Stop Desahucios critica que la nueva ley de Vivienda de Aragón reduzca el plazo para vender VPO

Las entidades implicadas en el sector de la vivienda han expresado sus posturas respecto al proyecto de ley de Vivienda en las Cortes de Aragón. Han intervenido nueve representantes, entre expertos del sector inmobiliario y entidades defensoras del derecho a la vivienda, el tercer sector, asociaciones vecinales y colectivos especializados en el desarrollo sostenible de comunidades rurales y la economía social. Desde Stop Desahucios han puesto el foco en la especulación de las viviendas VPO, que “reproduce un modelo fallido, que ha demostrado su incapacidad para dar respuesta a las necesidades sociales y, lejos de garantizar el derecho a un hogar digno, lo reduce a una mera mercancía, a un bien de mercado más”, ha dicho Concha Cano, portavoz de esta entidad.

Cano ha expresado que reducir de 30 a 20 años el plazo para que una vivienda VPO “se convierta en un objeto de especulación” y ha considerado que “la VPO no debería liberalizarse nunca porque, de lo contrario, se convierte en otra forma de hacer caja con los recursos públicos y deja de cumplir la función social, pasando a formar parte del circuito especulativo del mercado”.

Cano ha puesto el foco en la población especialmente vulnerable, ya que considera que esta ley se olvida de ellos. La Ley establece que para el acceso a la vivienda pública el esfuerzo de las familias no debe superar el 30% de sus ingresos, pero, “se limita el acceso a las familias cuyos ingresos estén entre 1.200 y 3.300 euros mensuales. ¿Qué ocurre con las familias que no alcanzan esos niveles de ingresos?”.

Se ha referido también a la construcción de vivienda como solución, destacando que en Aragón “hay 129.000 viviendas desocupadas. El problema no es solo la tala de pisos”. Ha remarcado también la problemática creciente de los pisos de uso turístico“ y ha concluido su intervención asegurando que esta ley ”no responde a las necesidades reales de la población aragonesa“.

Dificultad de acceso a la vivienda

El presidente de la Federación Asociación de Barrios de Zaragoza (FABZ), Arturo Sancho, ha trasladado su preocupación sobre la creciente dificultad de acceso a la vivienda. “Este problema se ha convertido en uno de los más críticos, debido al aumento desmesurado de los precios, tanto de alquiler como de compra, lo que ha roto el contrato social entre generaciones en relación con el acceso a una vivienda”, ha dicho.

Respecto al proyecto de ley, ha manifestado que el desafío “radica en el acceso, ya que los precios del mercado son inaccesibles para muchas personas” y, por ello, ha solicitado que “la intervención en el mercado de la vivienda a través de la regulación y el impulso de la vivienda protegida”.

Durante su comparecencia, el secretario técnico del Colegio de Ingenieros Industriales de Aragón y La Rioja, Francisco José Serrano, ha hecho hincapié en que la modernización y la liberalización del sector “son urgentes para permitir la entrada de otros profesionales al mercado de la vivienda y, así, actualizar el marco normativo de Aragón”.

Por otro lado, ha recalcado que la construcción de vivienda “ya no responde a los esquemas tradicionales y que es posible abaratar costes mediante procesos industrializados y robotizados”. Por último, ha señalado que “es la oportunidad que supone legislar a nivel autonómico, evitando los errores cometidos en el ámbito estatal”.

La experta en arquitectura rural Paz Martín ha señalado que se están alquilando “con éxito” muchas viviendas de titularidad municipal de antiguos farmacéuticos, lo que “tiene músculo sobre todo para trabajadores temporales o jóvenes”.

En el medio rural “también hay demanda de vivienda por parte de personas mayores”, ya que en el territorio vive mucha gente mayor “con muchos problemas de accesibilidad y de habitabilidad que si pudiesen se trasladarían a una vivienda en condiciones”. “Lo bueno que tiene el medio rural es que la vivienda ya está construida en muchos casos”.

Una de las propuestas barajadas para este ámbito es la creación de una empresa pública de vivienda “que ayudase a muchos municipios pequeños a la vez”, y como paso previo “hacer un ruinastro, una catalogación e inventariado”.

