Cargos públicos y colectivos ciudadanos de todo el Estado español participaron el pasado fin de semana en Zaragoza en un encuentro institucional para unificar una estrategia conjunta sobre las inmatriculaciones de la Iglesia y buscar, explican desde la Coordinadora Recuperando, “los mecanismos jurídicos y legislativos para recuperar el patrimonio público indebidamente inscrito por la jerarquía católica”.
La reunión congregó a casi 50 representantes públicos de cerca de 30 municipios de Navarra, Andalucía, Aragón, Asturias, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Madrid, Baleares, Valencia, Murcia, Cataluña y País Vasco, que han acordado organizarse en red, en lo que constituye, afirman, “la primera acción de esta naturaleza desde que el debate de las inmatriculaciones irrumpió hace ya una década en la opinión pública”.
La reunión fue inaugurada por el alcalde de Zaragoza, Pedro Santisteve, quien dio la bienvenida a los cargos públicos en el Centro de Historias de la capital aragonesa. Recordó las iniciativas jurídicas y municipales puestas en marcha por el Ayuntamiento que preside en defensa de la recuperación de monumentos históricos inmatriculados por la Iglesia, como han sido el caso de La Seo, la iglesia de la Magdalena o San Juan de los Panetes, propiedad este último del Estado español.
Santisteve subrayó el trabajo de la Coordinadora Recuperando, que agrupa a más de 20 colectivos ciudadanos, como entidad impulsora del movimiento contra las inmatriculaciones a nivel estatal. “Apelamos a los gobiernos autonómicos y al Ejecutivo central para que actúen frente a la apropiación de monumentos históricos. Hablamos de bienes de dominio público y, por tanto, de la ciudadanía”, aseguró.
Los cargos públicos se coordinarán para intercambiar información y articular iniciativas municipales en un momento, dicen, que es “crucial”, ya que “el Gobierno ha asumido la polémica de las inmatriculaciones como cuestión de Estado y está a punto de hacer público el listado de bienes inscritos irregularmente por la jerarquía católica al amparo del inconstitucional artículo 206 de la Ley Hipotecaria, hoy ya derogado”.
Recuerdan, por añadidura, que “la propia Conferencia Episcopal reconoce la inmatriculación de más de 40.000 bienes desde la reforma de Aznar de 1998, entre ellos la Mezquita de Córdoba y la Giralda, así como miles de monumentos históricos, plazas públicas, huertos, casas, ermitas, cementerios y hasta frontones”.
No aceptarán “un pacto en la sombra con la Iglesia”
Paralelamente, la Coordinadora Recuperando ha celebrado su III Asamblea General para hacer un balance de actuación de 2018 y trazar sus objetivos estratégicos para 2019. Nuevos colectivos se han agregado a la organización estatal, como por ejemplo la Unión de Pagesos catalana, SOS Monuments y Apudepa.
Recuperando exige al Gobierno como primera medida la publicación del listado completo de inmatriculaciones y anuncia que no aceptará un “pacto en la sombra con la Iglesia para escamotear toda la información disponible o negociar una solución en falso del problema”.
Por lo tanto, propone “la cancelación de todas las inscripciones a través de una orden gubernamental a la Dirección General de Registros y Notariado al entender que son nulas de pleno derecho. También sugiere la necesidad de afrontar una reforma de las disposiciones legales de protección del patrimonio histórico para reforzar la naturaleza de dominio público para aquellos monumentos de especial relevancia artística”.