El Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) en Aragón ha denegado casi la mitad de las peticiones presentadas para obtener el Ingreso Mínimo Vital (IMV). Se han validado 24.899 expedientes de los que 20.077 han sido tramitados, habiendo resuelto un 80%. De ellos, hasta un 48,8% (12.175) han sido rechazados, la mayoría por no cumplir los requisitos de renta o patrimonio, y 3.395 se encuentran en subsanación por falta de documentación. Por su parte, se ha reconocido la prestación a 4.550 hogares aragoneses, llegando este mes de diciembre a 12.965 personas, de las cuales 6.124 son menores de edad.
Desgranado por provincias, 1.767 personas se han visto beneficiadas en Huesca (820 menores), 1.261 en Teruel (574 menores) y 9.937 en Zaragoza (4.718 menores). Los beneficiarios recibirán en los próximos días el importe del pago correspondiente a la última nómina de diciembre. El aluvión de solicitudes ha hecho que los trámites se hayan alargado más de lo esperado. Y más cuando el Real Decreto del IMV computa las rentas de 2019 y no las de 2020. Una modificación que no puede esperar, y desde el Colegio Profesional de Trabajo Social de Aragón lo llevan reclamando desde el inicio de la prestación.
“Las situaciones que se han generado a raíz de la crisis por la covid son ahora, no del año pasado. Una persona puede haber estado más o menos con empleo y buena situación económica en 2019, pero en 2020 haber caído, de hecho así ha sido. Nos estamos encontramos familias y personas que no tienen demasiado colchón y se han visto superadas por la crisis; trabajan en hostelerías y comercios de proximidad. Llevamos muchos meses ya. Se comentó que se iba a modificar pero todavía no se ha cambiado”, explica la presidenta, Cristina Sola.
Pasarela en bloque
Entre los receptores del IMV este mes de diciembre de 2020 se encuentran unas 500 personas que perciben el Ingreso Aragonés de Inserción (IAI), a los que se les adjudica por tener rentas mínimas. Han sido reconocidos a través de una prueba piloto en la comunidad aragonesa, una pasarela desarrollada para el intercambio de datos entre administraciones. El objetivo es identificar a los que cumplen los requisitos del Ingreso Mínimo Vital y permitirles el reconocimiento sin realizar una solicitud de la prestación. Desde el Ministerio lo consideran un “éxito” aunque Sola no opina lo mismo.
“El esfuerzo ha sido importante y aplaudimos la idea porque las personas que cobran el IAI son personas susceptibles y lo están pasando mal, pero no es suficiente. Si hay más de 8.000 personas apuntadas, haber pasado automáticamente 500 no es un buen dato. Seguramente porque la aplicación informática no está adaptada a perfiles de personas que necesiten el IMV. No son compatibles. Como mucho es un comienzo”, manifiesta la presidenta del Colegio Profesional de Trabajo Social de Aragón.
Modificaciones en el aire
Sin embargo, están en el aire nuevas mejoras y procesos para agilizar los trámites convenientes en relación a la concesión del Ingreso Mínimo Vital. Se van a introducir algunas como la acreditación de la unidad de convivencia para las personas que comparten piso y para las personas sin hogar. También está prevista una próxima modificación normativa para que la acreditación de la unidad de convivencia se pueda realizar mediante un certificado de los Servicios Sociales. Todas ellas se irán incorporando lo más rápido posible. Apunta Cristina Sola que “hay cosas que no pueden esperar y deberían materializarse ya”.
“El IMV es para cubrir necesidades básicas, comer no puede esperar 8 meses. Sabemos que hay buena voluntad pero pensamos que se debe hacer más regular y tener siempre presente que esta renta es muy necesitada y es la base para que la gente coma y cubra necesidades tan básicas como eso. La urgencia debería ser un factor importantísimo porque con esto también va relacionada la vida de estas familias”, concluye Sola. El Ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, señaló la semana pasada en el Congreso que el Ingreso Mínimo Vital está “en continua evaluación”.
Fruto de los primeros análisis ya se hicieron algunos ajustes normativos en septiembre. Además de las mejoras ya mencionadas, desde el ministerio trabajan en el mismo sentido “con las organizaciones del Tercer Sector”. Al margen de estas modificaciones, Escrivá se comprometió a realizar una evaluación completa del alcance de la prestación durante estos meses y a estudiar lo necesario “para llegar a los 850.000 hogares en situación de vulnerabilidad antes del desarrollo de la norma”. De momento han accedido casi 160.000 hogares.