Los sindicatos UGT, CCOO y CGT han alertado a través de un comunicado de “la falta y necesidad de equipos profesionales estables en los centros de protección y reforma” y han reivindicado un convenio autonómico del sector de la reforma juvenil y la protección de menores. Las centrales sindicales señalan que hace ya cinco años la plataforma por el convenio autonómico avisó de “la precaria situación laboral” en el sector, con condiciones de trabajo cuya consecuencia es “la fuga de profesionales a otras comunidades autónomas u otros sectores laborales, convirtiendo de forma progresiva un oficio que requiere de una alta cualificación y experiencia en un trabajo con un elevado intrusismo laboral”.
Además, manifiestan que “se ha intentado invisibilizar la profesión con el único objetivo de abaratar los costes económicos, consiguiendo que el sector de reforma y protección de menores perciba los salarios más bajos del ámbito social, además de haber sufrido una pérdida económica del 50% del salario desde el 2003, año en que se iniciaron las externalizaciones de este servicio público”. “Hace 20 años, trabajar en un centro de protección o reforma de menores era para una educadora social uno de los últimos escalones de su carrera profesional”, continúan los sindicatos. “Éramos conscientes de la dificultad, responsabilidad y dureza de las funciones a desempeñar y de la necesidad de adquirir previamente experiencia y rodaje, comenzando por otros empleos más sencillos en los que ir adquiriendo las herramientas y habilidades necesarias”, añaden.
En la actualidad, indican, “resulta difícil encontrar profesionales cualificados y con la experiencia suficiente, dispuestos a desempeñar un oficio que implica un alto desgaste emocional, en el que a menudo sufrimos agresiones físicas y verbales, en el que las educadoras frecuentemente nos encontramos abandonadas y desprotegidas, en el que aquellos y aquellas que deben darnos respuestas y soluciones, hacen oídos sordos y miran hacia otro lado como forma de proceder habitual”. Se trata de “un trabajo que exige una alta implicación, con jornadas de mañana, tarde y noche, domingos, festivos, Nochebuena y Navidad, a cambio de un salario que no alcanza para pagar un alquiler y mucho menos para mantener a una familia”.
Los sindicatos rechazan la externalización de los centros de reforma y protección de menores, lamentando que “todos, administración, empresas y sociedad olvidaron que estos centros debían tener los medios adecuados para trabajar, unos profesionales reconocidos y condiciones laborales y salarios justos”.
“Hoy, tras el escándalo de Ateca, el cual corresponderá a los jueces esclarecer, ha quedado evidenciada la falta y necesidad de equipos profesionales y estables en los centros de protección y reforma”, aseveran. “El tiempo nos ha dado la razón y lejos de entonar el 'mea culpa' y asumir responsabilidades, se expedienta a funcionarios, se mira con lupa y registra a los educadores y se exigen responsabilidades a los de abajo”, enfatizan.
“Nadie quiere asumir el error pudiendo ser otro con menos poder el que pague los platos rotos y nadie habla de poner solución a lo obvio. Si quieres que te opere un cirujano, tendrás que pagarle a precio de cirujano. Si le pagas a precio de curandero, tendrás un curandero, dado que el juramento hipocrático también tiene un límite cuando el sueldo no alcanza para mantener a la familia”, ejemplifican.