Más 2.000 personas, según fuentes de la organización, han participado este domingo en la manifestación de apoyo a los '8 de Yesa' que ha recorrido Zaragoza. La marcha, que ha arrancado a las puertas de la Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE) y ha concluido en la Delegación del Gobierno, ha servido para solicitar una vez más la absolución para las ocho personas que a partir de mañana serán juzgados en la Audiencia Provincial de Zaragoza por su participación en una protesta en Artieda el 10 de octubre de 2012 .
A los conocidos como '8 de Yesa' se les imputan delitos de atentado contra la autoridad y lesiones. Entre todos, se enfrentan a la petición de 32 años de cárcel (seis años y seis meses para el que afrontaría la pena más alta) y 22.020 euros de multa.
Según los acusados, la protesta a la entrada del pueblo de Artieda (Zaragoza) fue pacífica. Su objetivo era impedir que los técnicos de la CHE accedieran a la localidad para hacer oficial la expropiación de 62 hectáreas de terrenos para continuar el proyecto de recrecimiento del pantano de Yesa. Mientras que los participantes en aquella acción aseguran que fueron víctimas de “una carga policial”, en palabras de uno de ellos, Arriel Domínguez, la Delegación del Gobierno sostiene que lo único que hizo la Guardia Civil fue garantizar “que los funcionarios de la Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE) cumplieran su cometido”.
Otro de los que se sentarán mañana en el banquillo es Jorge Luis Bail. El que ha sido diputado por Podemos Alto Aragón en Común en la recién cerrada legislatura ha señalado que él y sus compañeros se han sentido “muy arropados” por los distintos colectivos, instituciones y ciudadanos que se han sumado a la manifestación. Sobre el proceso judicial, Bail ha comentado que espera que “las pruebas que presentamos sean admitidas y el juicio se celebre con todas las garantías para que quede claro que la manifestación fue pacífica y no hubo ninguna provocación”.
Jorge Luis Bail, que antes de la disolución de las Cortes ya renunció al aforamiento que le correspondía como diputado, ha remarcado que “esto no solo nos atañe a 'los 8 de Yesa', es un ataque a toda la sociedad y a la libertad de expresión, y por tanto la respuesta tiene que ser de toda la sociedad”.