El estado de alarma coloca de nuevo a los menores extranjeros no acompañados en una eterna sala de espera

El estado del alarma decretado por la pandemia de la COVID-19 ha modificado también la vida de los jóvenes extranjeros no acompañados bajo tutela del Gobierno de Aragón; despertando expectativas para trabajar en el campo que hasta la fecha no han resultado y suspendiendo los trámites administrativos necesarios para regularizar su situación. Las entidades que trabajan con ellos afirman que están cumpliendo las medidas de confinamiento desde la responsabilidad y solidaridad.

En Aragón hay actualmente unos 260 menores extranjeros no acompañados. La mayoría son hombres y de origen marroquí que llegaron durante el otoño e invierno de 2018. Aragón fue una de las Comunidades Autónomas que, en el periodo de desbordamiento, siguió abriendo plazas y aportando recursos, aunque el número de niños y adolescentes tutelados está muy lejos de las cifras de Andalucía, Cataluña y el País Vasco.

Chabier Gimeno es sociólogo y trabajador social, lleva años investigando y trabajando con menores extranjeros no acompañados. Destaca que, tras meses de ataques de la extrema de derecha y desinformación, “por fin estamos empezando a oír en los medios de comunicación noticias positivas sobre estos chavales que han sido injustamente demonizados por muchas personas”. “Han sido tratados como niños peligrosos, cuando la realidad es que son niños en peligro”, declara.

Su buen comportamiento durante el confinamiento por la pandemia de la COVID-19, su disposición para la fabricación de mascarillas o el envío de cartas a personas mayores que viven en residencias con mensajes de ánimo son algunos ejemplos que relatan las distintas organizaciones que gestionan los centros y pisos tutelados. “Los chicos están viviendo el confinamiento con conciencia, tranquilidad y asumiendo sus obligaciones”, explica Julia Ortega, responsable territorial en Aragón de Accem.

Desde la Fundación para la Atención Integral al Menor (FAIM), que gestiona seis centros de protección de menores en Zaragoza, Teruel y Logroño, su gerente, Pedro Coduras, coincide con la valoración de Accem: “Están aguantando muy bien la cuarentena, pese a que todos los trámites administrativos están paralizados y los que están estudiando van a perder las prácticas, algo que estaban esperando. Desgraciadamente esta situación los coloca una vez más en una eterna sala de espera”.

Coduras destaca la importancia que han tenido las familias de origen durante el confinamiento. “Ellos también estaban al principio preocupados de que sus hijos estuvieran en el epicentro de la pandemia. Les han dicho que se cuidaran y que acataran las normas. Nuestros equipos educativos han establecido sobre todo con las madres de los chicos alianzas para reforzar su trabajo. El duro confinamiento que se impuso en Marruecos ayudó también a que ellos lo entendieran”, añade.

Una oportunidad perdida para una regulación amplia

El cierre de fronteras tras la declaración del estado alarma cayó para el sector agrícola como la peor de las tormentas. Decenas de miles de trabajadores no podrían trasladarse desde sus hogares para recoger las cosechas. A principios de abril, el Gobierno anunció un decreto ley para permitir contratar a extranjeros con permiso de residencia -pero sin permiso de trabajo- durante la campaña de recolección de la fruta. Distintas organizaciones sociales, entre las que se encuentra Unicef, Save the Children y la Comisión de Ayuda al Refugiado (CEAR), solicitaron que esta medida se hiciera extensible a los jóvenes migrantes no acompañados en situación irregular, ya que muchos de ellos, al cumplir los 18 años, se quedan totalmente desprotegidos.

“Cuando se abrió la posibilidad de las regularizaciones temporales pensamos que muchos de estos chavales no podían perder una primera oportunidad laboral, aunque no había chicos suficientes para dar abasto a todo el trabajo que hacía falta en el campo. A continuación, nos planteamos si merecía la pena que por un mes o dos de contrato abandonaran sus proyectos migratorios y profesionales. Finalmente decidimos hacer valoraciones individuales de cada caso”, indica Ortega.

Desde Accem, que gestiona un centro donde viven 14 adolescentes de hasta 17 años y participa en el proyecto 17+ con un total de 37 plazas repartidas entre la provincia y capital de Zaragoza para jóvenes con un elevado nivel de autonomía que están cerca de los 18 años, llegaron finalmente a esta conclusión: “La mayoría quería trabajar. Pero la realidad fue que solo algunos podían acceder, porque muchos no tienen permiso de residencia ni cédula de identificación. Luego nos encontramos con el problema del transporte. Ninguno está trabajado hasta la fecha”.

Esta es la situación en la que se encuentran la totalidad de los menores extranjeros no acompañados tutelados por el Gobierno de Aragón, región, en la que, según informan desde la consejería de Ciudadanía y Derechos Sociales, no hay ni un solo caso de regulararizaciones para el trabajo en el campo de jóvenes extranjeros no acompañados.

Para Gimeno, “la realidad es que estos chicos no han venido a recoger fruta. Harán lo que haga falta para conseguir los papeles pero también tendrán que lidiar con sus expectativas que son mucho más altas que la de los adultos. Son chavales que se han jugado la vida para llegar hasta aquí y su regularización para el trabajo en el campo es sólo abrir una ventana temporal. Es cruel. Esta hubiera sido una oportunidad para una regulación amplia”.