El proyecto de la unión de las estaciones de esquí de Astún, Formigal y Candanchú, enclavadas todas ellas en el Pirineo aragonés, nació casi al tiempo que los propios centros deportivos, en la década de los 60, pero se puso negro sobre blanco por vez primera en 2013. Se la definía entonces como una actuación “estratégica” con la que Aragón pasaría a “formar parte de la élite de las estaciones de esquí europeas y la más grande a nivel nacional”. El impacto medioambiental de las obras previstas está generando una oposición creciente, y las afecciones al valle de la Canal Roya se sitúan en el epicentro de la polémica. En el cómo y el dónde residen los puntos principales de las diferencias y las protestas con que se ha reaccionado a esta fusión, que debería ponerse en marcha a finales del año 2025.
El proyecto básico de la primera parte, la unión de Astún y Formigal, se recogerá en el futuro Plan de Interés General de Aragón (PIGA), pendiente de aprobación, y la consultora andorrana Semsa ha llevado a cabo el estudio económico. Según este, el coste de la obra civil se elevará a 24,7 millones de euros, a los que hay que sumar gastos como la restitución paisajística, el soterramiento de las líneas eléctricas o las protecciones de avalanchas para una cifra total de 34 millones. Una telecabina, asegura este estudio, reducirá las emisiones contaminantes de vehículos particulares, y empleará 14 minutos en recorrer un trazado que por carretera asciende a 89 kilómetros. El presidente aragonés, Javier Lambán, estima un impacto económico de 50 millones de euros en los primeros tres años de funcionamiento de la infraestructura.
Se ha proyectado un trazado de una extensión de 4,3 kilómetros y una telecabina con una capacidad para transportar a 2.400 viajeros por hora. Con esto, Aragón pasará a ser el mayor dominio esquiable de España y el número 30 del mundo; con la futura adhesión de las estaciones de Panticosa, que ya se encuentra vinculada a Formigal, y Candanchú, este conglomerado se situará cerca del top 10 mundial. Sus impulsores se referían desde los albores del proyecto a la necesidad de cambiar el modelo del esquí de fin de semana al de semana completa, con el acceso al mercado europeo, la reactivación de los valles, el aumento de la capacidad de las estaciones y un desarrollo “sostenible”, tanto ambiental como económico y social.
La telecabina presentará en su recorrido 37 pilonas para su soporte, con tres estaciones de embarque y desembarque en Astún, Formigal y la Canal Roya
La telecabina presentará en su recorrido 37 pilonas para su soporte, con tres estaciones de embarque y desembarque en Astún, Formigal y la Canal Roya, que verá modificada su naturaleza. Contará con 115 cabinas con una ocupación de 10 personas en cada una, y el Gobierno de Aragón defiende que el impacto medioambiental será el mínimo, con una estación semienterrada en la que los locales técnicos y los enganches de la telecabina se ubicarán dentro del edificio. Se estima un gasto energético anual de 127.000 euros y los gastos de mantenimiento y explotación de 795.000 euros y 138.000 euros más en gastos de personal.
La oposición no ha dejado de expandirse en las últimas semanas. El conocido como Canal Roya es un valle formado durante miles de años por glaciares y volcanes que presenta además el Anayet, un pico de 2.545 metros de altitud, y los ibones del mismo nombre. Eduardo Martínez de Pisón, catedrático emérito de Geografía Física de la Universidad Autónoma de Madrid, escribió en la revista Quercus que “la justificación económica, aparte de discutible en sus mismos planteamientos, no da vía libre para embestir contra toda calidad territorial, sino que exige, al contrario, de un temple civilizado, un claro deber de cuidado y preservación”.
La Asociación Naturalista de Aragón, SEO/BirdLife, la Fundación Quebrantahuesos y Greenpeace han pedido en reiteradas ocasiones la declaración del Parque Natural del Anayet para preservar la zona, un área natural que el ejecutivo autonómico mantuvo durante años como Lugar de Interés Geológico y que salió en 2011 de la red de espacios naturales protegidos de la comunidad. Según la Plataforma en Defensa de las Montañas de Aragón, el Gobierno excluyó este paraje de su red de espacios singulares con la intención de comenzar “a dar vía libre con este plan a una especulación urbanística y desarrollos salvajes que nada tienen que ver con la sostenibilidad”.
