La Fundación Franz Weber formalizará una denuncia administrativa contra la organización de un espectáculo cómico taurino previsto para el 4 de julio en Teruel por ser contrario a la normativa estatal, el Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social.
Se trata del espectáculo cómico taurino 'El Popeye Torero y sus Enanitos Marineros' en el marco de la Feria del Ángel 2023 en la capital turolense. Las entradas ya están a la venta con un precio fijo de 14,5 euros. Tras el evento ese mismo día se realizará la suelta de reses infantiles para el fomento de la afición. Además, dicho acto servirá para abrir los actos taurinos en Teruel con un cartel donde destacan Morante de la Puebla, Roca Rey y Andy Cartagena.
Los naturalistas fundamentan su escrito en la Disposición adicional decimotercera, que en su apartado 2 señala que “quedan prohibidos los espectáculos o actividades recreativas en que se use a personas con discapacidad o esta circunstancia para suscitar la burla, la mofa o la irrisión del público de modo contrario al respeto debido a la dignidad humana”.
En una nota de prensa, la Fundación ha recordado que “en los últimos meses tanto el Congreso como el Senado ratificaron por mayoría la enmienda, que prohibía de facto la convocatoria de los mal llamados espectáculos taurinos cómicos, cuyo desarrollo busca las risas del público sobre personas con acondroplasia”.
Han indicado que la reforma legislativa fue el colofón a varios años de denuncias y presión de las entidades que atienden a personas con diversidad funcional como la Asociación Nacional para Problemas de Crecimiento, la Fundación ALPE Acondroplasia, ADEE España, Afapac o CERMI, y también Fundación ONCE anunció la puesta en marcha un programa de integración sociolaboral para este grupo poblacional.
FFW ha considerado de extrema gravedad la participación de instituciones públicas en la publicidad del evento, pues el Ayuntamiento de Teruel, la Diputación Provincial y el Gobierno de Aragón aparecen con sus respectivas imágenes corporativas.
Se da la circunstancia de que el Gobierno de Aragón sería competente en materia sancionadora, lo que añade preocupación en los naturalistas.
Ahora buscan que el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 ponga en marcha todos los mecanismos legales necesarios para suspender la convocatoria, cuestión en la que la Fundación solicita la máxima celeridad a la Dirección General de Derechos de las Personas con Discapacidad.