Mecanismos de control

El presidente del Colegio Oficial de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria de Aragón, Fernando Baena, ha alertado de “la situación de desprotección e inseguridad en la que se encuentran los consumidores y la población” por “la desregulación total de la actividad de intermediación inmobiliaria desde el año 2000”.

Ha recalcado que “la compra de vivienda es la operación más importante, económicamente, que seguramente hacemos a lo largo de nuestra vida” y que “una familia difícilmente compra más de una o dos viviendas a lo largo de su vida”.

Aunque en países de tradición liberal consolidada como Estados Unidos, Francia o Italia hay “diferentes mecanismos de control y responsabilidad” en la intervención en el mercado inmobiliario, en el conjunto de España y en Aragón “no se exige absolutamente nada para mediar”.

“En el colectivo abogamos por el libre mercado y porque el acceso a esta profesión debe ser libre para todo aquel que quiera dedicarse a ella”, ha expresado Baena, indicando que “los usuarios no están protegidos de las malas actuaciones y las malas praxis, además de encontrarse una falta total de información y transparencia, que conlleva una inseguridad y una indefensión, sobre todo para aquellas personas especialmente vulnerables”.

Ha propuesto crear un registro obligatorio de mediadores en el mercado de la vivienda y que se exija a estos profesionales unos “requisitos mínimos” para garantizar la seguridad jurídica y la defensa de los consumidores y usuarios, con una formación obligatoria y sanciones para las personas que no cumplan los requisitos.

“No demonicemos a los arrendadores”, ha reclamado Baena, subrayando que los fondos buitre y los grandes tenedores son un asunto “residual” en Aragón: “En nuestra comunidad la mayoría de los propietarios que arriendan la vivienda son personas que complementan una pensión, personas que han hecho una inversión en una vivienda, como han podido hacerla en cualquier activo monetario, fondo de inversión, depósitos, y que simplemente complementan esa pensión, complementan ese sueldo, pagan una hipoteca con ese arrendamiento”.

El presidente de la Red Aragonesa de Desarrollo Rural, José Manuel Penella ha propuesto que todas las leyes incluyan un informe de impacto en el medio rural, herramienta conocida como “rural proofing”, indicando que la vivienda “es un tema acuciante que preocupa a la población” también en el territorio, donde “encontrar una vivienda digna es casi imposible”.

“Necesitamos viviendas, sobre todo los trabajadores”, ha continuado Penella, quien ha recomendado confeccionar un programa de rehabilitación de vivienda en el medio rural, especialmente en los cascos históricos, que sufren “procesos de degradación de diferentes magnitudes”.

También ha recomendado que los Ayuntamientos puedan investigar la propiedad para conocer quién es el titular, así como crear ayudas al alquiler en el medio rural con ayudas del Gobierno de Aragón.

La coordinadora de la Red de Economía Solidaria de Aragón (REAS), Anabel García, ha defendido la vivienda cooperativa en cesión de uso o vivienda colaborativa, que “no es un experimento ni una utopía”, sino “un modelo consolidado en otros países europeos y en todo el mundo”. La Constitución española de 1978 recoge el derecho a una vivienda digna y adecuada en el artículo 47, que también establece la obligación de impedir la especulación, ha continuado García, recalcando que “hay una mayoría social, especialmente los jóvenes, que no puede acceder ni a la compra ni al alquiler en condiciones dignas” y que “el sistema actual no da respuesta”.

Desde la Plataforma del Tercer Sector de Aragón, Daniel Gimeno ha cerrado la sesión solicitando que “se contemple la creación de puestos de trabajo en la planificación de las políticas de vivienda, debido a que muchos de los empleos actuales no garantizan ingresos acordes al coste de vida”.

En este marco, ha defendido “el alquiler social como una herramienta clave para atender a personas que, sin encontrarse en situación de emergencia, tampoco cumplen los requisitos para acceder a una vivienda protegida en Aragón, como ocurre en el caso de muchas unidades familiares como las monoparentales”.