El Gobierno de Aragón dejará finalmente sin efecto las más de 12.000 multas impuestas a ciudadanos por infracciones relacionadas con las limitaciones de la movilidad por la pandemia, en una medida que se deriva de las declaraciones de inconstitucionalidad de los estados de alarma en los que se enmarcaban.
La medida supone un duro golpe para las arcas autonómicas, de la misma magnitud que lo fueron las multas para los bolsillos de los ciudadanos, ya que las 12.000 sanciones relacionadas con los confinamientos perimetrales y los toques de queda generaron una recaudación de más de tres millones de euros.
Junto con estas, la comunidad autónoma impuso otras más de 30.000 por no utilizar mascarilla, de 300 euros que se quedaban en 180 si los denunciados optaban por el pronto pago y la confesión, que arrojaron otro bloque de ingresos superior a los cinco millones de euros.
Sobre este segundo paquete no ha habido un pronunciamiento claro del ejecutivo, ya que las sanciones por el uso, o más concretamente por la no utilización, de las mascarillas se regían por una normativa autonómica no directamente vinculada a los estados de alarma.
Las sanciones que atañen a derechos fundamentales
La decisión figura en la respuesta de la consejera de Sanidad, Sira Repollés, a una pregunta del diputado autonómico de Vox Santiago Morón, que se había interesado por saber si el ejecutivo había puesto en marcha “algún procedimiento para devolver de oficio los importes cobrados por las multas impuestas durante el segundo estado de alarma declarado inconstitucional”.
Esa resolución, sostiene, “conlleva la obligación de reembolsar todas aquellas sanciones que atañan a un derecho fundamental”, lo que afectaría a las “impuestas a quien se saltó el toque de queda o los confinamientos perimetrales, o se superaron los límites establecidos para las reuniones sociales”; es decir, a las libertades de deambulación y de reunión.
La Consejería de Sanidad está pendiente de recibir un informe de los Servicios Jurídicos sobre el “alcance de las sentencias del Tribunal Constitucional” y acerca de “su concreta incidencia en los diferentes supuestos que han dado lugar a la tramitación de procedimientos sancionadores”,
Ese dictamen fue solicitado “en atención a la relevancia de la cuestión”, ya que “los procedimientos sancionadores por incumplimiento de las diferentes medidas acordadas para la prevención y control de la pandemia del coronavirus” fueron tramitados por combinación de la normativa pandémica específica de la comunidad con las leyes de Salud Pública estatal y autonómica.
“Proceder a la devolución de las cuantías abonadas”
No obstante, la decisión acerca de devolver los importes por esas sanciones parece más tomada que pendiente, según se desprende de la respuesta de la consejera.
Así, Repollés explica que “una vez precisados por los Servicios Jurídicos los efectos que corresponda otorgar a las sentencias del Tribunal Constitucional en el ámbito sancionador, se valorará el estado de tramitación de los expedientes afectados y se procederá a la paralización y archivo de aquellos expedientes no resueltos, que no hubiesen sido ya archivados conforme a los criterios del Departamento de Sanidad”.
Y, paralelamente, los responsables del departamento analizarán “las fórmulas a utilizar para la revisión de aquellos procedimientos terminados con pago por parte de los interesados, al objeto de proceder a la devolución de las cuantías abonadas”.