Polémica en Zaragoza por la celebración de una charla con las “Madres de Altsasu” en un espacio municipal
Rasmia, la Asamblea Aragonesa por la Democracia y la Soberanía, ha organizado, para el próximo sábado 19 de enero a las 18:00 horas, una charla con las “Madres de Altsasu”. La cita tendrá lugar en el Centro Cívico Río Ebro de la capital aragonesa.
En el Facebook del colectivo organizador se llama la atención del público con el siguiente texto: “Madres de los presos políticos de Altsasu nos contarán el hostigamiento a que son sometidos por parte del estado español los habitantes de esa localidad. Hablaremos con ellas de la situación actual de los presos y de la lucha que sus familiares están llevando a cabo”.
Tanto PP como Ciudadanos han criticado al equipo de gobierno de la capital aragonesa, Zaragoza en Común, por permitir que el acto se celebre en un centro municipal. La portavoz de la formación naranja, Sara Fernández, cree que es “vergonzoso que se ceda un espacio para blanquear a los condenados por la agresión a guardias civiles y sus parejas en Alsasua”. Fernández espera que todos los grupos municipales “hagan todo lo posible para evitar que se pueda celebrar este acto”.
Por su parte, Patricia Cavero, del PP, ha asegurado que Zaragoza en Común vuelve “a ceder un espacio público a quien no debería hacerlo” y “se pone del lado de quien no respeta la Constitución ni la ley”.
Una situación repetida
No es la primera vez que sucede algo similar. El 23 de septiembre de 2017 (ocho días antes del referéndum en Catalunya) se iba a celebrar una charla “sobre el derecho a decidir” en el Centro Cívico Delicias de Zaragoza. Finalmente se suspendió de manera cautelar tras una denuncia del PP.
Meses más tarde, el 28 de febrero de 2018, el Tribunal Superior de Justicia de Aragón sentenció que la suspensión no se ajustaba a derecho. “Pudiéramos estar patrocinando una censura previa”, señaló el TSJA, además de apuntar que la suspensión “impide el ejercicio de la libertad de expresión, cuando se está prejuzgando el contenido de un acto que no ha sido declarado ilegal”.
Precisamente esta es la sentencia en la que se basó Zaragoza en Común para defender la participación de una exmiembro de los GRAPO en el Centro Social Comunitario Luis Buñuel. Lo que también fue muy criticado desde algunas formaciones de la oposición.