Un “rechazo global”
En menos de un mes, la iniciativa de las organizaciones estatales de defensa de las montañas Mountain Wilderness y Red Montañas ha recogido las firmas de más de un centenar de científicos, académicos, técnicos y expertos en conservación y el apoyo de casi 40 instituciones y colectivos de todos los rincones de España, lo que es “indicativo de la preocupación y el rechazo global que despierta el funesto, improcedente e innecesario proyecto propuesto en los últimos meses”, según expresan en un comunicado conjunto. Entre los más de cien firmantes del manifiesto de protesta por esta obra se encuentran el escritor Julio Llamazares o Sebastián Álvaro, director de documentales de naturaleza.
Aseguran que la realización de tal proyecto causaría “degradación y destrozos de naturaleza irreversible” en un valle pirenaico “cuyos destacados valores naturales le valieron en 2006 la propuesta de futuro Parque Natural por las mismas instituciones que ahora impulsan las actuaciones”. Y subrayan algunas de las “paradojas” en las que incurren los impulsores de esta unión de estaciones, pendiente todavía de la Declaración de Interés General de Aragón y de superar la Declaración de Impacto Medioambiental. Cuenta asimismo con un informe desfavorable de la Dirección General de Ordenación del Territorio del Gobierno de Aragón, en manos de Chunta Aragonesista (CHA).
Entre esas paradojas se halla la “supuesta necesidad” de derivar dinero al desarrollo turístico en unos valles pirenaicos “que sin embargo ya se cuentan entre los más desarrollados turísticamente del Pirineo”. Se pasa por alto que “tanto sus residentes permanentes como los de otros valles y zonas rurales de la región, sufren graves carencias en cuanto a servicios sociales suficientes y regulares, como son la atención médica de urgencia o los servicios de emergencias”. Frente a estas carencias, y según un “amplio consenso científico y conservacionista”, las montañas son “lugares que prestan servicios ambientales esenciales al conjunto de la sociedad, como son el aprovisionamiento de agua, la modulación del clima o el refugio para la biodiversidad de la que dependemos”.
Hace una década, el Gobierno de Aragón –entonces en manos del PP con el apoyo del Partido Aragonés (PAR)– solicitó para el proyecto la Declaración de Interés General de Aragón, que no se aprobaría hasta 2018. Al año siguiente, el PSOE ganó las elecciones, Javier Lambán tomó el relevo de Luisa Fernanda Rudi en la presidencia y esta idea entró en barbecho. Tras la pandemia, y con la llegada de fondos europeos para la recuperación de las maltrechas economías autonómicas, se ha reflotado y tomado velocidad de crucero con el guiño cómplice de las instituciones.
Aval con matices
Con matices: avalan la unión de estaciones PSOE y PAR y se oponen las otras dos formaciones del cuatripartito que conforma el Gobierno de Aragón: Podemos y CHA. Pese a la división interna, a comienzos de años se firmaron los convenios y saldrá adelante tras su paso este lunes por un Consejo de Gobierno extraordinario con la presencia de los cuatro socios y en el que se aprobó la declaración de interés autonómico y general para agilizar los plazos de su puesta en marcha. El pasado 14 de febrero, el Gobierno de Aragón la Diputación de Huesca, el grupo Aramón (que gestiona buena parte de los centros aragoneses, entre ellos el de Formigal) y la estación de Astún suscribieron el acuerdo para la unión de Astún y Formigal a través de los valles de Tena y del Aragón.
¿Hay vuelta atrás? Los trámites administrativos aún se encuentran en una fase muy inicial. Las direcciones generales de Transportes y Ordenación del Territorio, dependientes de Chunta, emitieron sendos informes desfavorables, aunque no vinculantes, a la declaración del proyecto en Astún y Formigal como PIGA pese a que se haya escenificado con el Consejo de Gobierno extraordinario del 20 de marzo esa unidad en el cuatripartito. La unión de Astún y Candanchú está a expensas de la firma del convenio de colaboración entre Gobierno de Aragón, Diputación de Huesca, Turismo de Aragón y los dos centros invernales. A los 8 millones de fondos europeos se sumarán los tres garantizados por la Diputación y los once millones restantes a cargo del ejecutivo autonómico.