El concejal del PP en Huesca acusado de violencia de género deja su cargo y el partido
Luis Irzo, el edil del PP en el Ayuntamiento de Huesca que el pasado martes fue detenido tras interponer su mujer una denuncia por malos tratos, ha anunciado que renuncia a su acta de concejal y que ha pedido la baja del partido. Según informa EFE, Irzo proclama su inocencia en un comunicado y asegura que el procedimiento legal abierto por el Juzgado de Instrucción 2 de Huesca por presuntos delitos de maltrato y de violencia en el ámbito doméstico evidenciará esta situación.
El edil considera que dada la trascendencia pública de los hechos en los que se encuentra actualmente inmerso, en ningún momento querría que su continuidad se utilizara “como pretexto para menoscabar el excelente trabajo” que están realizando sus compañeros.
En su escrito, siempre según la información de EFE, Irzo insiste en proclamar con “rotundidad” su inocencia y resalta que aunque la decisión adoptada pudiera suponer un “perjuicio” a su persona, el ejercicio de un cargo público debe de tener un “plus de ejemplaridad”, por lo que asegura que presenta su renuncia por “iniciativa propia”.
El concejal expresa su confianza en la justicia y en que los hechos imputados por su esposa se aclaren “a la mayor brevedad” e informa de su decisión de no realizar declaración pública “por respeto a la autoridad judicial”.
La dirección del PP en Aragón ha hecho público con posterioridad un comunicado para informar de la aceptación de la baja de Luis Irzo como militante del partido y de su renuncia al acta de concejal. El Partido Popular expresa, asimismo, su confianza en la acción de la justicia y reclama que se “respete” la presunción de inocencia del concejal hasta la finalización de todo el procedimiento judicial.
“Indicios más que suficientes”
Irzo toma esta decisión un día después de que el juez dictara una orden de alejamiento y prohibición de portar armas mientras dure el proceso. El magistrado considera que existe un “riesgo objetivo” para la esposa y los hijos menores de edad y que se tienen indicios “más que suficientes” para considerar que el detenido pudiera ser responsable de un delito de violencia de género y otro de maltrato familiar.
Por ello, el juez dictó una orden de protección a favor de la esposa del concejal y de sus tres hijos menores de edad, por lo que se prohíbe a Luis Antonio Irzo aproximarse a todos ellos a menos de quinientos metros de su domicilio, lugar de trabajo, de estudios o aquellos lugares que frecuenten habitualmente.
Le prohíbe, igualmente, comunicarse con ellos por cualquier medio, ya sea teléfono, correo postal o electrónico, aplicaciones móviles e incluso por personas interpuestas. Otra de las prohibiciones establecidas en el auto es la de que pueda tener o portar armas durante todo el tiempo que dure la tramitación del presente procedimiento judicial, por lo que le obliga a depositar en el Juzgado su licencia de armas si la tuviere.
Deja en suspenso, además, la patria potestad sobre sus hijos y atribuye a la madre la guarda y custodia de los tres menores de edad. Atribuye el domicilio familiar a los tres hijos, y con ellos a la madre, y fija una pensión de alimentos para cada uno de ellos de 150 euros al mes (total 450 euros), incrementables conforme al IPC, y que deberán pagarse los diez días primeros de mes en la cuenta bancaria que designe la progenitora custodia.
El juez advierte en su auto al concejal de que el quebrantamiento de la orden de protección dictada y de las medidas adoptadas puede suponer para él una medida de prisión provisional.
Irzo, de 42 años y padre de tres hijos, se afilió al Partido Popular en 2003 y es concejal en el Consistorio de la capital oscense desde 2010. Durante el mandato como alcaldesa de Ana Alós fue responsable del área de Desarrollo.
De igual forma, fue presidente de la Comisión de Desarrollo y responsable de Nuevas Tecnologías en el Ayuntamiento de Huesca entre 2011 y 2015.
