o más. Las otras dos comunidades alcanzan el 53 % y el 57 %, respectivamente.

El dato, que consta en una respuesta parlamentaria del Gobierno al diputado malagueño del PSOE Miguel Ángel Heredia, es un indicador claro de los desequilibrios territoriales que el envejecimiento y la despoblación están provocando en Aragón.

Uno de cada cuatro aragoneses (335.819 de 1.308.750) vivían en 2012 en municipios de menos de 5.000 vecinos empadronados, según los datos del INE (Instituto Nacional de Estadística). Tanto el número total (316.689) como el peso demográfico (23,5 %) del mundo rural se redujeron en el lustro siguiente, en el que la comunidad ganó 40.707 habitantes.

Sin embargo, ese descenso tuvo una particularidad: tanto el volumen como el porcentaje de los mayores de 50 años domiciliados en pueblos crecieron, al pasar de 150.399 a 151.597 y del 44,8 % al 47,9 %.

Mientras tanto, el vecindario seguía creciendo en 17 de los 24 municipios de más de 5.000 habitantes (Barbastro, Binéfar, Jaca, Monzón, Sabiñánigo, Alcañiz, Andorra, Alagón, La Almunia, Calatayud, Caspe, Ejea, Tarazona, Tauste y las tres capitales), a los que se sumaba Borja, y descendía en siete: Fraga y seis de los enclaves emblemáticos del desarrollo urbanístico en el cinturón metropolitano de Zaragoza durante la época de la burbuja inmobiliaria, como Cuarte, María de Huerva, La Muela, La Puebla de Alfindén, Utebo y Zuera.

“La despoblación debe tratarse como un problema de Estado”

“En sólo cinco años se ha reducido en medio punto porcentual la población de nuestro país que vive en municipios menores a 5.000 habitantes, donde además se ha registrado un importante incremento del envejecimiento demográfico”, destaca Heredia, cuyos datos indican que ese proceso de despoblación y envejecimiento es más acusado en Aragón que en el conjunto del Estado.

En el conjunto del país, los mayores de 50 años han pasado de representar el 42,4 % del censo de los pequeños municipios al 45,8 %, con avances especialmente significativos en comunidades como Madrid (16,4 %), Baleares (23,5 %) o Canarias (38,4 %). Eso, en un país en el que la mitad de los pueblos españoles está en riesgo de extinción y el 62 % de los 8.125 existentes (4.955) tiene menos de mil habitantes.

“Que más de 4.000 municipios españoles, más de la mitad de los que hay en el Estado, se encuentren actualmente en un riesgo más o menos severo de extinción a medio o largo plazo es uno de los datos que avalan la consideración de este problema como una cuestión de Estado”, señala el diputado, que califica de “calderilla” los cien millones de euros que el Gobierno central plantea destinar a medidas contra la despoblación y anuncia una batería de iniciativas para “que el Ejecutivo se comprometa a adoptar medidas concretas de inversión y apoyo a los municipios y a las zonas donde el riesgo de despoblación es mayor, con un calendario de ejecución establecido”.

Poco más de dos trabajadores por pensionista

La problemática se agudiza en las tres provincias aragonesas si se tienen en cuenta otros datos: de los 219.702 habitantes de Huesca, los 135.562 de Teruel y 953.486 de Zaragoza, según el padrón de 2017, solo 105.900, 64.900 y 456.100 están ocupados según la última Encuesta de Población Activa; bastante menos de la mitad pese a los respectivos aumentos de 11.600, 9.600 y 44.700 registrados desde la crisis.

En ese mismo periodo de tiempo, el volumen de pensionistas se elevó en 5.300 (3.200 jubilados y 2.100 declarados incapaces para trabajar), mil (-300 y 1.300) y 21.400 (13.000 y 8.400) para situarse, respectivamente, en 48.800 en Huesca, 31.100 en Teruel y 195.900 en Zaragoza.

Esas cifras sitúan a Teruel al borde del ratio de dos trabajadores por pensionista, incluyendo en los primeros a todos los ocupados sin discriminar la calidad ni la duración de su empleo, y conceden a Huesca y Zaragoza sendos márgenes de menos de dos décimas y poco más de tres, lo que enciende las luces de alarma sobre la sostenibilidad local del sistema de previsión social.