El Ayuntamiento de Zaragoza ha presentado, este viernes por la tarde, una denuncia ante la Policía Nacional por una posible estafa que podría afectar a 300 tarjetas ciudadanas y 69 Lazo. En ambos casos, los hechos solo afectarían a la parte de la tarjeta dedicada al transporte, es decir, a las recargas para el autobús y el tranvía de la capital aragonesa.
Según la información proporcionada por el Ayuntamiento de Zaragoza, y de la que se hizo eco en primer lugar El Periódico de Aragón, desde finales de la semana pasada se extendió el rumor de que, en el entorno de la Universidad, había comentarios sobre que se ofrecían recargas de Tarjeta Ciudadana al 20 % del coste real, por tanto: pagas 10 euros y te cargan 50. Incluso se decía que, directamente, se podía comprar por 300 euros la aplicación que procuraba este fraude.
Durante toda la semana se ha investigado la veracidad de este fraude, ya que, apuntan desde el Consistorio, “no es la primera vez que llegan estos rumores ni tampoco la primera vez que alguien consigue crackear la tarjeta”.
300 tarjetas con incidencias
Tras recopilar la información oportuna, el Ayuntamiento ha interpuesto la denuncia. También este viernes, pero por la mañana, hubo una reunión de todas las partes: técnicos de Movilidad del Consistorio, técnicos de la tarjeta y la UTE (formada por Hiberus Tecnología y Zitycard) que tiene el contrato de las tarjetas ciudadanas.
Explican fuentes del Gobierno municipal que el sistema de control “es complejo: cada vez que una persona valida con ella, queda registrado el saldo de la misma. Si entre una validación y otra se produce un salto, ese incremento de saldo tiene que aparecer reflejado en alguna de las máquinas o medios de recarga repartidos por toda la ciudad”.
A veces ese reporte, la justificación de que alguien ha puesto saldo a su Tarjeta, tarda en llegar –hasta 15 días- “debido a que hay máquinas que están más aisladas y la información no se descarga diariamente”. Si entre una validación y otra hay un “salto raro” se genera un valor de alerta. Y se queda ahí hasta que se confirma que la recarga ha sido correcta.
Elena Giner, concejala de Participación, Transparencia y Gobierno abierto, cifra en 300 las tarjetas ciudadanas con incidencias, “un 0,1 % del total de tarjetas”, remarca, y 69 de las tarjetas Lazo. Que tengan alguna incidencia, aclara, no quiere decir que haya formado parte de la estafa, y eso es, precisamente, lo que se pasa a investigar ahora.
A medida que se vaya comprobando la participación en el fraude, las tarjetas ciudadanas -Giner recuerda que son nominales: “Tenemos nombres y apellidos”- serán dadas de baja.
Señalan, por añadidura, “que la comercialización de software cuyo objetivo es realizar un fraude supone la comisión de un delito penal que puede acarrear pena de prisión. Los usuarios de Tarjeta que sean identificados haciendo uso de este tipo de fraude también podrían estar cometiendo un delito de estafa”.
Sistema de control
El “riesgo cero”, dicen fuentes del Gobierno municipal, “no existe en este tipo de sistemas, aunque en el caso de la Tarjeta Ciudadana el impacto que hayan podido tener los intentos de fraude a lo largo de sus diez años de historia ha sido mínimo”.
Informan, además, de que “se está desarrollando un procedimiento renovado de securización de la Tarjeta, que estará listo próximamente”.