El supervisor del centro de menores de Ateca, imputado por supuesta omisión de socorro ante las torturas denunciadas
La jueza titular del Juzgado de Instrucción número 2 de Calatayud (Zaragoza), Aída Ramírez, ha imputado por un presunto delito de omisión de socorro a Miguel Ángel V.P., supervisor del centro de menores de Ateca en el momento en se denunciaron torturas por parte de varios jóvenes. Ha quedado en libertad provisional y sin fianza.
La Guardia Civil detuvo el lunes a Miguel Ángel V.P. en la localidad madrileña de Móstoles y lo trasladó a Calatayud para que prestara declaración ante la instructora. Como supervisor, el ahor investigado formó parte del equipo de dirección del centro desde junio de 2017 hasta junio de 2024, según ha informado el Tribunal Superior de Justicia de Aragón (TSJA) en una nota de prensa.
La jueza le ha prohibido salir del territorio nacional, le ha obligado a “comparecer en el juzgado todos los lunes de cada semana, así como cuantas otras veces fuere llamado”, y también a que fije un domicilio y notifique cualquier cambio del mismo mientras el proceso judicial siga abierto.
La titular del juzgado bilbilitano ha advertido al investigado en su auto que, si incumple las medidas cautelares acordadas su situación personal, podría ser objeto de revisión con medidas que impliquen una mayor limitación de su libertad y que, además, podría incurrir en un delito de quebrantamiento de medida cautelar.
La instructora entiende -como señala en el auto que ha dictado al término de la declaración del detenido- “que existen indicios racionales y suficientes de criminalidad para imputarle la posible comisión de un delito de omisión del deber de socorro, lesiones, torturas, contra la integridad moral y agresión sexual a menores de edad, estos últimos en calidad de cooperador necesario”. Se trata de unos indicios que, ha añadido la juez, “deben ser objeto de investigación a lo largo de la instrucción”.
Lo que no aprecia en el investigado es riesgo de fuga, ni la posibilidad de actuar contra bienes jurídicos de las víctimas “ya que está jubilado y no trabaja con menores”. Tampoco aprecia un “riesgo de destrucción de fuentes de prueba”. Además, el Ministerio Fiscal no ha solicitado la prisión provisional.
La investigación judicial por delitos cometidos contra menores en el CAM de Ateca dio comienzo tras la denuncias presentada por dos menores residentes del centro, de 16 y 17 años de edad. En la actualidad el número de denuncias presentadas por menores del centro por estos hechos es de 19, presentadas ante la Guardia Civil y que ahora están siendo objeto de investigación en el juzgado.
El centro de Ateca es una residencia concertada por el Gobierno de Aragón que ofrece un programa especializado de apoyo intensivo a menores, preferentemente hasta los 17 años, que presentan conductas disruptivas recurrentes y con nulo o escaso apoyo familiar.
0