'Derechos vulnerados, dignidad suspendida' es el título del último análisis sobre el fenómeno migratorio en Aragón que ha presentado recientemente la Plataforma Ciudadana contra el Racismo. Según este estudio, “España, como país de acogida, es, a veces, un escenario de vulneración continua de derechos”. Marta Arjol (Zaragoza, 1975) es portavoz de la Plataforma.
¿Por qué han decidido a hacer en este momento un análisis detallado sobre el fenómeno de la migración en Aragón?
La Plataforma Ciudadana contra el Racismo hace un seguimiento continuo de cuál es la realidad de la población migrante. Además, sí que en estos momentos entendíamos que había una serie de deficiencias que hacían necesario que saliéramos públicamente a evidenciar cuál es el diagnóstico.
Después de estudiar los datos y por el trabajo previo de la Plataforma, ¿creen que la sociedad tiene un concepto equivocado de cuál es la situación de la población inmigrante?
Sí. Pensamos que, en ocasiones, la opinión que se genera individualmente responde a planteamientos muy generalistas y poco sustentados en datos objetivos. Eso lleva a sentimientos que generan rechazo y que no responden a la realidad objetiva que está viviendo la población extranjera, que posiblemente es mucho más precaria de la percepción que tiene la población autóctona.
¿En qué solemos estar equivocados?
Una de las cosas en las que la gente suele estar muy equivocada es en que la población extranjera recibe ayudas o prestaciones en mayor medida que la población autóctona. Por ser extranjero no se reciben prestaciones específicas; sin duda, la normativa española establece que las prestaciones, tanto las vinculadas a la seguridad social como a los servicios sociales, están en función del nivel de renta. Por tanto, son los criterios económicos los que acaban determinando si la administración otorga o no esas prestaciones. Otro bulo que suele circular es que los inmigrantes vienen a quitarnos los puestos de trabajo. La población extranjera tiene una relación de complementariedad con la población autóctona en el mercado de trabajo. Es más, desde hace muchos años acaban ocupando puestos que la población autóctona no quiere. Además, tienen unas condiciones de precariedad, en perspectiva salarial, en jornada, estabilidad, promoción, seguridad y riesgos laborales...
Frente a la idea de que los inmigrantes “se llevan todas las ayudas”, ¿qué trabas han encontrado, por ejemplo, en las becas de comedor, que sufren especialmente las personas inmigrantes?
Precisamente, la población de origen extranjero, por el hecho de serlo, tiene mayores dificultades para acceder a determinadas prestaciones, por ejemplo, en el caso de las becas escolares. Son dificultades vinculadas al idioma, a la escasa familiarización con determinados trámites administrativos, a la solicitud que tiene que ser vía telemática, a la necesidad de demostrar que ambos progenitores del menor están en una situación administrativa regular... También hay denegación de algunas concesiones cuando el número de identificación previo no coincide con el que reciben cuando adquieren la nacionalidad.
¿Estas exigencias que comenta tienen sentido? ¿O son exigencias que buscan precisamente poner trabas a los migrantes?
En términos generales, los trámites administrativos son menos flexibles de lo que deberían para el conjunto de la población. No quiero pensar mal ni que se han puesto para generar impedimentos añadidos, pero lo que sí podemos evidenciar es que la falta de flexibilidad los acaba provocando.
¿Cuáles son las deficiencias que denuncian en la atención a los refugiados?
Tanto en Aragón como en el conjunto del Estado, los medios de comunicación han evidenciado que la llegada en los últimos meses a nuestro territorio de demandantes de asilo y de refugio no se estaba respondiendo con la agilidad necesaria. Recientemente, veíamos en Zaragoza colas de solicitantes de asilo a la intemperie y que la gente tenía que esperar durante días para poder pedir una cita. Es algo totalmente impensable en estos momentos en el caso de la población autóctona para acceder a una cita básica. Es cierto que la falta de recursos humanos hace que las citas no se den con la agilidad suficiente, pero entendemos que, aparte de los trámites administrativos, habría que mejorar la gestión de lo humano, de la calidad en la atención: cómo se hacen las entrevistas, en qué condiciones físicas, garantizar la privacidad, que las personas que realizan las entrevistas vayan vestidas de una manera o de otra... Entendemos que el simple hecho de ir vestidos de uniforme traslada una visión de fuerza de seguridad que, dadas las características de las personas que llegan y de sus motivos de llegada, tampoco ayuda a que esas personas se sientan en una situación cómoda. Además, posiblemente, las entrevistas deberían centrarse más en la historia personal. Por todos estos motivos, solicitamos una reunión con la Delegación del Gobierno y les trasladamos la necesidad de aumentar el personal, de agilizar los trámites, de cumplir los plazos establecidos por la ley, la importancia del espacio y los modos en que se desarrollan las entrevistas para favorecer la tranquilidad de la persona que tiene que narrar su historia y las causas de su persecución… En definitiva, se trata tanto de agilizar los trámites como de profundizar en la calidad de la atención.
¿Cómo es la atención sanitaria a los inmigrantes actualmente?
Sin duda alguna, nos hemos hecho eco de la denuncia planteada por la Plataforma Salud Universal, que trabaja y se creó específicamente tras la reforma de 2012. Por una parte, denunciamos la laguna de cobertura que tenemos en estos momentos ya que, pese a la reforma del real decreto ley del 7/2018 a nivel estatal que pretendía avanzar en la sanidad universal, no se ha logrado: por un lado, porque el nuevo real decreto no retorna a la situación de antes del 2012; por otro lado, por cómo se aplica en Aragón. Hemos pedido a la Consejería que cuente con las propuestas de las entidades que trabajamos en esta materia, pero hasta la fecha no hemos sido recibidos.
