Loporzano lidera una plataforma estatal contra la ganadería intensiva
“La coordinadora se comenzó a gestar en Loporzano el año pasado y se ha consolidado en Cuenca”, explica Rosa Díez, miembro de Loporzano Sin Ganadería Extensiva y coportavoz de la Coordinadora Estatal Stop Ganadería Industrial, fundada hace unos días en Minglanilla (Cuenca) en el segundo encuentro de organizaciones ambientalistas y movimientos vecinales sensibilizados con la proliferación de este sector productivo y sus efectos en el medio.
La coordinadora, que ha habilitado la web Stop Ganadería Industrial, aglutina a más de 30 organizaciones y movimientos de Andalucía, Aragón, las dos castillas, Murcia y la Comunidad Valenciana, a las que se añaden Amigos de la Tierra, Compassion in World Farming, Ecologistas en Acción, Food & Water Europe, Greenpeace y Justicia Alimentaria.
“Hemos empezado a hablar de impulsar acciones y movilizaciones a nivel estatal y de llevar el tema a Europa”, explica Díez, para quien la proliferación de la explotación intensiva de ganado, especialmente en el caso del porcino, “se está haciendo de una manera desmesurada y descontrolada”.
“Se trata de que no pongan en ningún pueblo una industria de este tipo sin que la gente sepa a qué se expone”, añade. La ganadería intensiva es la responsable del 14,5 % de las emisiones de gases de efecto invernadero en España, un volumen superior al que genera el sector del transporte en su conjunto.
“Un buen mapa de la resistencia ciudadana”
El encuentro supuso “un buen mapa de la resistencia ciudadana en nuestro país; con muchos movimientos y pueblos representados, y mucha energía y ganas para frenar la avalancha de proyectos de ganadería industrial que amenazan al medio rural”, indica Díez, que destaca que esa actividad “tiene graves impactos sobre el medioambiente, la salud pública, el mundo rural y el bienestar animal”.
Los movimientos locales de rechazo a los proyectos de ganadería industrial, entre los que el de Loporzano es pionero, comenzaron a proliferar el pasado verano en España. Primero, en Murcia y Castilla-La Mancha, y después, ya este invierno, en Castilla y León, Andalucía y la Comunidad Valenciana, en lo que parece una consecuencia de la expansión de las empresas a territorios colindantes cuando otros quedan saturados, apunta.
“Ha cambiado el movimiento ambientalista en España”, anota Díez, que destaca el apoyo que las cinco organizaciones ecologistas estatales y europeas han dado a la iniciativa.
Las diferencias a la hora de pleitear
Este tipo de entidades encuentra dificultades añadidas para su labor en la normativa y en el hecho de que uno de sus frentes esté dirigido hacia la Administración.
La plataforma Loporzano Sin Ganadería Extensiva se ha encontrado con la paradójica situación de haber sido condenada a pagar las costas de dos recursos contenciosos administrativos contra la instalación de sendas granjas que rondan los 22.000 euros en cada caso, mientras en otro asunto similar la ‘sanción’ al Gobierno de Aragón se ha quedado en 720.
En los primeros casos, el juzgado aplica la tasación de costas estándar, que suele suponer una décima parte de la llamada “cuantía del pleito” y que en este caso se sitúa en el presupuesto del proyecto. En el segundo, se trata de la atenuación que la ley contempla para no gravar las arcas de las administraciones, que siempre son parte en la jurisdicción contencioso administrativa.
“No hay igualdad de armas. Lo vemos una injusticia, aunque sabemos que es legal”, señalan fuentes de la plataforma oscense.
