Estar empadronado en un municipio durante al menos tres meses y tener unos ingresos que no superen los 15.975,3 euros al año son algunos de los requisitos que los inmigrantes sin papeles deben cumplir para poder acceder a una tarjeta sanitaria y ser atendidos en un centro de salud en Aragón. Unas condiciones recogidas en la instrucción que el consejero de Sanidad del Gobierno de Aragón, Sebastián Celaya, firmó el pasado mes de agosto, con la que devolvió la tarjeta sanitaria a miles de inmigrantes sin recursos que se quedaron fuera, pero que se queda todavía corta para algunas organizaciones.
La Asociación en Defensa de la Sanidad Pública en Aragón es una de ellas. Su presidente, Fernando Arenas, lamenta que el Gobierno socialista siga la “misma dinámica” que su predecesor, poniendo “trabas” a la sanidad universal, con unos requisitos que, aunque “suavizan” los anteriores, no la garantizan.
También desde la Plataforma Salud Universal, que aglutina a entidades como Médicos del Mundo y Sos Racismo Aragón, han reclamado al Ejecutivo autónomo un cambio de política. En septiembre, representantes de la plataforma se reunieron con la directora general de Derechos y Garantías de los Usuarios, Rosa María Cihuelo, a la que trasladaron una propuesta para mejorar la instrucción del 7 de agosto de 2015. En este planteamiento defienden la sanidad universal y, por lo tanto, exigen la retirada del requisito que obliga a los inmigrantes a llevar empadronados, al menos, tres meses.
Reconocen que la nueva instrucción de agosto “mejora” lo que había, pero apuntan que mantiene “barreras de acceso al sistema”. Desde el Gobierno de Aragón se mostraron “receptivos” a esta propuesta, aunque siguen a la espera de recibir una respuesta.
El Real Decreto-Ley 16/2012 dejó fuera de la asistencia sanitaria a cientos de miles de personas, en su mayoría inmigrantes, en situación irregular. En 2013, el Gobierno de Aragón firmó una instrucción, del 30 de abril de ese año, por la que se creó el Programa Aragonés de Protección Social de la Salud Pública que reguló el acceso a las personas extranjera que perdieron su condición de asegurados tras la entrada en vigor de ese decreto rubricado por el Gobierno central.
En una respuesta a una pregunta formulada por el grupo parlamentario del PAR, el consejero de Sanidad, Sebastián Celaya, explica por escrito algunas de las similitudes y diferencias entre sendas instrucciones. Ambas están orientadas para aquellos extranjeros sin papeles que estén empadronados en algún municipio de la Comunidad aragonesa, pero establecen unos requisitos distintos.
Con la instrucción del Gobierno socialista, la exigencia del periodo de empadronamiento se redujo de seis a tres meses y se duplicó el límite de recursos económicos para que pudieran acceder más personas, al pasar de 7.455 euros, equivalente al IPREM, a 15.975 euros anuales. Otra de las mejoras sustanciales que contempla es la prestación farmacéutica en las mismas condiciones que los asegurados, que anteriormente estaba denegada.
Estas condiciones impuestas a los inmigrantes sin papeles les lleva a pensar, apunta Arenas, que el Gobierno de Aragón no tienen una “intención clara” de universalizar la atención sanitaria y defiende que cualquier persona merece ser vista por un médico en el caso de que lo necesite, sin importar los recursos económicos que tengan o el tiempo que lleve empadronado.