Las científicas con baja de maternidad el último año no pueden acceder a uno de los contratos de investigación más prestigiosos de España
La carrera científica está llena de obstáculos, pero se complica todavía más para las mujeres que deciden ser madres antes de tener una plaza fija. Lo sabe bien una investigadora que quiere optar al contrato de investigación Ramón y Cajal con la que ha hablado este diario. Pese a tener una acreditada carrera profesional, con los requisitos de la convocatoria en la mano, no pasaría el primer corte administrativo por una razón: ha tenido una baja de maternidad en el último año.
Las bases de este contrato Ramón y Cajal, uno de los más prestigiosos y competitivos de España, establece una limitación para los solicitantes que están disfrutando de un contrato financiado por convocatorias anteriores. En estos casos solo se puede acceder a la ayuda si desde la fecha de incorporación efectiva al centro de investigación ha transcurrido un año hasta el 1 de junio de 2019, excluyendo las suspensiones de contrato. Esto supone que las mujeres investigadoras que hayan disfrutado de su baja de maternidad ese mismo año no puedan acceder a este contrato.
Fuentes del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades del Gobierno de España confirman que no se ha contemplado esa casuística en la convocatoria de 2018, pero aseguran que se incluirá en la de este año, porque hasta ahora, indican, no se había planteado “ningún problema de posible discriminación”. No obstante, aseguran que el Ejecutivo está mejorando las convocatorias de ayudas de I+D+i con especial atención a la maternidad y a la paternidad, así como a la adopción o a la custodia permanente. Se hizo con la ayuda Ramón y Cajal, que incluye la ampliación de un año por cada hijo el periodo máximo para optar a ella.
Pero no es suficiente para las investigadoras que han disfrutado de una baja de maternidad y que quieren optar a esta ayuda ese mismo año. Aunque podrán presentarse en los próximos años, lo harán con desventaja respecto a otros compañeros. “La competición ha comenzado ya y yo este año no puedo jugar”, indica una de ellas.
Esto supone un retraso importante en su carrera. En su especialidad solo se oferta una plaza Ramón y Cajal al año y, casualmente, en la Universidad donde trabaja hay una línea de investigación abierta que le permite continuar con su trabajo mediante este contrato de investigación. Pero si esa plaza se cubre en la convocatoria de 2018, a la que ella no puede acceder en igualdad de condiciones por haber tenido un hijo, verá reducidas sus opciones de continuar en la misma Universidad y en la misma ciudad cuando se presente en la siguiente convocatoria.
Son obstáculos que le llevan a plantearse una alternativa profesional después de una década dedicada a la investigación, en la que ha encadenado prestigiosos contratos, aunque todos temporales, que le han llevado por distintas universidades europeas.
Desde la Asociación de Mujeres Investigadoras y Tecnólogas (AMIT) instan al Gobierno a corregir en las convocatorias los requisitos que solo afecten a las mujeres “por el hecho de ser mujer” y que suponga un “agravio comparativo”, así como a incluir cláusulas con perspectiva de género. Su presidenta, Joaquina Álvarez, considera “injusto” que los profesionales tengan un “retraso” en su carrera científica por haber tenido hijos.
No obstante, recalcan también la “voluntad” del Gobierno, tanto del anterior Ejecutivo como del actual, por modificar estas cuestiones, que hasta hace apenas unos años no se tenían en cuenta. “Se están haciendo modificaciones, pero conforme aparecen casos, se dan cuenta de que no es suficiente, porque hay muchas casuísticas”, indica.
Fuentes del Ministerio insisten también en esta idea: intentan anticiparse y prevenir estos problemas, pero muchas veces solo se hacen visibles cuando surgen nuevos casos. “A partir de ahí se busca una solución”, apuntan, aunque para muchas investigadoras llega tarde.
