Un macroproyecto para mejorar las condiciones de dos comunidades de regantes de la provincia de Huesca se ha enquistado y levantado las protestas de dos de los pueblos que, en teoría, deberían verse beneficiados. Salillas y Huerto, que suman unos 300 habitantes, se niegan a que parte de sus terrenos sean expropiados y anegados para llevarlo a cabo. No quieren que su futuro se vea condicionado por esta obra y han llevado a los tribunales una cuestión que también les ha sacado a las calles y carreteras para protestar por lo que consideran un perjuicio en beneficio de otros.
En febrero de 2023, el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación selló un convenio con las comunidades de regantes X y XI del Canal del Flumen, que suman más de 6.500 hectáreas, para la modernización de sus regadíos. Ambas forman parte de un ente mayor, Riegos del Alto Aragón. La primera aglutina a las localidades oscenses de Lalueza, Huerto, Capdesaso y Sariñena. La segunda, además de a estas, también involucra a Albalatillo. Se utilizarán para ello fondos del Plan de Recuperación, Tranformación y Resiliencia impulsado por el Gobierno central: 49,14 millones de euros.
De esta cantidad, 40,18 millones se van a invertir en el macroproyecto de mejora para el aprovechamiento del agua y el ahorro de energía, con la modernización y la captación de agua a mayor cota para evitar bombeos como objetivo principal. Salillas y Huerto piden que el adecentamiento de este sector sea “el mismo para todos”. El Ministerio sostiene que estos trabajos beneficiarán a 457 regantes que cultivan 6.731 hectáreas en Salillas y Huerto, entre otras poblaciones de la provincia de Huesca.
Los vecinos de estas dos localidades llevan la contraria a Agricultura y sostienen que estas actuaciones no benefician a sus regantes, solo a los del Sector XI; suponen un proyecto “sumamente perjudicial y patrimonialmente irreparable”, como señalan con su alcalde, José Ramón Santolaria, al frente. Las expropiaciones de tierras necesarias parque este salga adelante provocarán “la desaparición de nuestros regadíos”, lamenta el edil, y para levantar la voz se han realizado varias concentraciones durante el último año y medio. En la última de ellas cortaron para ello un tramo de la carretera A-131.
Denuncian la posible inundación con dos balsas de unas 30 hectáreas de cultivo. Una de estas balsas, a tan solo 125 metros del núcleo urbano. Se prevé la construcción de 12 kilómetros de una doble tubería de 1,6 metros de diámetro. Todo ello, “para que se aproveche fuera de nuestros pueblos”. En Salillas, sus vecinos se han aglutinado en una plataforma encabezada por Jesús Viñuales y están convencidos de que el proyecto “acarreará la eliminación de nuestros regadíos, que tanto esfuerzo personal y económico nos han conllevado, y de nuestro futuro. Todo ese trabajo se eliminará de un plumazo. Se ha decidido de manera unilateral por parte del Ministerio y sus responsables”.
Las actuaciones de este proyecto de modernización, según el Ministerio, consisten en la sustitución del actual sistema por riego presurizado en el Sector X y la instalación de tuberías para el suministro de agua con presión natural para ambos sectores. Las nuevas infraestructuras permitirán, “un importante ahorro de agua y fertilizantes, gracias a una gestión más eficiente, a la que contribuirá el telecontrol y, por otra, de energía, al dejar de ser necesarios sistemas de presión del riego, particularmente mediante motobombas de gasoil”. Se espera así “reducir los costes energéticos soportados hasta ahora por los regantes y, a la vez, las emisiones de gases de efecto invernadero”.
El abogado Albert Calduch, del despacho Calduch Abogados de Reus (Tarragona) y especializado en derecho medioambiental, se encarga de representar a Salillas y se ha presentado un recurso por la vía contenciosa en la Audiencia Nacional con el objeto de detener el avance del proyecto, levantado de manera “unilateral” y con el afán “único de captar fondos europeos”.
La junta de gobierno de las comunidades de regantes de los sectores X y XI del Canal del Flumen replica que la ocupación de las dos balsas sería de aproximadamente 27 hectáreas. Destaca que a los vecinos más afectados y que no quisieran vender sus parcelas se les ofreció hasta el doble de superficie que cultivan en la actualidad; hasta 40.000 euros por hectárea en parcelas amuebladas y hasta 35.000 en tierras sin amueblar. Algunos de los vecinos han aceptado vender, pero el sentir general de Salillas y Huerto es de “indefensión y ganas de alzar la voz cuando solo se han recibido ”silencios, evasivas y mentiras“, lamenta el colectivo liderado por Viñuales.
Mientras, desde Riegos del Alto Aragón se adopta una postura “conciliadora” y de “respeto por las competencias de las comunidades ordinarias” con el ánimo de que se alcance “un entendimiento sin perjuicio para ninguna de las partes”.