A la espera de modificaciones en el Real Decreto, ¿cómo se podría mejorar en Aragón la atención sanitaria a los migrantes?
Antes de 2012, toda persona accedía al sistema sanitario exclusivamente presentando el empadronamiento. La reforma de 2012 excluyó del sistema sanitario a las personas en situación irregular, además de otros colectivos. En 2015, la instrucción que desarrolló el Gobierno de Aragón, pese a tener todavía en funcionamiento el Real Decreto de 2012, establecía una serie de pautas y criterios flexibles para que nadie quedara excluido. Sin embargo, aunque la pretensión era avanzar en la no exclusión sanitaria, el nuevo Real Decreto de 2018 establece unos requisitos que acaban suponiendo una barrera insalvable para determinados colectivos. A esto hay que sumar que, para aplicar ese decreto de 2018, Aragón estableció unas pautas de procedimiento que todavía son más restrictivas. Nos resulta curioso que, habiéndose mantenido el Gobierno de Aragón bajo la misma dirección política, haya una posición menos flexible que antes. Hay cuestiones claras, como que ahora ya no se aceptan informes de ONG’s para reconocer que una persona ha pasado por esa organización social durante sus tres primeros meses de estancia en España; sólo se reconocen informes de trabajadores sociales de la administración pública. En la norma aragonesa, se especifica que, en caso de necesidad, se prestará atención a los no registrados ni autorizados como residentes en España, pero que se tendrá que facturar en urgencias. Esto supone un cambio radical respecto a la situación anterior, pero, además, genera un miedo a acceder al sistema sanitario para personas con escasos recursos económicos. Es importante ponernos en el lugar de la persona a la que vamos a atender y tener presentes sus dificultades. También hay que entender que la universalidad del sistema tiene dos partes: una, la justicia social y los derechos humanos y otra, la propia eficiencia del sistema. Cuantitativamente, la población que se encuentra en esta situación irregular es pequeña. Por eso, entendemos que, desde una visión global de propia gestión del sistema, es poco eficiente no atenderles; es un criterio totalmente contrario al fomento de un sistema de salud preventivo.
¿Hay algún otro aspecto preocupante?
Para nosotros, es importante restituir el Fondo de Apoyo a la Acogida e Integración Social de la población inmigrante, un fondo estatal que creó en el año 2005, se redujo notablemente en 2010 y 2011 y finalmente, se dejó sin fondos en 2012. Recientemente, este verano, la ministra planteó que se pretendía recuperar ese fondo, aunque no se fijó ningún compromiso económico. Cuando estaba en funcionamiento, permitía la llegada de fondos de manera importante para la acogida e integración de los migrantes económicos en las diferentes comunidades autónomas, complementado con los esfuerzos de los gobiernos locales y autonómicos. Es fundamental, porque la crisis ha supuesto la invisibilización de los migrantes económicos. Es decir, en general, las migraciones se redujeron con la crisis, pero los inmigrantes que estaban aquí, que seguían teniendo los mismos problemas o más, quedaron invisibilizados por la problemática general de la crisis. La población migrante tiene problemas compartidos con la población autóctona, pero tienen otros añadidos que es necesario visibilizar. Por otra parte, hemos comprobado que, en el acceso a la nacionalidad, pese a que es un procedimiento que no debería generar ningún tipo de problema, algunos obstáculos acaban provocando que el acceso a este derecho tenga un carácter discriminatorio: el coste económico de las tasas administrativas y de los exámenes, que las vías de acceso también sean exclusivamente telemáticas, la ampliación de los plazos para la concesión...
¿Cuáles serían esos problemas complementarios invisibilizados? ¿Las dificultades para acceder a prestaciones o a la sanidad pública que ha comentado?
Estamos hablando de mayor precariedad en el mercado laboral o de dificultades añadidas para el acceso a la vivienda. Todos sabemos que hay personas que tienen mayores reticencias para alquilar o vender un piso a una persona extranjera. También están las dificultades que antes comentábamos para el acceso a determinadas prestaciones o a la sanidad. Otra cuestión que, sin duda ninguna, también nos preocupa mucho son las actitudes racistas o xenófobas. Hay que responder con contundencia.
¿Cómo veis los discursos xenófobos que están adoptando algunos partidos y representantes políticos?
El hecho migratorio es complejo. Es importante que la gente reconozca que España es un país de destino, pero también es de origen y de tránsito. Bajo esa percepción, posiblemente la población empatizaría más con cuál es la realidad personal de los que llegan. Por otra parte, hay que contextualizarlo en el hecho de que, en el conjunto del mundo, hay mucha población migrante. La Organización Internacional de las Migraciones cifra en 164 millones los trabajadores migrantes en todo el mundo; en torno al 87% tendrían entre 25 y 64 años. Frente a la realidad objetiva, nos preocupa la confusión que se quiere generar desde determinados discursos políticos, con mensajes manipulados informativamente que generan sentimientos de miedo infundado. Los planteamientos basados en que llega una “avalancha” o una “oleada de inmigrantes” construyen en el imaginario una realidad totalmente irracional, que suscita un sentimiento de miedo que no se corresponde en absoluto con los datos objetivos. Ese miedo, en ocasiones, a la historia me remito, ha sido utilizado para aplicar políticas de recortes de libertades y de deterioro de los derechos de la ciudadanía.