200 familias de Caspe se sienten habitantes de segunda en su propio pueblo. La asociación de propietarios “El Dique”, del barrio caspolino del mismo nombre, denuncia que el Ayuntamiento de la localidad le niega su deseo de incorporarse a la red municipal de agua y saneamiento. El consistorio ha excluido la cuestión de su última partida presupuestaria pese a que, como recuerdan los afectados, se trata de una medida acordada en pleno hace dos años. Y a finales de 2017 presentaron una demanda por silencio administrativo contra el gobierno municipal que ya ha sido admitida a trámite por en el Juzgado de lo Contencioso–Administrativo número 2 de Zaragoza.
La asociación se muestra “molesta y decepcionada” tras lo sucedido en la sesión plenaria del 31 de enero. El Ayuntamiento desestimó las alegaciones a los presupuestos municipales presentadas por este colectivo para que se incluyeran las partidas necesarias para la elaboración del denominado Plan Especial de Infraestructuras (PEI), el documento técnico que debe definir los costes y las soluciones técnicas necesarias para resolver la falta de servicios básicos municipales en el barrio.
La asociación “El Dique” realizó alegaciones a los presupuestos tras comprobar que no incluían partidas para la redacción del PEI, sin licitar en 2016 y desierto en 2017. El equipo de Gobierno municipal las desestimó indicando que la licitación del pasado año 2017 quedó “desierta” y se comprometió a realizar modificaciones presupuestarias a fin de incluirla a lo largo de este año pero sin concretar el momento en que lo haría. “El proyecto del PEI, que ya contaba con partida en el presupuesto de 2017, salió a concurso en noviembre y quedó finalmente desierto”, explica la concejala de Hacienda, Pilar Mustieles. “El presupuesto para 2018 ya estaba cerrado; por lo tanto, ya que contamos con los mecanismos necesarios para modificar los presupuestos y poder afrontar un gasto, no es preciso admitir dichas alegaciones”, añade.
“Nos sentimos desamparados”
Unas explicaciones que a la asociación le suenan a excusas. “No vemos voluntad política por ningún lado y los vecinos nos sentimos desamparados. Veremos qué ocurre este año, pero la experiencia previa nos hace dudar de que sea verdad que se realizará una modificación presupuestaria”, afirma la presidenta de la asociación, Pilar Rodríguez.
Hasta la fecha, los propios vecinos han costeado la construcción y el mantenimiento de toda la red de suministro y distribución que garantiza el agua de boca a este barrio, también denominado Pescadores y que se ubica junto al pantano de Mequinenza, en la zona conocida como Mar de Aragón, a 2 kilómetros de Caspe. Asimismo, con fondos propios han construido fosas sépticas para las aguas fecales que periódicamente recogen empresas especializadas y cuyo coste también pagan.
El Dique, con más de cincuenta de años de antigüedad, está declarado suelo urbano consolidado según recoge el Plan General de Ordenación Urbana de Caspe aprobado el 27 de febrero de 2015. El consistorio aprobó un año después la licitación del citado PEI y existen informes municipales que contemplan la posterior ejecución de las infraestructuras necesarias. Pero nada de esto ha sido llevado a cabo hasta la fecha. El coste de las conexiones generales a la red de abastecimiento y saneamiento municipal estaba contemplado por estudios técnicos preliminares y por valor de alrededor de un millón de euros. Una cantidad que debería asumir el Ayuntamiento al tratarse de conexiones a la red general. No obstante, los vecinos se comprometieron en su día a aportar un porcentaje de esta cantidad, una propuesta que fue denegada por el equipo de gobierno municipal.
Los costes de la actualización de la urbanización interior no están definidos todavía y, en este sentido, el colectivo vecinal ha propuesto que dichas obras se ejecuten por fases, lo que permitiría financiarlas, parcialmente, con cargo a subvenciones de otras administraciones de manera que no resultasen tan gravosas para las arcas municipales y los vecinos.
Un millón de euros en diez años
Desde la asociación de propietarios “El Dique” recuerdan que anualmente se pagan unos 70.000 euros en concepto de IBI al Ayuntamiento de Caspe y otros 50.000 euros que recauda el Instituto Aragonés del Agua por el ICA a pesar de no depurar sus aguas. Aproximadamente, un millón de euros en los últimos diez años.
“El Ayuntamiento ni siquiera se encarga de otros servicios municipales básicos y obligatorios como alumbrado público, pavimentación y conservación de las vías públicas, limpieza viaria y accesos al núcleo de población, servicios de recogida de basuras… que se prestan y sufragan por parte de la asociación”, recuerdan.
“Únicamente queremos que se ejecuten las obras precisas e imprescindibles para la conexión a las redes municipales”, señalan. Y recalcan que están dispuestos a “pagar la parte que legalmente nos corresponda de las obras complementarias de urbanización mediante contribuciones especiales o como se determine, pero consideramos que es el Ayuntamiento el que debe tomar la iniciativa, y la asociación y los vecinos colaborar para avanzar en la solución del problema”.