Las compañías de seguros podrán solicitar los servicios de los forenses del IMLA (Instituto de Medicina Legal de Aragón) para elaborar informes sobre las lesiones sufridas por víctimas de accidentes de circulación, de manera que estas puedan ser utilizadas en sus reclamaciones con esas u otras entidades.
Este novedoso servicio, regulado hace unos días a través de una orden del Departamento de Presidencia, nace después de que una reforma legal aprobada por el Congreso a finales de septiembre abriera para los accidentes de circulación “una vía extrajudicial de resolución de conflictos entre los perjudicados y las entidades aseguradoras” en la que cabe la participación de los forenses.
La iniciativa del ejecutivo autonómico viene a cubrir una de las lagunas, y el consiguiente recorte de servicios, que generó el Gobierno central mediante las últimas reformas procesales, que incluyeron la abolición de las faltas como medio para ventilar en la vía judicial las responsabilidades en los accidentes de tráfico.
Paliar otro recorte de derechos sociales
La tipificación como falta penal permitía que las lesiones de los afectados pudieran ser valoradas por los forenses. Sin embargo, las responsabilidades de los siniestros han sido derivadas a la jurisdicción civil, en la que, al ser voluntaria, la intervención de los institutos de medicina legal deja de producirse de oficio. La alternativa es la vía extrajudicial, en la que los dictámenes son elaborados por peritos de parte, siempre de pago.
En este sentido, el Departamento de Presidencia ha optado por establecer una tabla de precios públicos de tres escalones: 80 euros para valorar lesiones con ingreso hospitalario igual o inferior a 72 horas, 150 para las de mayor duración y 350 para los daños “de especial complejidad por su duración o evolución inadecuada” equiparables a las que requieren hospitalizaciones de más de tres días.
La liquidación, a la que deberá añadirse el IVA y que deberán cubrir las aseguradoras, “será única para cada pericia e incluirá todos los informes que emita el IMLA”, añade la orden.
Equilibrar la cobertura de costes
“Con el establecimiento de esta figura se pretende equilibrar la cobertura de los costes originados por la prestación de los servicios, con la evidente utilidad pública en términos de garantía que supone la posibilidad de acudir a la realización de pericias por parte del Instituto de Medicina Legal de Aragón”, señala la orden, que alude a “los conflictos surgidos en accidentes de tráfico, cuando existe disconformidad con la oferta motivada presentada por la entidad aseguradora”.
En esa situación, el ciudadano que no acepta la oferta de la aseguradora se ve obligado a costearse un dictamen de parte.
En este sentido, la resolución, que incluye un extenso formulario para solicitar la intervención del IMLA, destaca “la posibilidad de que las partes, perjudicados y entidades aseguradoras, puedan beneficiarse de la calidad, experiencia e imparcialidad pericial que aportan los médicos forenses, como especialistas reconocidos en nuestro sistema judicial”.